El bien común

España afronta uno de los momentos más oscuros de su historia reciente. Los indicadores epidemiológicos y económicos dibujan un escenario dramático, más agudo que el que sufre la mayoría de las democracias avanzadas. En este momento de extraordinaria gravedad, en el que el sistema democrático español al completo debería orientar con magnanimidad sus esfuerzos a la defensa del interés general, la vida política española exhibe una inquietante falta de respeto hacia las instituciones y de leal colaboración entre los agentes llamados a liderarlas, lo que agrava el desconcierto vivido por la sociedad desde el inicio de la pandemia.

El interés partidista, más que el bien de la ciudadanía, parece motivar el pulso que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene contra el Gobierno. Tras meses de negligente gestión, el obstruccionismo político y legal de Díaz Ayuso frente a las medidas contra el coronavirus —del que ya se desmarcan sus socios de gobierno, así como otras comunidades regidas por el PP— constituye el epítome de una lógica de la polarización con nefastas consecuencias en la salud de todos los madrileños y en el clima político nacional.

La lucha contra la pandemia no es desgraciadamente el único terreno donde ha de constatarse un déficit de pulcritud democrática. Esta semana, la Comisión Europea ha señalado con claridad otro de los problemas centrales de arquitectura institucional española: la politización de la justicia. El informe del Ejecutivo comunitario señala directamente a la parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial, bloqueada por el Partido Popular —al igual que la de otros importantes órganos— sin ninguna justificación válida, pero también a la inquietante sensación de falta de independencia de la Fiscalía respecto del Gobierno. En ese sentido, para nada ayudó a la credibilidad de la institución la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de nombrar como fiscal jefe a la ministra de Justicia saliente.

Otros episodios relacionados con la justicia son motivo de inquietud. El Gobierno de Sánchez explicó tarde y mal la decisión de evitar que el Rey participara a un acto de la magistratura en Cataluña. Tampoco resultaron apropiadas las revelaciones del presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, quien se tomó la discutible libertad de violar la confidencialidad de una conversación de cortesía con el Monarca. Representantes de Unidas Podemos las aprovecharon para lanzar una inadecuada e inflamatoria acusación de parcialidad al jefe del Estado.

Otras iniciativas del Ejecutivo en materia de justicia causan preocupación. Tiempos y modos en los cuales se impulsa la tramitación de los indultos de políticos catalanes condenados —en el más grave de todos los episodios de deslealtad a la Constitución de las últimas décadas— o de la reforma del Código Penal transmiten la sensación de que estos forman parte del mercadeo para unos Presupuestos que el país necesita desesperadamente. La cuestión catalana exige una respuesta política y la aprobación de nuevos Presupuestos es un asunto esencial. Pero mezclar las dos cosas en un gran bazar negociador resulta, cuanto menos, peligroso.

Con todo, hay motivos para la esperanza. Al principio de la pandemia sí hubo momentos de unidad política con un amplio apoyo al estado de alarma. Las negociaciones entre empresarios y sindicatos bajo la batuta de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han arrojado importantes acuerdos. Esta semana, la comunidad de Castilla y León, regida por el PP, rompió los esquemas partidistas y votó a favor de las medidas para frenar el coronavirus planteadas en el Consejo Interterritorial de Salud.

Son estas actitudes las que España necesita y la mayoría de sus ciudadanos espera. Por supuesto, hay gradaciones en las responsabilidades, pero, en su conjunto, la clase dirigente política debe hacer un esfuerzo para salir del pensamiento táctico, abrazar el estratégico, y reconectar a fondo con las exigencias de una ciudadanía atónita y asustada. Los graves momentos por los que atraviesa el país solo podrán superarse desde la lealtad institucional y la anteposición del bien común al interés partidista. Con valentía, magnanimidad y sentido de Estado.