Editorial
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Mirar hacia atrás

El reto de las sociedades democráticas es enfrentarse a su pasado, no borrarlo

Protesta contra la estatua de un soldado confederado en Georgetown, Texas.
Protesta contra la estatua de un soldado confederado en Georgetown, Texas.RICARDO B. BRAZZIELL / AMERICAN-STATESMAN / AP

La muerte de George Floyd en Minneapolis a manos de la policía ha provocado movilizaciones en el mundo entero para protestar contra la violencia de las fuerzas de seguridad y contra el racismo que sigue vivo en las sociedades actuales. Las manifestaciones han ido en algunos casos más lejos y en distintos lugares se han vuelto a cuestionar los símbolos que los países occidentales conservan de un pasado ominoso, el colonial y el esclavista. Los datos del presente hablan por sí solos: no solo está la terrible muerte de Floyd, asfixiado durante un arresto rutinario con una violencia inaudita a pesar de sus quejas, sino también los disparos que acabaron en Atlanta con un joven afroamericano en el aparcamiento de un local de comida rápida. A estos episodios trágicos es necesario añadir una realidad incontestable, y es que durante esta pandemia del coronavirus son las minorías étnicas las que tienen más probabilidades de padecer la enfermedad. Las diferencias en el color de la piel se traducen en desigualdades sociales, con lo que los herederos de un pasado de dominación y exclusión padecen hoy mayor pobreza, marginación, fragilidad. La respuesta ante este desamparo se ha concretado en ocasiones en la destrucción, o el deterioro, de distintos monumentos. Pero por mucho que estos caigan o terminen desapareciendo, el pasado seguirá ahí, impertérrito.

Ha vuelto así la endiablada discusión sobre si tiene sentido retirar los símbolos del pasado colonial, los que celebran las gestas de los esclavistas o las que recuerdan a quienes contribuyeron a la liquidación de las comunidades originarias que encontraron los imperios occidentales en su expansión por el mundo. En las últimas semanas se han vandalizado en Estados Unidos monumentos de los líderes de los Estados Confederados que se rebelaron contra la abolición de la esclavitud y se han derribado estatuas de Colón o se les ha cortado la cabeza, en Bélgica se atacaron piezas que enaltecen al rey Leopoldo II —responsable de la brutal colonización del Congo—, mientras que en el Reino Unido la rabia se dirigió contra aquellas figuras que en su día hicieron fortuna con el comercio de esclavos o, incluso, se pintarrajeó una estatua de Churchill, tachándolo de racista.

Todos estos episodios se sostienen en la idea de que resulta intolerable que en las sociedades democráticas del siglo XXI, cuyos valores están inspirados en los derechos humanos, puedan seguirse permitiendo en los espacios públicos los homenajes a algunos personajes históricos cuyo legado hoy resulta, en algunos casos, abominable. Hay quienes defienden que la salida a este malestar pasa por borrarlos, como si nunca hubieran existido. El pasado, que es tan complejo como el presente y frente al que no siempre puede dictarse una condena o una absolución definitivas, se conserva también en esas estatuas, monumentos, construcciones. No hay duda de que es inaplazable para los Gobiernos —y las sociedades— buscar respuestas ante cuantos se han rebelado contra los rastros de una historia cargada de crueldades y desolación. Pero la mejor salida no es la de destruir las huellas del pasado, sino favorecer otras fórmulas —como su exposición dentro de los museos o los carteles que contextualicen lo que realmente pasó— para encontrar el cauce de salida a esa profunda indignación que suele estallar cuando las injusticias del presente recuerdan demasiado algunos horrores del pasado.


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