Todos los trucos del presidente

El presidente del Gobierno no consideró necesario defender el estado de alarma en el Congreso de los Diputados. Cuando el ministro de Sanidad terminó de hablar y debía intervenir el líder de la oposición, Sánchez se marchó. El desdén hacia los otros grupos se traslada a los ciudadanos: no creyó que debiera explicar por qué se limitan hasta mayo sus derechos fundamentales.

El estado de alarma parece obligado en la lucha contra la pandemia. No se entiende su duración: seis meses sin control parlamentario efectivo. Las justificaciones siguen el modelo escandinavo: exigen que tengas el síndrome de Estocolmo o que te hagas el sueco. Se decía que esa duración exacta era lo que exigía la ciencia y luego se admitía que podían ser unos meses menos, como en un bazar. La ciencia ha sido una mezcla de conjuro y excusa: conjuro para desautorizar las críticas, excusa para legitimar decisiones que obedecían a la conveniencia política. El otro argumento era que así el Ejecutivo no sufría el desgaste de votar y negociar. Como está sostenido por una mayoría frágil, depende de socios desleales y a veces la oposición tiene la tentación de no apoyar al Gobierno, la solución es reducir los controles democráticos. Ya hemos visto demasiadas veces esta maniobra iliberal: solo sorprende lo invisible que es el propio cinismo.

Muchos expertos dudan de la adecuación de la prórroga a la letra y el espíritu de la Constitución. “El derecho de excepción, en la medida en que supone una grave alteración en el normal funcionamiento de los poderes públicos, se ha de aplicar solo cuando sea estrictamente imprescindible; y, además, se ha de interpretar de manera sumamente restrictiva”, ha escrito Antonio Arroyo Gil. Es difícil de entender la posición del PP —abstenerse ante lo que considera un “atropello jurídico”— y resulta deprimente que el único grupo que se opuso a la medida fuera un partido ultranacionalista, magufo y euroescéptico como Vox.

La inhibición del Parlamento convive con la evasión de responsabilidades: se reducen los controles democráticos y se da a los presidentes autonómicos poder sobre los derechos fundamentales. Se debilitan el Estado y la soberanía del Parlamento, se introducen nuevas variantes de inseguridad jurídica, se eliminan filtros parlamentarios y administrativos, se abre la puerta a marrullerías varias y a una fragmentación de dudosa justificación o eficacia, salvo si pensamos en el asunto principal: salvar al presidente. @gascondaniel