Actuar a tiempo

Desde el momento en el que hay transmisión comunitaria, la única forma de frenar el virus es el confinamiento. En varios lugares de España se ha llegado a esta lamentable situación por falta de previsión. A diferencia de lo que ocurrió al comienzo de la pandemia, cuando la facilidad de propagación del virus cogió a todos por sorpresa, esta vez las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas han tenido más de cuatro meses para preparar y desplegar los dispositivos de rastreo. Todas sabían que el seguimiento y control de los nuevos casos y sus posibles contactos era vital para romper la cadena de contagios. Y sin embargo, la precariedad de estos dispositivos es clamorosa en la mayor parte de España.

Particularmente nefasta ha sido la gestión en Cataluña, que ayer tuvo que dictar medidas de restricción en Barcelona y su área metropolitana. Tras criticar sistemáticamente al Gobierno central por no ser más restrictivo en el confinamiento y afirmar que de haber tenido el control no hubiera habido ni tantos contagios ni tantos muertos en Cataluña, el Gobierno de la Generalitat se volvió repentinamente permisivo. En cuanto recuperó las competencias tras el estado de alarma se apresuró a levantar las restricciones incluso en las zonas que habían tenido que prolongar la fase dos. En las áreas de Barcelona y Lleida, justo donde en estos momentos hay más contagios, la fase tres apenas duró 24 horas. Eso provocó un exceso de confianza que hoy pagamos todos. Las mismas autoridades que antes culpaban al Gobierno central transfieren ahora la responsabilidad de los brotes a los ciudadanos sin asumir que ellas mismas tienen una gran parte.

Lo más preocupante es la incapacidad para mantener un control ágil y eficaz de los nuevos contagios. Justo el jueves la consejera de Salud catalana anunció la contratación de 500 nuevos agentes de salud pública para reforzar a los ya 245 existentes, pero si se aplicaran los estándares de Alemania, serían necesarios 2.000. La misma debilidad se observa en la red de vigilancia de otros puntos de España, como Aragón, y particularmente en Madrid, con el agravante de que en este caso ni siquiera hay información fiable para poder evaluar la situación real de los brotes. La opacidad con la que la comunidad gestiona la pandemia plantea fundadas sospechas de ocultamiento, lo que sería un doble error, pues el virus no respeta camuflajes y una vez la transmisión alcanza cierta masa crítica, ya es muy difícil evitar que la progresión de contagios sea geométrica. Ante esta situación, el Gobierno central tiene la obligación de asegurar que las comunidades autónomas están en condiciones de controlar los brotes. Si no es así, está justificado barajar opciones más severas.