Hacia el esclavismo salarial

La muerte del temporero de Murcia Eleazar Benjamín Blandón nos sobrecoge, especialmente por las condiciones en que se ha producido: unas jornadas de trabajo extenuantes, en unas condiciones terribles. ¿Habrá una investigación exhaustiva que depure responsabilidades e imponga un castigo ejemplar a los culpables? Veremos.

Pero nos equivocaríamos si pensáramos que estamos ante un empresario o un pequeño grupo de empresarios sin escrúpulos, una “manzana podrida” en un cesto sano. Lo cierto es que las condiciones en que trabajan en el campo muchas personas migrantes, a los que no dudamos en calificar como “trabajadores indispensables”, son indecentes. Es su manera de ser competitivos, de estar en el mercado, de ganar dinero. Se sabe, se tolera y solo cuando surgen tragedias como esta se repara en ello; da de sí para un titular o un breve comentario en los medios, para pasar página cuanto antes y “volver a la normalidad”.

¿Solo los trabajadores migrantes? De nuevo nos volveríamos a equivocar. Sin llegar a situaciones tan extremas, al menos de momento, el endurecimiento y degradación de las condiciones laborales están a la orden del día, en España y en Europa. Con el argumento/pretexto de mejorar la productividad y la competitividad, apoyándose en la falacia de que la creación de empleo depende de la moderación de los salarios, los de la mayor parte de los trabajadores en los últimos años, tanto en momentos de recesión como de auge, se han estancado o han retrocedido, hasta el punto de que, con carácter general, ha aumentado el número de trabajadores pobres.

Y no se trata solo de los salarios monetarios recibidos por los trabajadores por una jornada laboral pactada, recogida en un convenio colectivo. Se ha convertido en una práctica empresarial cada vez más frecuente obligar a los asalariados a realizar horas extraordinarias, una buena parte de las mismas a beneficio de inventario; esto es, gratis, ni se pagan, ni, en consecuencia, cotizan a la Seguridad Social. Del mismo modo que se ha normalizado exigir a los trabajadores un esfuerzo suplementario para mejorar “la productividad por hora trabajada”, lo que ha supuesto la reconfiguración de los procesos productivos y los equipos de trabajo, así como el aumento de la vigilancia y la disciplina y la competencia entre los propios trabajadores.

Es evidente que reducir o eliminar los derechos de los trabajadores puede mejorar a corto plazo la cuenta de resultados de las empresas comprometidas con estas prácticas, pero dudo que apunten a una economía más resistente y eficiente; y, desde luego, contribuyen al aumento de la desigualdad, que no ha dejado de acentuarse en los últimos años y décadas.

Ampliemos, pues, el foco. Allí donde la regulación laboral no llega impera el esclavismo, la ley de la selva (la muerte de Eleazar Benjamín Blandón es un ejemplo extremo de una situación de lacerante degradación). Pero, sin llegar a esos umbrales, las relaciones laborales “normales” apuntan en la dirección de una pérdida progresiva de derechos; pérdida que se justifica apelando al binomio productividad/competitividad.

El panorama actual y futuro resulta de lo más inquietante. La crisis económica y social desencadenada por la pandemia, que las deficientes e insuficientes políticas llevadas a cabo por los Gobiernos y las instituciones comunitarias no serán capaces de superar, agravarán hasta límites desconocidos la situación laboral. El desequilibrio entre oferta (personas que ofrecen su capacidad de trabajo) y demanda (empleos generados, tanto por el sector privado como por las administraciones públicas) alcanzará en los próximos meses proporciones históricas.

La masiva destrucción de puestos de trabajo, asociada al colapso económico y a un crecimiento que, en el mejor de los escenarios, será leve e inestable, puede ser interpretada, las patronales están en ello, como que disponer de un empleo es un privilegio, pues la alternativa es la pobreza y la exclusión social. La “tormenta perfecta” para que asistamos a un nuevo e intenso endurecimiento de las condiciones laborales de los “privilegiados” que disfruten de un puesto de trabajo. Todo ello en un contexto donde la correlación de fuerzas entre el trabajo y capital ya es muy favorable al segundo.

Por eso es importante poner en el centro de la agenda pública la justicia social, con medidas concretas que la promuevan. Tres piezas clave de una política orientada en esa dirección son: a) exigir a las firmas que se beneficien de recursos públicos que los salarios de sus trabajadores se mantengan y, si las circunstancias de la empresa mejoran, aumenten, b) garantizar las condiciones para que se desarrolle en la empresa la negociación colectiva, y c) implementar una renta básica universal de emergencia que garantice unas condiciones de vida dignas a las personas. ¿Estará el Gobierno de coalición a la altura de este desafío?

Fernando Luengo es economista.