Prevenir la corrupción también es reconstruir

La crisis de la covid-19 se ha llevado por delante miles de vidas, negocios, sueños y proyectos. Pero el ser humano, como nos enseñaba Viktor Frankl, tiene en sí mismo una fuerza interior que, a través del sentido, le hace superar toda adversidad y le aporta la resiliencia necesaria para, a pesar de todo, comenzar de nuevo. Dar sentido a la vida, desde la libertad, es, así pues, nuestra más poderosa arma frente a la adversidad. Nuestros representantes políticos han creado una comisión de reconstrucción tras la crisis generada por el coronavirus y parecen querer generar un impulso nacional que nos permita salir del confinamiento con nuevas fuerzas y nuevos compromisos colectivos. Darnos sentido como sociedad y abrirnos a nuevos horizontes de crecimiento sostenible y equidad es un encomiable objetivo. No sabemos si finalmente estarán a la altura del reto, lo deseamos sinceramente, pero sí es cierto que han empezado con demasiadas tensiones y demasiados olvidos.

La corrupción es la principal barrera para el crecimiento económico según el Banco Mundial; una afirmación corroborada por muy diversos estudios provenientes de muy diferentes instituciones y universidades. También es una fuente de degeneración en la toma de decisiones medioambientales, poniendo siempre por delante los intereses de los corruptos sobre los de las generaciones futuras. Más aún, es fuente de desigualdad y pobreza, destruyendo el contrato social y los principios de justicia básica en los que se fundan las sociedades democráticas. En última instancia, como enfermedad moral que es, pudre toda la sociedad y va secando los pozos de institucionalidad que pueda haber en las comunidades. España no es un país inmune al virus de la corrupción, igual que no lo ha sido a la covid-19. Más bien, es un país con graves problemas de corrupción política y donde el clientelismo anida en los más diversos y recónditos espacios de decisión de nuestra clase política. Por ello, creemos que poco avanzaremos en la reconstrucción si no se aborda una de las barreras más importantes para la justa convivencia.

En suma, creemos que la comisión de reconstrucción debería haber incluido entre los expertos a consultar a algún representante de las organizaciones que se dedican desde hace años a la lucha contra la corrupción en España. Es triste ver cómo la nueva mayoría surgida, en principio, de la moción de censura y, después, de un voto popular influido notoriamente por la voluntad de regeneración democrática, ha ido abandonando la prevención y la lucha contra la corrupción del centro de su agenda política. Obviamente, hay muchos otros problemas, y más ahora, con la crisis económica y sanitaria que sufrimos, pero creemos que precisamente sufrimos con tanta crudeza ambas crisis por los problemas de corrupción y clientelismo que nuestro sistema permitió durante tanto tiempo. El despilfarro y los fondos perdidos por la corrupción hubieran permitido, de haberse dedicado a lo importante, tener una sanidad mucho mejor preparada para la pandemia, hubieran impulsado la investigación y hubieran, sin duda, dejado unas cuentas más saneadas con las que pedir préstamos a menor tasa de interés. En todo caso, puestos a hablar de reconstrucción, creemos que no habrá reconstrucción posible sin un plan estratégico anticorrupción holístico e integrado, con participación social amplia y consenso político suficiente.

Llegados a este punto, proponemos que, entre los debates que la comisión mantenga, la corrupción sea uno de los temas tratados y que se llame a comparecer a expertos en la materia para, entre todos, generar las bases de ese ansiado plan estratégico que venimos reclamando. Mas, como se hace camino al andar, mientras tanto, pedimos a todos los grupos políticos que lean la propuesta de “ley de prevención y lucha contra la corrupción” que hemos elaborado distintos expertos y activistas en la lucha contra esta enfermedad moral, y que el Grupo Parlamentario Socialista ha tomado ya en consideración, para que, cuanto antes, se apruebe por nuestro Parlamento y se dé protección a los denunciantes de ilegalidades y corrupción en nuestro país, trasponiendo y enriqueciendo la normativa europea. En dicha norma, se afrontan algunas de las lagunas más importantes que tenemos en este ámbito. Para empezar, una definición clara de lo que son y significan los alertadores y denunciantes, para seguir, unas líneas claras de protección, que incluyen la indemnidad laboral, el apoyo jurídico, la asistencia psicológica, la asistencia económica y la persecución de las represalias y de quienes las consienten. Por primera vez se crea una autoridad nacional de lucha contra la corrupción, con todas las garantías de independencia y competencia; y se abren diversos canales de denuncia impulsando los sistemas de integridad en las organizaciones públicas y privadas. Con estos dos caminos, la estrategia y la ley, creemos que empezaremos a reconstruir rigurosamente nuestras instituciones y a generar las barreras necesarias para evitar que la corrupción siga pudriendo las bases de nuestra convivencia. Es momento de dar sentido y dirección nueva a nuestro país, y es evidente que la España que quiere la inmensa mayoría de la ciudadanía es una España limpia y honesta.

Manuel Villoria es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos.