Sacudirse la pereza

La densa trama de la caja b en la financiación ilegal del PP ha llevado a imputar al ministro del Interior durante la etapa de Gobierno de Rajoy. Su responsabilidad en el espionaje al contable Bárcenas y los esfuerzos ilegales por destruir documentos que perjudicaran al partido rebosan de elementos turbios. Pero forma parte de una cadena laberíntica para tratar de minimizar los daños de unas revelaciones que aparecieron a la luz pública, en primera instancia, a través de las fotocopias de los libros de anotaciones del gerente. El pistoletazo de salida a una estrategia de obstrucción y engaño comenzó por presentar a la cúpula del partido en una foto en la azotea de la sede y afirmar que el escándalo era solo una campaña para perjudicarlos. El siguiente paso fue presentar una demanda por falsedad contra este periódico y asegurar que los papeles de Bárcenas no existían. Cuando la demanda fue retirada de los juzgados se hizo con menos ruido que cuando se interpuso. Para entonces, semanas después, no cabía ninguna duda de que los papeles eran reales, y las anotaciones, de enorme precisión. Por si faltaba alguna duda, el propio Bárcenas en sede judicial desgranó el funcionamiento de esa dinámica recaudatoria para el partido a través de mordidas por contratos públicos, concursos y concesiones.

Cambió entonces la forma de actuar en la cabeza del partido y, tras la destrucción del ordenador del contable, se prefirió retomar una corriente de colaboración con el propio Bárcenas. Tras dejarlo abandonado al fuego de una opinión pública que se sentía insultada, se optó por armonizar las defensas y apaciguar ese pronto tan español del tirar de la manta. Ahora sabemos que la operación de espionaje fue no solo una indignidad, sino también una chapuza. Como en todos los gastos y perjuicios derivados de este caso, los fondos salían del erario público. Lo cual tiene una gravedad mayor, pues sucedía en tiempos de enorme crisis económica y restaba recursos para lo que ha venido detrás, el agujero contable más grande de nuestra historia. Más allá de las responsabilidades políticas y el recorrido judicial, lo que queda es un regusto triste y descorazonador. ¿Tiene arreglo el sistema de financiación de los partidos? ¿Es la ciudadanía consciente de su corresponsabilidad en muchas de las cosas que suceden por su escasa implicación en propiciar la limpieza institucional? ¿Se llegará al final de la trama y se recuperará el dinero malgastado?

De entre todos los detalles funestos, hay uno que perturba más si cabe. Al chófer de Bárcenas, que actuaba de informador a sueldo, se le garantizó un puesto en la policía. Y para pasmo general resulta que lo logró. Podría esto unirse a la turbia retahíla de colocaciones y titulaciones universitarias fraudulentas, a esos resultados brillantes en oposiciones amañadas y tendríamos una cadena invisible de favores y prebendas realmente espeluznante. Por la salud de nuestra democracia, estos casos necesitan una investigación profunda, sin zancadillas de las partes ni la habitual escasez de medios para culminar una instrucción contundente. No deberíamos ceder al cansancio frente a esta rutina delincuencial, que afecta a varias instituciones y personas relevantes, sino sacudirnos la pereza y, porque corren tiempos de escasez, exigir la reparación de todos los daños causados al conjunto de la sociedad española.