TRIBUNA
Opinión
Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

El presidente López Obrador y los “Científicos”

¿Existe un solo ejemplo en la historia en el que una sociedad pueda seguir funcionando sin esas científicas, esos académicos, esas docentes, esos investigadores y esa gente de cultura?

El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina el lunes en Cancún.
El presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina el lunes en Cancún.---/Presidencia de México/dpa (Europa Press)

Para los lectores de otros países, que no se dan abasto entre las noticias sobre la pandemia, la economía mundial que se desmorona (y con ella las economías familiares de algunos de esos mismos lectores) y la explosión social que está ocurriendo actualmente en los Estados Unidos, lo que está viviendo la comunidad científica, académica y cultural mexicana no puede ser un tema que resulte muy atractivo o muy interesante. Y, sin embargo, me parece que vale la pena tratar de dar una idea, aunque sea aproximada, de lo que está teniendo lugar con esa comunidad. Para no extenderme mucho, me limitaré a los rasgos más generales, no entraré en los detalles locales y trataré de ser lo más conciso posible. Me gustaría pensar que eso bastará para que los científicos, la gente de cultura, los profesores y las investigadoras de otras latitudes se identifiquen en alguna medida con lo que expondré aquí. Lo mismo respecto a las personas que creen que la ciencia, la cultura, la docencia, la investigación y la academia en general tienen mucho que aportar a la sociedad, a cualquier sociedad en cualquier tiempo.

Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su Administración en diciembre de 2018, asistimos a un ataque, con medidas concretas, en contra de “la corrupción”, de “los privilegios” y de “los privilegiados”. Era imposible y sigue siendo imposible estar en desacuerdo con esos objetivos. Más aún porque, si por algo se caracterizó la presidencia anterior, la de Enrique Peña Nieto, además de su frivolidad, fue por el nivel de corrupción gubernamental que campeó en México entre 2012 y 2018. No es fácil, en la historia de México como país independiente, destacarse por ser uno de los gobiernos más corruptos de los que se tengan memoria, pero así sucede con la presidencia de Peña Nieto (estamos, por lo demás, a 15 meses de que se cumplan 200 años del inicio de esa vida independiente).

Lo que nunca imaginamos los académicos, los científicos y los “expertos” en cualquier caso es lo que estaba por venir. Este último término lo entrecomillo porque fue desacreditado en varias ocasiones por el presidente López Obrador durante su gestión, hasta que apareció el coronavirus y entonces el ser experto en algo (epidemiología en este caso) resultó ser no solo una gran ventaja, sino casi la salvación. Sea como sea, lo que empezó a suceder a poco de iniciada la nueva administración fue un ataque frontal, por parte del presidente López Obrador y de la doctora María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), a muchos centros de investigación y de docencia. Este ataque se ha servido, básicamente, de un arma poderosísima: el presupuesto federal. En un país como México, cuyas instituciones científicas dependen casi por entero del presupuesto público federal, cualquier recorte es un ataque a la columna vertebral de la ciencia, de la investigación y de la docencia mexicana en educación superior.

No voy a enumerar aquí a los 26 Centros Públicos de Investigación, conocidos como CPIs en México, en los que se lleva a cabo investigación de muy alto nivel en áreas del conocimiento muy diversas. Mi formación es en ciencias sociales y humanidades, por lo que no puedo dar detalles sobre muchas de esas áreas, pero lo que sí puedo asegurar que en algunos de estos centros se ubica la mejor ciencia que México es capaz de hacer, ya sea en ciencias exactas, ciencias biológicas o ciencias sociales. Ahora bien, las políticas de recorte presupuestario que ha aplicado sistemáticamente el presidente López Obrador en el campo de la ciencia, la investigación y la cultura, siempre con la anuencia y el respaldo de la principal responsable de la política científica mexicana, la ya mencionada doctora Álvarez-Buylla, no solo han afectado a esos 26 CPIs, sino también a muchas otras instituciones académicas (alguna por ahí, dicho sea de paso, de enorme relevancia académica y social, apenas se ha visto afectada). Que dichas políticas se hayan justificado al amparo del discurso anticorrupción, antiprivilegios, antidispendio y, últimamente, cobijadas por ese constructo ideológico denominado “ciencia neoliberal”, es algo que rebasa al más básico de los entendimientos.

Por supuesto que en el ámbito científico y académico mexicano había dispendios. Por supuesto también, había que eliminarlos. Muchos académicos celebramos que se termine con hábitos y prácticas que eran inaceptables y que no contribuían un ápice a que en México se hiciera más o mejor ciencia. De ahí a convertir a la práctica totalidad de los científicos y de los académicos mexicanos en “privilegiados”, media un abismo. Llevo dos décadas en el mundo académico mexicano como profesor-investigador de una pequeña institución pública, dedicada sobre todo a la investigación en ciencias sociales y humanidades. Durante ese lapso, por motivos de trabajo he visitado varios centros de investigación y no pocas universidades, sobre todo en provincia. A excepción de un puñado de colegas en diversas instituciones, jamás he tenido la impresión de que el gremio académico mexicano constituye un grupo privilegiado. Menos aún si se consideran los años que dedicaron a su preparación (en promedio, poco más de 10 años). Sé muy bien que decir esto en una de las sociedades más desiguales de América Latina es arriesgado. Por una razón muy simple: en sociedades como la mexicana, con más de 50 millones de personas viviendo en pobreza extrema (cifra que la pandemia y la consecuente crisis económica incrementará significativamente), se podría decir que varios millones de mexicanas y mexicanos son, de uno u otro modo, privilegiadas y privilegiados. Planteado así, el argumento parece inatacable, pero creo que conviene hilar un poco más fino.

