Ganar el futuro educativo para todos

En 1990, se estableció en España, como en el resto de los países occidentales, la educación obligatoria para todos hasta los 16 años. En la mayoría de los países occidentales se añadió en esa década el objetivo de que ningún alumno o alumna se quedara atrás. Por otra parte, a finales del siglo XX y a principios del actual, Unesco y OCDE propusieron los saberes fundamentales y las competencias básicas que deberían proporcionarse a todos los ciudadanos, a fin de habilitarlos para el éxito personal. La UE trasladó estas propuestas de futuro a los “objetivos educativos” para 2010 y para 2020, e incorporaron también la reducción del abandono temprano de la educación y la formación por debajo del 10% o, dicho en positivo, que más del 90% de los ciudadanos alcanzaran ese nivel de educación secundaria superior. El resultado fue que en la mayoría de países occidentales esos objetivos se han transformado, en la práctica, no solo en educación universal hasta los 16, sino hasta los 18 años.

En España se dedicaron enormes esfuerzos inversores —se pasó de menos del 2% de gasto en educación con respecto al PIB en los años setenta al 5% en 2001—. Ese impulso inversor desapareció con la crisis de la segunda década de este siglo, de modo que en unos pocos años se perdió casi un punto porcentual del gasto en educación. Por otra parte, se formó mejor al profesorado (todos universitarios) y en 2006, con la LOE, se introdujeron los cambios legales en esa dirección: educación para todos, competencias básicas y su evaluación colegiada, objetivos educativos europeos... Nos sumamos, por tanto, a esos objetivos, aunque no nos quitamos lastres históricos: enseñar y evaluar los contenidos (enciclopédicos) de las materias, en lugar de poner el énfasis en las competencias básicas y los aprendizajes imprescindibles, y se mantuvo la “selección” del alumnado a los 16 años.

La Lomce propuso en 2013 un camino inverso al sugerido por las instituciones internacionales en estas cuestiones: estableció la evaluación por materias y estándares educativos, en lugar de evaluaciones colegiadas de competencias. Se recuperaron las evaluaciones finales de etapa anteriores a 1970 (reválidas), es decir, más selección de alumnado. Se abandonaron las evaluaciones de diagnóstico, cuya finalidad es conocer y mejorar el conjunto de la educación y apoyar al profesorado en la definición, trabajo y evaluación de las competencias básicas y los aprendizajes. Se exigió, en una palabra, el “esfuerzo” al alumnado, requisito para promocionar de curso y etapa, que sería valorado con las evaluaciones señaladas. Este esfuerzo fue y es defendido a ultranza, en especial por los detractores de la educación para todo el alumnado hasta los 16, incluso hasta los 18 años.

El estudio comparado del Consejo Escolar del Estado (CEE) El éxito educativo en educación primaria y secundaria ha puesto de manifiesto las muy elevadas cifras de la repetición en España, los efectos selectivos del título de la ESO y las consecuencias de ambas circunstancias sobre el abandono temprano de la educación y la formación.

La repetición de curso en 7 de los 10 países analizados no llega al 4% al final de primaria, mientras que, en España, no baja del 12%-14% desde el año 2000. Al final de la ESO, la repetición sigue próxima al 30%. La comparación internacional de dicho estudio pone de relieve que, para acabar con la repetición de curso del alumnado, sería altamente recomendable adaptar los currículos actuales, así como las metodologías y los procesos educativos, y poner el énfasis en los aprendizajes imprescindibles y en las competencias básicas.

Es preciso impulsar y generalizar el trabajo en equipo de los docentes, de modo que puedan adoptar colegiadamente las concreciones de los currículos y las decisiones de promoción de curso, que deberían basarse en la adquisición de las competencias y el dominio de los aprendizajes esenciales. Y es inaplazable ofrecer al profesorado los recursos y el tiempo semanal necesario para reflexionar y proponer medidas para conseguir el éxito educativo de todo su alumnado, medidas encaminadas a convertir la repetición en un recurso realmente excepcional, como señalan las leyes educativas españolas y ocurre en los países estudiados.

Por otra parte, algo más del 25% del alumnado español no logra todavía hoy el título de la ESO, y ese alumnado procede, en su inmensa mayoría, de las clases menos favorecidas. Esto significa que, como país, estamos negando a estos jóvenes el derecho a una educación universal y al futuro formativo después de los 16 años. Es un problema educativo y de segregación por razones socioeconómicas y culturales de impacto duradero. Este fenómeno es el denominado “fracaso escolar”, que se atribuye casi en exclusiva al alumnado; pero conviene insistir en la responsabilidad de una parte importante de la sociedad, que asume con indolencia, y sin rigor, que hay jóvenes “que no quieren” estudiar, o “no valen” para el estudio, y que es aceptable que se enfrenten a la vida adulta sin ninguna cualificación, ni académica ni laboral.

En los otros países analizados por el CEE no existen a los 16 años barreras o selecciones. En ellos se otorgan diplomas o se realizan certificaciones que recibe todo el alumnado, que incluyen sus respectivas calificaciones (todas), junto con un informe de orientación y recomendación sobre sus posibilidades educativas y formativas en el que participan los equipos docentes y las familias. Este tratamiento del final de la educación secundaria básica permite el paso a la inmensa mayoría del alumnado a distintas vías formativas: las académicas, las de formación profesional y las de aprendizaje profesional, vías de aprendizaje estas últimas, recientes en algunos países y consolidadas en otros, que facilitan la obtención de una cualificación profesional de primer grado. Estas diversas soluciones “educativas” han permitido constatar que, en prácticamente todos los países europeos estudiados por el Consejo, el abandono temprano de la educación y la formación esté ya en el objetivo europeo o por debajo del 10% (más del 17% en España), y que, en el resto de los países más del 90% del alumnado termine alcanzando una certificación y cualificación de nivel 3.

Entre los objetivos que propone la nueva ley me permito destacar los que requieren poner todos los esfuerzos y recursos sociales, económicos y educativos (esfuerzos colectivos, sí) para que todo el alumnado pueda progresar hasta el máximo de sus capacidades, no solo hasta los 16 años, sino con futuro y oportunidades formativas hasta los 18. La nueva Ley pretende, a mi modo de ver, impulsar, particularmente en las etapas obligatorias, los aprendizajes y competencias básicas (nuevo currículo) y su valoración, con el objetivo de mejorarlos (evaluaciones de diagnóstico), en beneficio de todos y cada uno de los alumnos y alumnas. Propone también el trabajo en equipo del profesorado y la toma de decisiones colegiada sobre qué y cómo enseñar y sobre cómo evaluar y orientar al alumnado en el paso de curso y de etapa.

Una educación para todos, sin ninguna exclusión durante los cursos y etapas, es la llave que permitirá mejorar la formación individual de todos y cada uno de los ciudadanos, es decir, la riqueza del país. Esa riqueza individual y social que proporciona la educación no puede ser enajenada, sustraída o aprovechada con otros fines distintos de la prosperidad de los individuos que la disfrutan y de las sociedades que la ofrecen.

Enrique Roca es presidente del Consejo Escolar del Estado.