Progreso digital

Una de las pocas consecuencias favorables que está teniendo el confinamiento pandémico es la extensión de la digitalización, el afianzamiento de su carácter multipropósito, transversal. Las posibilidades de comunicación, las asociadas al trabajo remoto y las de comercio electrónico son las que están registrando una mayor expansión. Aun cuando se atenúen las ahora obligadas limitaciones a la movilidad física y a la socialización, el amplio uso de esas tecnologías será difícilmente reversible. Han demostrado mejoras de bienestar, ahorros de costes de diversa naturaleza y ganancias de eficiencia para muchas empresas.

Es el caso del comercio electrónico, sus ventas representaron un 15% del total en 2019, y después del estallido de la pandemia han superado el 20%. La evidencia también señala que la extensión de ese tipo de comercio, al fomentar la competencia, contribuye al mantenimiento de los precios. Las ventajas para los consumidores también se extienden a aquellas pequeñas empresas que apuestan por ese canal de comercialización.

La innovación digital está permitiendo igualmente mejoras significativas en la medicina, la educación o el funcionamiento de las ciudades. Para que esas indudables ventajas de los avances digitales se manifiesten en toda su extensión es necesario eliminar algunas de sus implicaciones adversas. La asociada al elevado grado de concentración de la oferta de bienes y servicios de tecnologías es una de ellas, con los riesgos de abuso de posición dominante. Además, algunas de las grandes multinacionales estadounidenses mantienen estrategias de localización contable que les permiten eludir gran parte de sus obligaciones fiscales. Por otra parte, también inquieta la cuestión del uso de los datos personales, la explotación de la observación de los comportamientos de los consumidores. La invasión de los derechos individuales, de la intimidad, está propiciando una creciente atención de algunos gobiernos, entre ellos el español, que ha difundido recientemente la elaboración de una “carta de derechos digitales”, que merece ser objeto de consideración.

Junto a ello, las autoridades han de procurar que, en un país como el nuestro, sigan fortaleciéndose las infraestructuras digitales en las zonas rurales y, más aún, la alfabetización digital, especialmente de las personas que por razones de edad o de otra índole demuestran mayores dificultades de acceso a esas tecnologías. Esto es particularmente importante en los servicios financieros, dada la creciente desaparición de las oficinas bancarias tradicionales. No menor deberá ser la atención a la exclusión laboral, a la extensión del desempleo tecnológico, que la automatización actual y su interacción con la inteligencia artificial hará más difícil de compensar con la emergencia de nuevos puestos de trabajo.

Supervisar el juego limpio de las empresas, el respeto de los derechos individuales y la integración de la mayoría, debe ir de la mano con el fomento de la innovación digital y su extensión en la economía y la sociedad española. Más aún si se quieren aprovechar a fondo las posibilidades de inversión asociadas al fondo europeo Next Generation EU, cuyos recursos se asignarán en más de una tercera parte para fortalecer dotaciones digitales. Es imprescindible que se evalúen con rigor los proyectos a los que se destinarán: de ello depende en enorme medida la necesaria modernización de la economía española.