Estado de derecho

El acuerdo político alcanzado ayer por el Parlamento, la Comisión y el Consejo europeos para condicionar el desembolso de las subvenciones presupuestarias de los 27 al respeto estricto del Estado de derecho es prometedor para una Unión Europea que proclama sus valores democráticos. Sin duda tendrá que sortear intentos de bloqueo, tensiones y maniobras de todo tipo antes de llegar a aplicarse, pero su alumbramiento es una noticia que debe ser celebrada en una Europa que asiste al empecinamiento antiliberal y autoritario de las élites gobernantes en algunos países. Desde una perspectiva global, el significado del acuerdo es profundo. No es muy frecuente, por desgracia, que el imperativo democrático y la dinámica económica vayan de la mano. Tampoco que las promesas de los dirigentes se materialicen en plazos útiles, o al menos razonables, para armonizar intereses de distinta índole: la prosperidad económica, la cohesión social y la garantía de derechos y libertades.

La herramienta que surgirá del acuerdo exhibe suficiente fortaleza para tener mayor eficacia que el actual andamiaje apoyado en el artículo 7 del Tratado de la Unión. Los intentos europeos para frenar muy discutibles iniciativas de los Gobiernos de Polonia o Hungría en el pasado no fueron todo lo rápidos y eficientes que hubiese sido deseable. Desde febrero se había formalizado la intención de que los beneficios del presupuesto se condicionasen al imperio de la ley democrática. A raíz del gran paquete económico contra la recesión suscitada por la pandemia, el Parlamento Europeo consideró insuficientes los instrumentos que las otras instituciones habían diseñado a ese fin. Y presionó en favor de una mayor contundencia. El proyecto de reglamento presupuestario defendido por la presidencia alemana del Consejo se circunscribía a sancionar a aquellos socios cuyas carencias democráticas repercutiesen en un mal uso o un uso corrupto de los fondos europeos recibidos: era más que nunca, pero insuficiente para los principales grupos de la Cámara.

Con la intermediación de la Comisión, el Consejo ha asumido condiciones más amplias: que el desembolso de los fondos —tanto los convencionales como los procedentes del plan de recuperación económica en marcha— solo se ejecute bajo el pleno respeto a las libertades fundamentales que reconoce la Carta y la independencia de poderes. Berlín se ha mostrado firme a la hora de mantener ese compromiso. Y aunque una minoría de países se oponga, tiene la virtud de que se decide por mayoría cualificada. Los opositores iliberales han amenazado con una típica toma de rehenes políticos: votar en sus Parlamentos contra la decisión de los nuevos “recursos propios” (que exige unanimidad): esto es, contra los ingresos que deben honrar la factura de la deuda a emitir para financiar el plan de recuperación. Lo que lo paralizaría y sumiría al continente en una crisis aún más profunda. Pero resulta que los primeros y más graves perjudicados serían quienes amenazan con el veto: su importancia para ellos es enorme. Sin contar con la que desde hace ya bastantes años suponen los fondos estructurales convencionales de la parte tradicional del presupuesto.

Por una vez pues, la ley democrática y el dinero se alinean milimétricamente. Algo muy oportuno cuando desde otros continentes se pone en duda ese binomio.