Aceptar ese argumento es convertir a gran parte de las clases medias mexicanas en privilegiadas. Sin embargo, cuando en una discusión de este tipo estamos hablando de “privilegiados”, es muy claro que sí hay un segmento de la población que puede ser denominado de esa manera sin necesidad de muchas precisiones. En México, como en todas las sociedades desiguales del mundo, existe ese segmento en números totales que no son desdeñables. Si el presidente considera que a ese segmento se le deben aplicar ciertas políticas que contribuyan a mitigar la desigualdad, esa es su decisión; mientras se respete el Estado de derecho, es una opción que él tiene como presidente de la república. El punto aquí es que aplicar el sustantivo o adjetivo “privilegiado” a buena parte de las clases medias, parece presuponer como uno de los objetivos presidenciales el desmantelamiento de esas clases medias. Una pregunta se impone: ¿es eso lo que pretende el presidente López Obrador? Otra: ¿existe algún caso en la historia en el que una sociedad pueda salir adelante como sociedad si buena parte de su clase media es sistemáticamente erosionada? Más concretamente: ¿de veras considera el presidente de México que las científicas, los académicos, las docentes, los investigadores y la gente que vive de la cultura y para la cultura viven en una situación de privilegio? Otra vez: ¿existe un solo ejemplo en la historia en el que una sociedad pueda seguir funcionando como sociedad sin esas científicas, esos académicos, esas docentes, esos investigadores y esa gente de cultura?

Hace unos días (el jueves 28 de mayo concretamente), al final de su conferencia matutina, el presidente López Obrador hizo una equivalencia que resume, encapsula o “explica” lo que, a mi parecer, está detrás de buena parte de lo que la comunidad científica y académica mexicana ha vivido desde hace un año y medio. Con una ligereza histórica y moral que me dejó estupefacto, el presidente de México hizo una equivalencia entre un grupo de políticos conservadores que apoyaron al dictador Porfirio Díaz a fines del siglo XIX, conocidos como los “Científicos”, con algunos de quienes “se dedican a la ciencia, a la cultura, a la investigación, a la academia” actualmente en nuestro país. Para cualquiera que sepa un poquito de historia de México, esto es casi una afrenta. No me detengo en la manipulación de la historia con fines ideológicos, pues ya varias historiadoras se encargaron de ponerlo de manifiesto, pero tengo que decir algo sobre lo que desde mi punto de vista está detrás de la referencia histórica del presidente y de muchas de las políticas que ha aplicado hasta hoy en relación con la comunidad científica y académica. Desde ese jueves de mayo está claro que para el presidente López Obrador no pocos de los científicos mexicanos y de las académicas mexicanas forman parte integral del conservadurismo; en otras palabras, son política e ideológicamente conservadores y conservadoras. Como tales y por lo que aclararé en el párrafo siguiente, son enemigos a vencer. De hecho, para el presidente López Obrador no son “gentes conscientes”. Esta fue la expresión que empleó el presidente aquel día para referirse a quienes de una u otra manera comulgaban o comulgan con los “Científicos”, es decir, ese grupo político conservador que en general aduló, apoyó y solapó al dictador Díaz.

Ante la visión maniquea de la historia de México que el presidente López Obrador ha exhibido en repetidas ocasiones desde el primer día de su Administración (en realidad, desde su campaña presidencial), en la que los “liberales” son los buenos de toda bondad y los “conservadores” los malos de toda maldad, y ante la retórica, las disposiciones y las actitudes de la directora general del Conacyt, no es difícil colegir lo que el futuro inmediato le depara a la comunidad científica y académica mexicana. Concluyo con algo que, hoy por hoy, parece incontrovertible y que no ignora que el día de ayer se revirtió el último de los recortes que se había decidido aplicar a los CPIs: de no modificarse algunas de las políticas que se están aplicando y de no variar el rumbo respecto a lo que significa y representa para México su comunidad científica, académica y cultural, varias de las mejores instituciones científicas, académicas y culturales mexicanas no podrán seguir funcionando o, en el mejor de los casos, lo harán bajo condiciones sumamente adversas.

¿Se trata de una faceta más de la muy complicada realidad que está viviendo la sociedad mexicana actual? Sin duda, pero, hasta donde alcanzo a ver, esta faceta tiene una relevancia y una trascendencia que debieran resultar evidentes para propios y extraños.

Roberto Breña es académico de El Colegio de México.

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