La hora clave de la ciencia en las políticas

Durante esta pandemia, se ha debatido mucho sobre la relación entre ciencia y política. Algunos han defendido que la ciencia debe prevalecer sobre la política. Otros contestaron que, aunque la ciencia es imprescindible para hacer buenas políticas, los científicos parecen no entender que en las decisiones públicas se deben tener en cuenta aspectos como la viabilidad legal, económica, administrativa o ética y hasta consideraciones electorales. En consecuencia, se dice, los científicos pueden proponer, pero las decisiones tienen que ser adoptadas por los políticos.

Pero defender políticas basadas en la ciencia y, al mismo tiempo, afirmar sin más que los políticos deben decidir cómo y cuándo usar la evidencia es arriesgado. En algo tan difícil como la reformulación de políticas ya en marcha para incluir en ellas la evidencia científica, el margen de decisión de los políticos no debería ser tan amplio, porque todo parece indicar que pocas veces se asumirá el cambio. Por eso, los mecanismos institucionales deben ayudar a que el conocimiento científico se incorpore legítimamente en la toma de decisiones.

Como nos explicó la politóloga Carol Weiss en los setenta, la evidencia científica puede utilizarse para resolver los problemas de la gente, pero también puede usarse torticeramente. Parkhurst, en su libro sobre el juego político que se esconde detrás de la evidencia, recoge decenas de ejemplos en los que, incluso Gobiernos que por su discurso podrían tildarse de fetichistas de las políticas basadas en la evidencia, han terminado ignorando o manipulando datos científicos. La manipulación se consigue realizando una selección interesada de determinados asesores, haciendo una revisión sesgada de la evidencia o censurando la publicación de evaluaciones que esos mismos Gobiernos han financiado.

Procesos judiciales famosos prueban que algunas compañías manipularon la evidencia científica para enmascarar los efectos dañinos del tabaco, exageraron beneficios de medicamentos o disimularon sus efectos secundarios para obtener autorización legal para su comercialización, y esto terminó con la vida de millones de personas. Hubo científicos que se prestaron a ello y los Gobiernos permitieron que esto ocurriera apelando a distintos motivos, como mantener empleos, conseguir financiación para sus partidos y campañas, o por la mezquina razón de intentar evitar críticas en prensa o de la oposición. A veces, no hay un motivo perverso. Cuando los responsables públicos tienen que abordar un asunto complejo (por ejemplo, pobreza o inseguridad ciudadana) y no están alrededor de la mesa todos los que deberían estar, se diseñan políticas defectuosas.

Durante esta pandemia, en muchos países se ha visto cómo los políticos han abrazado la opinión de expertos para justificar sus respuestas a la crisis. No nos podemos quejar de ello, pero, como dice Matthew Flinders sobre el caso británico, ante un apego tan desmedido e inusual, es inevitable sospechar que con tal práctica los políticos también tratan de garantizar lo que Christopher Hood llamó un “revestimiento Teflón”. Y que, llegado el caso, esto les ayudará a que la culpa por la mala gestión no se les quede adherida y sean eximidos del castigo electoral.

El vínculo entre ciencia y políticas es complejo. La ciencia no es solo ese momento de felicidad al descubrir un planeta enano. Cuando las ciencias sociales demuestran que la acción de un Gobierno en materia fiscal o en políticas de reducción de desempleo contradicen la evidencia, esa evidencia científica resulta más difícil de aceptar. Los intereses creados al calor de programas públicos que ahora deberían modificarse, se revuelven para no perder privilegios. Porque, al fin, los Gobiernos encuentran muy complicado hacer cambios.

Han corrido ríos de tinta sobre la necesidad de transferir la ciencia a las políticas implementadas. Muchos científicos creen que pueden ser útiles. Y los responsables públicos son conscientes de que es imperativo incorporar el conocimiento a las políticas en vez de diseñarlas basándose en prejuicios. Todos se frustran cuando se topan con la incomprensión del otro.

Miles de entradas en blogs proporcionan consejos para solucionar esta falta de entendimiento entre lo que Nathan Caplan llamó las “dos comunidades”: foros conjuntos; mecanismos de intermediación; estrategias para hacer la ciencia comprensible; o proyectos de investigación pegados a los problemas públicos; también programas para disponer de la ciencia en abierto, y bases de expertos nacionales accesibles para cualquier responsable público.

Pero hay que ir más allá. Se debe institucionalizar el asesoramiento de los científicos para elaborar políticas. Esto implica establecer procedimientos reglados y transparentes, criterios para seleccionar a los científicos (sociales o naturales) y decidir los temas. También hay que establecer el tipo de evidencia que será tenida en cuenta, la clase de consejo que se requiere, cómo se hará público, cómo podrá ser contestada y cómo se debe incorporar la evidencia empírica a la toma de decisiones. La propia UE ha pasado por un proceso de ensayo y error en este proceso de institucionalización. Quizá lo más complejo sea decidir si los Gobiernos pueden tener derecho a ignorar la evidencia científica, y, en caso de que así sea, hasta qué punto y cuándo pueden hacerlo.

Eloísa del Pino es investigadora del Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC).