¿A qué juega el PP en Europa?

Mientras el Gobierno se pone de perfil ante el carácter iliberal e inconstitucional del proyecto de reforma del Poder Judicial, negándose a retirarlo sin más dilaciones, el Partido Popular se enroca en su dinámica explosiva, trasladándola a Europa en un pasmoso ejercicio de deslealtad. ¿Cómo explicar los movimientos de Casado en las instituciones comunitarias durante la pandemia? ¿No son acaso otra ruptura más con el ejercicio de una oposición responsable, ahora en lo europeo? Hasta la fecha, la relación con la Unión era una política de Estado que, al menos sobre el papel, avanzaba gracias al consenso entre Gobierno y oposición, proyectando una imagen de unidad en Europa. Era el signo de nuestro europeísmo, pero el PP parece haber decidido que Europa es también el campo de batalla de su peculiar estrategia de confrontación, incluso frente al interés general de España.

Ya fue extraña la alianza con los frugales durante las negociaciones de los fondos europeos con el afán de imponer controles más estrictos a España, pero más delicada fue la delirante carta que Dolors Montserrat envió en junio al comisario de Justicia cuestionando la salud de nuestra democracia por un aparente ejercicio desproporcionado del mando único durante el estado de alarma. La campaña de desprestigio internacional es tan insólita que, si no fuera el líder de la oposición, parecería que Casado está haciendo pinza con Puigdemont en Europa. Es difícil imaginar a la oposición francesa instando la investigación de Macron por un ejercicio desproporcionado del poder ante medidas como el toque de queda decretado en ciudades como París. Ni Le Pen se atreve a tanto.

Esta vez, Casado se rasga las vestiduras con razón ante un proyecto de marcado carácter populista que cambia las reglas del juego, pero sabe que puede influir en el proceso en España, quitándole argumentos al Ejecutivo. El dilema que podría plantearle es sencillo: ¿pretende reformar o controlar el Poder Judicial? Pero Casado opta por el camino más desleal: viajar a Bruselas y extender el argumento inexacto (apoyado por Ciudadanos) de que la reforma hará peligrar los fondos europeos, inoculando en Europa la misma toxicidad en el debate que existe en nuestras Cortes. La ponzoña rozó la brutalidad hace poco, cuando un grupo de europarlamentarios españoles pidió con malísimo tono explicaciones a Borrell sobre la delegación que viajó a Caracas con motivo de los comicios de diciembre, describiéndola como “semiclandestina”. ¿Entiende así Casado su función de fiscalizar al Gobierno? ¿Qué coste democrático está dispuesto a asumir trasladando a Bruselas la falacia de que el Gobierno de España es ilegítimo? ¿Y el Gobierno, hasta dónde llevará su frivolidad? Ambos pretenden ignorar que es momento de unir voluntades y trabajar juntos. Porque el precio, no nos engañemos, no es otro que la reputación del país.