Pacto de pensiones

El Pacto de Toledo ha alcanzado esta semana un importante acuerdo para configurar las pensiones del inmediato futuro y apuntalar su sostenibilidad. El amplio consenso entre fuerzas políticas es una buena noticia en tiempos de polarización y debe celebrarse. El pacto es de máximo interés para los nueve millones de pensionistas, sus familias y quienes les sigan la estela en España. Lo es especialmente porque las últimas recomendaciones consensuadas de este foro datan de hace un decenio y el sistema necesita mejoras. A la espera de que las medidas recomendadas por el Pacto de Toledo pasen por el pleno del Congreso, las propuestas cuentan con el apoyo de todo el arco político, salvo Vox (y la abstención de Esquerra y de Bildu). Convergen dos votos favorables muy significativos. Uno viene del PP, que ha asumido el desaire político y callejero a su reforma de 2013, y a su factor de sostenibilidad, que vinculaba las prestaciones a la evolución de la esperanza de vida, erosionando las primeras en caso de mejora de la segunda. Otro, de Unidas Podemos, que siempre mostró su reticencia a este foro, y que fue, en febrero de 2019, el partido que abortó un acuerdo ya ultimado.

El acuerdo político, positivo por naturaleza, lo es también por coyuntura, en medio de la profunda crisis que azota España. Y porque constituye la base de una nueva reforma estructural en el ámbito social, tras otros importantes pactos alcanzados con los agentes sociales en materia de ERTE y sus prórrogas y teletrabajo. Se trata, por añadidura, de una reforma que Bruselas recomienda desde hace largo tiempo, lo que mejora el horizonte para el acceso a los fondos del plan de recuperación.

Sin ser la panacea frente a todos los males, las nuevas conclusiones del Pacto de Toledo apuntalan, si se aplican, la estabilidad del sistema a corto/medio plazo. De las veinte medidas recomendadas destacan dos por su relevancia para asegurar la financiación estable de las pensiones. Una es global, la que invita a los gobernantes a clarificar la financiación del sistema de pensiones y restablecer su equilibrio financiero: por la vía de destinar las cotizaciones sociales solo a soportar las pensiones contributivas (jubilación, invalidez y viudedad); y traspasar al presupuesto, para financiarlas mediante impuestos, las no contributivas (como maternidad, paternidad o fomento del empleo a través de la tarifa plana, y otras medidas). No se trata solo de una reclasificación burocrática, por cuanto la sobreexigencia a las cotizaciones sociales penaliza la creación de empleo, al encarecerlo. Aligerar su carga supone asimismo incentivar la ocupación. La otra medida clave es acercar la edad de jubilación efectiva a la legal, mediante variados incentivos.

Los cálculos gubernamentales auguran que solo con la aplicación de ambas medidas el sistema entraría en superávit durante unos años. Ahora bien, el envejecimiento de la población, las más altas pensiones de quienes se incorporan como clases pasivas y el encarecimiento de las nuevas prestaciones indican que a largo plazo ello resultará insuficiente. Habrá que ir madurando, cuanto antes mejor, nuevas fórmulas de sostenibilidad, como el aumento de la “contributividad” (acercar el cobro a lo que se ha ingresado, siempre inferior); volver a retrasar la edad de jubilación; realizar una política inmigratoria proactiva... Pero antes habrá que traducir a realidad normativa las recomendaciones de hoy.