Trump contra la democracia

¿Qué pensaríamos si alguien nos habla de un país en el que su presidente, en mitad de una campaña por la reelección, les pide a sus seguidores que acudan a los lugares de votación para “observar” y “proteger” el proceso electoral de un riesgo de fraude contra él? Un riesgo que no existe, según sus propias agencias de seguridad. Algunos de estos seguidores, además, tienden a pertenecer a grupos extremistas más o menos organizados, a veces van armados, y cuentan con el beneplácito del propio presidente.

Pues eso es lo que sucedió en el primer debate presidencial en EE UU el martes por la noche. Trump remató la narrativa que lleva meses preparando: si pierde, sugiere, será por fraude, y no estará dispuesto a conceder la derrota sin otra batalla más.

Dos particularidades del proceso electoral estadounidense le facilitarán la empresa: primero, no existe un árbitro nacional, ni una sola entidad encargada de organizar la votación. Cada Estado se encarga. Ante una disputa legal, resuelven las autoridades estatales salvo que adquiera rango constitucional: sólo entonces llega al Tribunal Supremo.

Lo que pasa, y esta es la segunda particularidad, es que si dicha disputa adquiere un tinte constitucional nada asegura un resultado favorable al derecho a voto: una de las mayores áreas grises del ordenamiento jurídico en EE UU es que dicho derecho se suele restringir en la práctica mediante condiciones administrativas, pero diseñadas para que afecten a ciertos segmentos poblacionales: casi siempre latinos y afroamericanos. Estados enteros (normalmente gobernados por republicanos) ejercen así su poder para organizar elecciones: limitando su alcance. Este año, con una cantidad de personas dispuestas a votar por correo sin precedentes a causa de la pandemia, el procedimiento pesa más que nunca: cada requisito para contar un sufragio como válido, cada barrera para no hacerlo, desde marcar una casilla hasta encontrarte con una pequeña milicia informal en una oficina de correos, importa.

Trump ejerce así la estrategia propia de los líderes autoritarios en el siglo XXI: restringe la democracia mientras dice defenderla. Lo alarmante es que la estructura institucional del Estado de derecho más antiguo y sólido del mundo se lo permite; y su partido parece dispuesto a poner toda su experiencia al servicio de alguien que busca permanecer en el poder a cualquier precio. @jorgegalindo