Amenaza

Me dirijo, no sin cierta inquietud, a los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Espero que no interpreten mis palabras como una amenaza o presión intolerable, porque no me gustaría dejar pasar esta ocasión sin subrayar el abismo que, con demasiada frecuencia, se abre entre su criterio y el de los ciudadanos que les pagamos el sueldo. Yo no sé nada de leyes y reglamentos, pero sé que los derechos y libertades fundamentales de los madrileños de Usera, Villaverde, Vallecas y Carabanchel no representaron obstáculo alguno para que el TSJM avalara los confinamientos parciales decretados por el Gobierno regional. Sin embargo, ese mismo Tribunal invocó la protección de esos mismos derechos y libertades, esta vez de todos los madrileños, para anular el confinamiento perimetral decretado por el Gobierno central. Dicen que es una cuestión de leyes y reglamentos. A mí, simple ciudadana que escribe una simple columna, me parece que ninguna norma, de clase o rango alguno, debería invocarse para justificar lo que puede interpretarse como una actuación discriminatoria, que no tiene en la misma consideración los derechos de los barrios ricos y los barrios pobres. Insisto en que no discuto ni las leyes ni los reglamentos, pero creo que debe exigirse a los jueces la misma virtud que a la mujer del César. No sólo tienen que ser imparciales. Además, tienen que parecerlo, y esta vez, desde luego, no ha sido así. Yo no vivo en ninguno de los distritos penalizados por el Gobierno de Ayuso, pero comparto la rabia y la indignación de quienes se sienten en estos momentos ciudadanos de segunda clase. Para mí, como para ellos, los jueces no representan hoy tanto un amparo como una amenaza. Creo que les conviene saberlo.