Sobre ruedas

La recuperación de la economía después del estado de alarma no será factible sin un rescate previo del sector del automóvil. El Gobierno ha presentado un plan para superar el estancamiento de las matriculaciones que implica aportar unos 100 millones de euros para estimular la compra de vehículos eléctricos e implantar infraestructuras de recarga. Al mismo tiempo, se destinarán en torno a 250 millones a una resurrección exprés del Plan Renove. La subvención será variable, en función de la calidad medioambiental del coche comprado, con el compromiso de que la ayuda debe ser igualada por los fabricantes. El Ejecutivo promete además (sin fecha) la revisión de la estructura fiscal del automóvil. En conjunto, los recursos movilizados para sostener e incentivar el cambio en la industria de este sector alcanzan los 3.750 millones de euros, una cantidad que refleja la importancia que se le concede en el marco de la reconstrucción global de la industria.

El plan cumple con las expectativas empresariales y con las exigencias medioambientales defendidas por el Gobierno. Las ayudas se aplican también a los vehículos diésel y de gasolina, pero las subvenciones son directamente proporcionales a la calidad ambiental del vehículo. La industria asume el compromiso de fabricar entre 700.000 y 800.000 vehículos eléctricos hasta 2030, acuerdo que debería ser vigilado para cumplir con los objetivos de sustitución de carburantes por electricidad. Como suele suceder, el valor añadido del plan radica en su carácter pactado. El Ejecutivo no impone a las empresas algo que no puedan o no quieran cumplir, y la industria inicia un proceso de ajuste a las exigencias medioambientales que en los próximos años necesitará sin duda otros pactos y desarrollos legales.

Este plan procede de una situación excepcional. El modelo óptimo es que la industria automovilística se gobierne por las reglas de mercado, sin necesidad de muletas económicas permanentes. La decisión de apoyar al automóvil se justifica en primer lugar por el carácter estratégico del sector. No se pueden perder los empleos directos e indirectos que genera por una situación catastrófica. Y, en segundo lugar, porque la transición energética exige que el automóvil oriente su producción a vehículos menos contaminantes.

El plan, excepcional y pactado, no agota el repertorio de decisiones que debería adoptar el Gobierno como parte de una reforma del transporte y de las infraestructuras viarias. Hay que reforzar los incentivos a la compra de vehículos eléctricos o ecológicos durante los próximos años con medidas complementarias. Se consigue rejuveneciendo el parque automovilístico español, o acordando con las autoridades municipales el cierre de las ciudades a los vehículos convencionales.

La industria del transporte necesita además una reforma estructural para que las empresas ganen tamaño, puedan invertir en mejoras tecnológicas y reducir la contaminación de sus vehículos. Esta reforma, que tendría un impacto considerable sobre el mercado automovilístico, debe formar parte de la reconstrucción de la economía a partir de 2021. El rescate del automóvil engrana así con el plan de transición energética que, por cierto, sigue siendo prioritario.