Madrid, ¿paraíso o infierno fiscal?
Las rebajas impositivas reducen la recaudación, lo que perjudica a sus vecinos de menor renta, los que más usan los servicios públicos
¿Es Madrid un paraíso fiscal? Ante tanta confusión, conviene aclarar. Paraíso fiscal es la jurisdicción fiscal agresiva, que practica una severa competencia tributaria desleal, o dumping fiscal: establece impuestos cero o ultrabajos, capaces de distorsionar decisiones de localización de sedes de empresa o domicilios de potentados, succionándolos.
Pero además de la tributación cero, la OCDE aplica desde hace años más requisitos para calificar así a un territorio: falta de transparencia, de información y ausencia de actividad sustancial de los residentes (Countering Offshore Tax Evasion, 2009). El paraíso lo es para superricos y multinacionales, pero es un infierno para contribuyentes, trabajadores y empresas normales (que aportan más y recibirán menos prestaciones públicas), y para todos los no residentes.
La Comunidad de Madrid (CAM) comparte con esos infiernos la bajísima tributación autonómica en los impuestos cedidos, que gravan la riqueza: cuota cero en patrimonio (exención del 100%); bonificación del 99% en sucesiones y donaciones; los tipos más bajos en Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; y también en el tramo autonómico del IRPF (21%, contra más del 25% de muchas comunidades).
Así que Madrid es un semiparaíso fiscal: pues cumple la principal condición, los leves impuestos de las figuras que controla. Como Irlanda con sociedades (del 12,5%), factor deslocalizador de sedes y operaciones (y en este caso, por vía triangular con Holanda, a los genuinos paraísos). Pero no las demás.
Esas rebajas fiscales acarrean un doble efecto: reducen la recaudación de la CAM (en 4.111 millones para 2017 según el IVIE valenciano, hasta 5.870 según la propia CAM), lo que perjudica a sus vecinos de menor renta, los que más usan los servicios públicos. Pérdida que se medio compensa por la ampliación del número de contribuyentes: otros 103.035 en el último decenio.
Esta viene de varios afluentes: la centralización de las grandes empresas de más de mil empleados (el 44,5% del total) y del 80% de los funcionarios de los servicios centrales, mejor remunerados, para una población que es el 14,2% del conjunto; la succión de talento y/o patrimonio de la España vaciada; la expulsión de sedes de empresas a cargo del procés secesionista catalán (3.588 desde el 1-O de 2017); y el efecto-refuerzo de las capitales políticas generado por el proceso de globalización mundial.
Casi todos son factores artificiales: deben corregirse.
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