Editorial
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Ley y corona

La investigación al Rey emérito demuestra que la democracia funciona

El rey Juan Carlos, en una imagen de 2018.
El rey Juan Carlos, en una imagen de 2018.Esteban Felix / AP

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, han reaccionado estos días a las informaciones conocidas sobre el patrimonio oculto del Rey emérito, don Juan Carlos, que investigan tanto la Fiscalía suiza como la del Tribunal Supremo en España. Aunque discrepantes en la forma y en el fondo, presidente y vicepresidente han coincidido en ir más allá de las declaraciones de respeto a la justicia obligadas y suficientes para un Ejecutivo, y han llevado al terreno político un episodio que requiere anteponer el compromiso con las instituciones a cualquier otra motivación o interés partidista.

El comportamiento personal de don Juan Carlos ha decepcionado a la inmensa mayoría de los españoles, por más que su actuación política mientras estuvo al frente de la corona merezca reconocimiento. Renunciando voluntariamente a la totalidad de los poderes que recibió de la dictadura y poniéndolos a disposición de los ciudadanos, convocados a las urnas para iniciar un proceso constituyente en el que siempre tuvieron la última palabra, realizó una contribución insustituible a la recuperación de las libertades perdidas con el triunfo de la rebelión militar contra la República. Pero no es esta dimensión de su figura sobre lo que investiga la justicia suiza y sobre lo que tarde o temprano habrá de pronunciarse también la española.

De confirmarse los indicios de delito que pesan sobre don Juan Carlos, no es ni la Monarquía ni su regulación constitucional lo que estará en entredicho. La argumentación del vicepresidente Iglesias poniendo en duda la legitimidad del actual titular de la corona por las acciones de su antecesor, justificando esta conclusión en que la Monarquía es una institución hereditaria, no responde a ninguna lógica democrática. Por el contrario, responde a una lógica diferente y a la que los principios penales de la democracia vinieron a poner fin: la lógica de tiempos pasados por la que la responsabilidad por los delitos no se limita a quien los comete, sino que se proyecta sobre los hijos. Y todo ello por no entrar en el desprecio a la voluntad democrática que supone sostener, como ha sostenido el vicepresidente Iglesias, que la legitimidad de las monarquías parlamentarias deriva de la herencia biológica, no del reconocimiento expreso del titular que realizan los ciudadanos a través de los Parlamentos.

El presidente Sánchez, por su parte, anunció sus deseos de una revisión de los aforamientos y una reforma constitucional para limitar la inviolabilidad del jefe del Estado, además de agradecer a la Casa Real su distanciamiento expreso de la actuación de don Juan Carlos. Se trata de declaraciones desconcertantes, puesto que dejan entender que, en un asunto que exige prudencia y precisión, el máximo responsable del Ejecutivo maneja de manera aproximada los conceptos de aforamiento y de inviolabilidad; y que al proponer una reforma constitucional creía sugerir una solución cuando lo que hacía era crear un nuevo problema. El principal, entre muchos otros, consiste en que la reforma no sería aplicable retroactivamente a don Juan Carlos. Por otra parte, al sugerirlo al calor de lo revelado esta semana crea una expectativa de cambio que ni las complejas regulaciones constitucionales ni las actuales mayorías parlamentarias están en situación de satisfacer.

Es, sin embargo, en el agradecimiento a la Casa Real donde el presidente Sánchez cometió un error bienintencionado, al dar la impresión de que se colocaba frente a la Monarquía en una posición exterior, que es el mismo error en el que incurre su vicepresidente cuando reconoce a la Monarquía solo porque sus fuerzas son insuficientes para promover la república. Más que coincidir en lo que dijeron, que era distinto, coincidieron en la posición desde la que lo dijeron, una suerte de Olimpo político desde el que ambos parecían advertir mejor que nadie qué le conviene a la Monarquía y al país. El Rey emérito responderá ante la justicia del sistema que él mismo contribuyó a crear, lo que demuestra que este es democrático y funciona. También por lo que respecta a la Corona. Y bastaba con que presidente y vicepresidente hubieran recordado estas evidencias.

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