Fondos europeos

Las razones para vincular el acceso a los fondos europeos a la calidad democrática de los Gobiernos de los Veintisiete —y en el límite, suspenderlos en casos de deriva iliberal y autoritaria— son variadas, potentes y atañen a todos los Estados miembros de la Unión Europea. La principal es que esta es una comunidad de derecho que defiende los valores democráticos, como solemniza su norma básica, el Tratado de la UE (artículo 2). De manera que para integrarse en este club, cumplir con el Estado de derecho no es mera conveniencia, sino un requisito esencial, plasmado en los criterios de Copenhague. Por eso la dictadura franquista y los Gobiernos satélites soviéticos impedían a los países a los que sometían su integración en la Europa comunitaria, hasta que felizmente se disolvieron.

De ahí se deriva el deber de los Gobiernos liberales de impedir que los impuestos de sus contribuyentes que se destinan al presupuesto comunitario no apalanquen ninguna tentación autoritaria. Eso no es un lujo solo exigible desde los países más desarrollados. También los receptores netos de fondos —los menos prósperos— aportan a la caja común, aunque al final el flujo de los subsidios que reciben acabe superando su contribución.

La necesidad de control vale asimismo para los fondos extraordinarios del plan de recuperación económica, por 750.000 millones de euros, aunque en él los socios no pagan, sino que actúan como garantes y avalistas de su financiación mediante una enorme emisión de deuda mancomunada, los famosos eurobonos.

La monitorización de los estándares democráticos debe proteger al presupuesto común de la corrupción y el fraude, pues estos abundan más en los regímenes en los que los contrapesos de la plena democracia (libertades, oposición consistente, justicia y prensa independientes) se encuentran debilitados. Por ello, España debe subrayar su ya manifiesto alineamiento con los esfuerzos de la Comisión, el Parlamento y la presidencia alemana para avanzar en la protección del presupuesto y articular un sistema de sanciones contra quienes sabotean el imperio de la ley, procurando que ello no obstruya ni aplace la aprobación del paquete presupuestario 2021-2027 ni el plan de recuperación, instrumentos ambos que toda la UE necesita como agua de mayo.

Todo ello sin dejarse chantajear por los iliberales, que esgrimen su capacidad de veto al presupuesto convencional (desde el que se vehicularán también las ayudas contra la recesión provocada por la pandemia). No es un pulso de frugales contra orientales quedando los sureños como meros espectadores: es un asunto clave de todos quienes defienden los valores democráticos.

Que eso se alcance de un solo paso o, como propone la presidencia alemana, inicialmente a través de reglas que garanticen la integridad del presupuesto frente a los fraudes frecuentes de los más autoritarios, es cuestión de oportunidad, convencimiento y presión. Y en cuanto a la salvaguarda del plan de recuperación, su gobernanza —decidida en la cumbre de julio— ya dicta que los fondos se condicionan a cumplir las “recomendaciones específicas” del Consejo. Para los Gobiernos iliberales polaco y húngaro estas obligan, con detalle, a “fortalecer la independencia judicial” y las “consultas públicas en el proceso legislativo”, so pena de perder los ingentes subsidios.