Reformas y ruido

El pacto entre el Gobierno y ERC para los Presupuestos ha desatado una nueva polémica a costa de la reforma para armonizar los impuestos autonómicos. El Ejecutivo acordó con el partido catalán formar una mesa de diálogo sobre la materia, con el objetivo explícito de embridar la política fiscal de la Comunidad de Madrid, que los críticos consideran una competencia desleal. Es un episodio infeliz, ya que una reforma de esa naturaleza no debería abordarse en el ámbito de la negociación presupuestaria y mucho menos en una futura mesa entre el Gobierno y un partido. Esa maniobra política emponzoña un debate que, en cambio, sí tiene sentido. La intención de ordenar los tributos autonómicos cuenta con sólidos argumentos a favor. Hay un amplio consenso entre los expertos sobre la necesidad de armonizar los principales impuestos cedidos, como el de patrimonio o el de sucesiones y donaciones, en los que las diferencias entre territorios se han agrandado en los últimos años. Así lo aconsejan la veintena de especialistas que durante un año estuvo analizando la materia y lo apoyan incluso destacados políticos del PP.

El objetivo debe ser armonizar, no homogeneizar. Debe mantenerse un grado de autonomía y competencia, pero eso no impide que haya que velar por que se cumplan los principios de equidad y eficiencia tributaria, y en ese sentido establecer horquillas parece una opción racional. La fuerte competencia a la baja provoca desequilibrios. Si Madrid, por ejemplo, deja exento el impuesto de patrimonio se produce un movimiento de bases imponibles del resto de autonomías a la capital, por mero cálculo fiscal. Una carrera a la baja podría provocar la desaparición del impuesto —si su existencia tiene sentido o no es otra discusión—. También se produce un problema de equidad porque provoca que otras economías con menos capacidad recauden menos. Es un argumento similar al que esgrime España en foros internacionales cuando defiende que países como Irlanda o Luxemburgo deben elevar sus impuestos, pues ofrecen ventajas fiscales para atraer a las grandes multinacionales.

¿Significa eso que Madrid practica dumping fiscal —competencia desleal a la baja— como alegan sus críticos? La propia ministra de Hacienda, una de las primeras en utilizar ese término durante su época de consejera andaluza, reconoció en una entrevista a EL PAÍS que técnicamente no se puede sostener esa afirmación. Pero sí reprochó a la Comunidad beneficiarse del efecto capitalidad. Ese argumento, muy empleado, resulta dudoso. Es evidente que la capitalidad beneficia a la economía de esta comunidad, con la sede de las grandes empresas y el corazón del aparato del Estado, con más funcionarios y trabajadores de alta cualificación mejor retribuidos. Pero hay dudas de que la Administración autonómica disponga de muchos más recursos por ese empuje, porque el sistema de financiación autonómico es redistributivo. Los que sí tienen una situación ventajosa son los territorios forales de País Vasco y Navarra, que cuentan con un sistema propio, que en su aplicación resulta más favorable que la situación de Madrid, según coinciden todos los expertos. Ese sistema está recogido en la Constitución y es un asunto diferente de la reforma armonizadora en cuestión —y más complicado—. El objetivo de esta última es válido. Lo que convendría es reducir la vociferación para poder sentar las bases de una discusión racional.