Explicación necesaria

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, está inmerso en un procedimiento judicial de consecuencias inciertas. El caso es paradójico. Él, que en principio aparecía como la víctima principal de un delito de revelación de secretos, acabará siendo el centro del proceso si la investigación judicial confirma las sospechas del instructor. Pero más allá del resultado de la instrucción, el vicepresidente tiene la responsabilidad política de preservar el nombre de la institución que representa y ofrecer explicaciones claras sobre los puntos que enturbian el caso y que podrían llegar a desestabilizar al Gobierno del que forma parte.

Hasta ahora, Iglesias ha sido el principal perjudicado de la revelación de secretos que se investiga en la causa abierta por el juez Manuel García Castellón. Parte del contenido de la tarjeta de memoria de un móvil robado en noviembre de 2015 a su asesora, Dina Bousselham, se publicó en algunos medios. Al menos tres copias de la tarjeta realizadas entre abril y junio de 2016 fueron halladas en el domicilio del comisario José Manuel Villarejo, encarcelado como cabecilla de una trama corrupta dentro del Ministerio del Interior. El material se publicó en varios medios con los que el comisario mantenía comunicación fluida. El juez imputó a Villarejo por revelación de secretos y ofreció acciones penales al principal perjudicado de esa acción. Esta situación cambió radicalmente por las confusas explicaciones de Iglesias y de su asesora sobre el rocambolesco periplo de la tarjeta, que hicieron sospechar al juez. Este retiró al líder de Podemos la condición de víctima y ahora se le investiga. Iglesias tiene un punto débil. ¿Por qué no devolvió durante meses una tarjeta con datos privados a su legítima propietaria? Y por qué, cuando se la devolvió a Bousselham, supuestamente en el verano de 2016, esta no pudo acceder a ella porque estaba estropeada. Lo que ha dicho al respecto hasta ahora —”por no meterle presión”— resulta tan paternalista como infantil. Y políticamente inaceptable.

La existencia de la policía patriótica y de ciertos desagües oscuros del Estado desde donde personajes como Villarejo han actuado contra Podemos y contra el independentismo es algo que dirimirán los tribunales. Pero, en todo caso, no puede ser aprovechado por el vicepresidente para eludir su responsabilidad. En muchos Estados existen por desgracia cloacas, pero no es encomiable que un miembro del Gobierno las instrumentalice a ellas y a la prensa como chivos expiatorios para obtener réditos. Colocarse como perjudicado por una conspiración desde el poder es impropio de quien ostenta tanto poder, y debe atenerse al principio de la transparencia y la rendición de cuentas. En el caso concreto de la tarjeta permanecen sin aclarar demasiadas incógnitas. Si de las contradictorias versiones del vicepresidente pudiera derivarse una falta a la verdad en sede judicial, ello obligaría a analizar las eventuales implicaciones penales. Pero la más urgente es la responsabilidad política. Iglesias no puede ignorar que su obligación es garantizar, además de su buen nombre, la estabilidad del Gobierno del que forma parte. Y no faltarle el respeto a los ciudadanos.