Juego sucio

A menos de 40 días para la elección presidencial, Donald Trump propondrá un candidato para sustituir a Ruth Bader Ginsburg, fallecida el viernes, como uno de los nueve jueces vitalicios que conforman el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el árbitro de la Constitución que tendrá la última palabra en los litigios que puedan producirse en la votación y el escrutinio, como ya sucedió en 2000, cuando fueron los votos de los magistrados quienes dieron la presidencia a George W. Bush frente a Al Gore. Este solo hecho debería inducir a la Casa Blanca a abstenerse de tal decisión y dejarla en manos del titular de la presidencia en el siguiente mandato. Llevarla a cabo sería perfectamente legal, pero muy discutible desde el punto de vista político, alumbrando un Supremo con una fuerte mayoría conservadora alejado de los equilibrios políticos reales. Gracias al sistema electoral, Trump accedió en 2016 a la Casa Blanca con tres millones de votos menos que Hillary Clinton, y los 53 senadores republicanos, que ahora deben ratificar el nombramiento, han sido elegidos con 13 millones de votos menos que los 47 senadores demócratas.

Hace cuatro años, los republicanos bloquearon el nombramiento de un juez a propuesta de Barack Obama a 10 meses de la elección presidencial, esgrimiendo como una exigencia democrática su nominación por el siguiente presidente. A pesar de la precipitación y de la doble vara de medir, no es seguro que consigan la sustitución antes del 3 de noviembre, en cuyo caso el embrollo podría empeorar con un nombramiento en el interregno entre la elección presidencial y la toma de posesión, antes de que pudieran entrar en funciones un presidente demócrata y un Senado sin mayoría republicana.

Es probable también que las maniobras de los republicanos les den finalmente la victoria, gracias al arbitraje de los numerosos litigios que se esperan con el voto por correo, pero a estas alturas ya es inmenso el daño al prestigio y a la autoridad de las instituciones democráticas, especialmente a los equilibrios y contrapoderes que caracterizan al sistema constitucional estadounidense. Las maniobras republicanas para una rápida sustitución en el Supremo van más allá de las elecciones y tienen como finalidad consolidar una mayoría conservadora para garantizar en las próximas décadas el control a través de los jueces de las decisiones presidenciales y parlamentarias. El objetivo, muy popular entre las bases más radicales del republicanismo, es revertir los avances sociales y las políticas de igualdad y protección de los derechos de las minorías, especialmente el derecho al aborto, y conseguir así, por encima del resultado de las urnas, una auténtica contrarreforma contra el legado constitucional de Ruth Bader Ginsburg, la juez feminista desaparecida.