Fiscalía europea

El proceso de federalización europea entraña una dinámica difícilmente paralizable. Así como cualquier retroceso parcial repercute negativamente en otros campos, como pueden ser los desacuerdos en inmigración o en las políticas de seguridad, todo avance en un ámbito determinado desencadena una mayor velocidad en otros.

Nuevas competencias comunes o mayores ambiciones en su ejecución exigen nuevos y más ágiles sistemas de control democrático, también comunes. Esto es lo que acaba de suceder con la reciente elección de los 22 miembros del colegio de fiscales que secundarán a la fiscal general de la UE encargada de perseguir los fraudes al presupuesto comunitario (unos 500 millones anuales en la gestión de los fondos europeos) y en el cobro y liquidación transfronteriza del IVA (hasta 100.000 millones anuales).

El tramo final del conjunto de decisiones que ha desembocado en el nacimiento de esta institución —que tanto promete— ha sido espoleado por la aprobación por el Consejo Europeo del Marco Financiero Plurianual, las grandes cifras del presupuesto para siete años, y el inédito plan de reconstrucción económica, por cuantía de 750.000 millones de euros. La entrada en vigor de ambos a principios de 2021 hacía más urgente, si cabe, la puesta a punto de la Fiscalía, para evitar despilfarros, fraudes y en definitiva, garantizar el mejor fin de los esfuerzos de los contribuyentes europeos. Más Europa significa también mejor control de los fondos europeos.

La nueva Fiscalía es un pilar de la arquitectura comunitaria en asuntos de Justicia e Interior decidido a finales del siglo pasado, y completa y supera el sistema de coordinación Eurojust o el mecanismo de la euroorden de detención. Ha sido consecuencia de una “coordinación reforzada” exitosa, que empezó con el acuerdo de 16 Estados miembros y culmina con el consenso de 22.

Quedan autoexcluidos los iliberales Hungría y Polonia (que deberán, con todo, coordinarse con ella) y algunos de los eurodubitativos o frugales herederos del Reino Unido, desafectos con la mayor integración. No deja de ser un contrasentido que los teóricamente partidarios del máximo rigor en el uso de los recursos financieros comunes antepongan sus prejuicios nacionalistas a la lucha mancomunada contra el fraude, de la que en este ecaso han sido vanguardia Francia y España.

La entrada en vigor de esta Fiscalía europea, el próximo otoño, rellena el vacío fronterizo que dejaban las Fiscalías nacionales. Es un avance muy significativo en la estrategia de integración, sobre todo porque versa sobre un ámbito de especial sensibilidad nacional, la justicia penal. Otro motivo para celebrarlo.