¿Persecución o actuación justa?

A finales de la semana pasada sorprendió una noticia. El Consejo Nacional Electoral anunció una investigación contra el excandidato presidencial de izquierda y actual senador Gustavo Petro. La razón: Tres aportes económicos a su campaña de 2018 que suman poco más de 100 dólares. Todo indicaría que estos tres aportes fueron hechos por funcionarios públicos, lo cual esta prohibido por ley. Esto lo dio a conocer Renato Contreras, un magistrado del CNE.

Obviamente, como era apenas normal, hubo una sensación entre risa e indignación, pues un aporte de 100 dólares estaba lejos de ser algo comparable con otros tres escándalos en los que la autoridad electoral y la justicia en particular no ha hecho nada. Por un lado, el famoso escándalo de Odebrecht, que vincularía a las campañas presidenciales de 2010 y 2014, entre ellas las campañas del uribismo. El resultado, hasta ahora, es nada. Estamos en los niveles de México y Venezuela con el caso Odebrecht, donde la justicia brilla por su ausencia.

En segundo lugar, el reciente escándalo de la ñeñepolítica. El resumen de dicho escándalo es que, en medio de una investigación por homicidio, se interceptó legalmente el celular de José Hernández, conocido como el Ñeñe. En uno de los audios se habla, previó a la segunda vuelta presidencial, de “una plata para pasar debajo de la mesa para soltarla en los departamentos”. El Ñeñe, además, es señalado por algunos sectores de ser un narcotraficante. De hecho, en 2019 en una operación de la policía y la fiscalía se incautaron varias propiedades a una red criminal de la cual haría parte el Ñeñe. De ahí en adelante, solo fotos y audios que mostrarían la cercanía del Ñeñe con la campaña del actual presidente, Iván Duque. Obviamente, no ha pasado nada.

Además de todo lo anterior, un nuevo escándalo: la posible financiación de un extranjero a la campaña de Duque, lo cual está prohibido. En un audio interceptado, una de las personas más cercanas al expresidente Álvaro Uribe, Cayita Daza, le pregunta a la directora del partido Centro Democrático, Nubia Stella Martínez: “¿Qué pasó con lo del venezolano?” Martínez le responde: “Sí, ¿sabes cuánto nos dio? 300.000 dólares”. Horas después de esto, la directora del partido manifestó que hubo un lapsus, pero que la plata nunca entró, solo habría habido un ofrecimiento.

Sin embargo, como siempre ocurre, horas después se dio un nuevo informe del portal La Silla Vacía, el cual mostró cómo una empresa colombiana, filial de una extrajera, en la que el venezolano Oswaldo Cisneros es accionista en al menos el 18%, entregó una jugosa donación. En este caso, a pesar de las evidentes contradicciones de la directora del partido, no pasa nada.

El Consejo Nacional Electoral es un órgano politizado, envuelto en una serie de cuestionamientos desde hace varios años. Su elección la hacen los partidos políticos. Es decir, los partidos políticos eligen a sus amigos para que los vigilen. No hay vigilancia. De hecho, el magistrado Contreras es el designado por el partido de Gobierno, el Centro Democrático, quien por 100 dólares le abre investigación a Gustavo Petro mientras esa misma institución nada que avanza en las investigaciones de la campaña de Iván Duque.

Cualquier persona, derivado de todo lo anterior y sumado a las interceptaciones y perfilamientos ilegales desde un sector del Ejército hacia periodistas y políticos de la oposición, algo que sigue en la impunidad, podría pensar que lo que se está dando en Colombia es una persecución a la oposición, la cual incluye el acoso jurídico. Para otros, sencillamente es normal y la justicia debe actuar, ya sea por unos cuantos pesos o por miles de millones. Juzguen ustedes cuál versión se acerca más a la realidad de lo que actualmente ocurre en el país.