Otro frente más

Un reciente episodio que afecta a los migrantes llegados en patera a las costas españolas revela hasta qué punto están mal engrasados los mecanismos para responder a situaciones que, siendo previsibles, vuelven a tratarse bajo la batuta de la improvisación y la urgencia. Hace poco, 70 personas arribaron a Gran Canaria y fueron acogidas en dos carpas en un muelle donde pasaron bajo custodia más de 80 horas en un clima de extremo calor y durmiendo sobre el asfalto. No se trata solo de que esas sean unas condiciones pésimas de alojamiento, sino de que los protocolos actuales exigen prevenir casos importados de covid y nada es menos recomendable, por si hubiera positivos, que hacinar a los inmigrantes en espacios reducidos que favorecen los contagios. Un caso similar se dio en Murcia, con lo que el goteo de embarcaciones que pueden llegar en verano hace prever que el disparate se repita cuando debería ser intolerable en sociedades que defienden los derechos humanos y que deben evitar los rebrotes.

La gestión de las Administraciones ante la llegada de pateras cargadas de migrantes, desde siempre delicada y compleja por sus derivadas políticas y la falta de recursos económicos, se ha complicado todavía más por la crisis sanitaria. La Secretaría de Estado de Migraciones estableció el 25 de julio un protocolo para localizar si llegaba alguna persona contagiada y evitar que la enfermedad pudiera propagarse. El documento obliga a realizar pruebas PCR y, si hubiera positivos, a aislar a los posibles contagiados y a sus contactos, y a ajustarse después a las estrategias diseñadas por cada comunidad para frenar cualquier posible rebrote. O lo que es lo mismo, ordenar las cuarentenas. El protocolo, imprescindible, resulta mucho más fácil de elaborar que de hacerlo efectivo. Y eso es lo que se vio —casi antes de que se secara la tinta con la que se habían redactado las normas— con el desembarco en Murcia y en Andalucía de unas 700 personas llegadas en pateras. La realidad volvió a imponerse: no existían instalaciones donde alojar a los recién llegados para realizar las pruebas pertinentes con las debidas garantías. Tocaba, una vez más, improvisar sobre la marcha.

El desbarajuste que se ha armado con la llegada de las pateras tras salir del confinamiento obligatorio ha vuelto a revelar tensiones entre el Ejecutivo y algunas comunidades que, como Canarias, Andalucía y Murcia, han exigido que, al tratarse de un problema migratorio, sea el Gobierno el que se ocupe de las cuarentenas. El Ejecutivo entiende, en cambio, que al ser una cuestión sanitaria la responsabilidad es de las comunidades, que tienen transferidas esas competencias.

Articular una respuesta eficaz a las llegadas de migrantes irregulares es una de esas cuestiones que, con demasiada frecuencia, queda encallada porque las fuerzas políticas suelen utilizarla para sacar réditos partidistas. Está, además, envenenada por la demonización del extranjero que la extrema derecha ha levantado en toda Europa como bandera. Por eso mismo, sería un error que las distintas Administraciones se cargaran de razón para endosarse unas a otras un problema que obliga a decisiones consensuadas, inversiones inmediatas y mucha voluntad de acuerdo para construir respuestas que duren algo más de lo que da de sí el impacto que producen las imágenes de las pateras en los telediarios.