El futuro de Chile

El domingo, Chile celebrará la que probablemente sea la votación más trascendental en sus últimas tres décadas. En una consulta extraordinaria de carácter voluntario, casi 15 millones de chilenos están convocados a responder una doble pregunta: en primer lugar, si cambiar el armazón institucional del país, dejando definitivamente atrás el legado por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) encarnada en la Constitución de 1980, modificada en múltiples ocasiones, pero vigente, y, en segundo, en caso afirmativo, con qué procedimiento.

Se trata, pues, de un momento crucial en la historia del país al que, desgraciadamente, se llega en un grave clima de tensión que ha ido creciendo durante el último año. En octubre de 2019, se produjo un gran estallido social que exigía importantes reformas económicas, políticas e institucionales. Como prueba de este clima de enfrentamiento actual, la conmemoración el pasado fin de semana del primer aniversario de las protestas se saldó con un muerto, 580 detenidos, 107 incidentes —entre ellos la quema de edificios— y más de medio millar de arrestados. La violencia no puede de ninguna manera ser justificada por una legítima aspiración de cambio. Chile ha sido ejemplo desde la restauración de la democracia del entendimiento entre sectores muy alejados. También es preciso advertir de que la actuación de las fuerzas de seguridad en la represión de las protestas durante estos meses ha dado inquietantes ejemplos de extralimitación que deben ser atajados y sancionados.

Lo que se discute en Chile es un cambio de gran calado en la misma historia de país. Son asuntos como el régimen político, si el sistema debe ser presidencialista o parlamentario, el nivel de descentralización o la inclusión institucional de las minorías indígenas. El domingo, los chilenos decidirán si quieren o no reemplazar la Constitución —los sondeos apuntan a una amplia victoria del sí— y además cómo se elaborará, si será una Asamblea Constituyente completamente nueva o esta estará formada también por parlamentarios ya electos. Además, se trata de la primera de siete convocatorias que culminarán en 2022.

Es, pues, un proceso largo y complejo, lo cual no puede servir de excusa al Gobierno chileno para no actuar sin demora contra problemas que no pueden ni deben esperar. Son precisas medidas urgentes contra la pobreza y la desigualdad, así como para reconducir las políticas económicas, especialmente en temas de empleo y pensiones, que se han demostrado nocivas para gran parte de la sociedad. No puede ser que el árbol de la futura Constitución impida ver el bosque de los problemas presentes.