Viejos hábitos

Los servicios de espionaje y contraespionaje militar de Colombia no nacieron para defender los derechos humanos y combatir las amenazas contra la convivencia democrática, la seguridad y la defensa nacional. Fueron creados para perseguir comunistas cuando la violencia del bipartidismo conservador y liberal se transformó en violencia subversiva y la revolución de Fidel Castro intervino en la confrontación ideológica entre EE UU y la Unión Soviética. Los mandos de la trama que ha espiado ilegalmente a políticos, periodistas, sindicalistas y ONG son legatarios de la cultura del atropello establecida en 1964 por el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia en su lucha sin cuartel contra las FARC y el ELN.

La ilegal intromisión en la vida de las personas destapada por la revista Semana ha sido recurrente desde los años en que los jefes guerrilleros arengaban a los campesinos, prometiéndoles la toma revolucionaria de la tierra y el ajusticiamiento de los malparidos que se hacían millonarios con el hambre y dolor del pueblo. El Ejército reaccionó movilizando tropas, escuchas e hipérboles contra el bandolerismo bolchevique que enfrenta a los partidos tradicionales y siembra el caos y la anarquía en la patria engañando al trabajador.

La depuración de las agencias encargadas de preservar el régimen democrático exige el desarrollo de la Ley Estatutaria 1618, con el deslinde del espionaje militar, policial y financiero, y la previa autorización de los jueces para abordar operaciones susceptibles de comprometer libertades fundamentales. El desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad las arrasó durante su mancomunidad con los matarifes paramilitares que aceleraron la escabechina física y moral de Colombia.

Puesta la ley de 2013, puesta la trampa de su inobservancia por los nostálgicos del secreto como coartada. La Fiscalía deberá identificar a los responsables políticos y operativos de los seguimientos prohibidos y averiguar si hubo enriquecimiento personal con los fondos de albañal y la compraventa de información económica. El fraudulento uso de los recursos técnicos y financieros aportados por EE UU contra el narcotráfico implica a oficiales cuya conducta no corresponde valorar a la justicia castrense, sino a la ordinaria puesto que la persecución a civiles era ajena a las funciones del empleo militar.

La ley que establece el marco jurídico de las actividades de inteligencia hubiera debido ser suficiente porque incorporó la rendición de cuentas, ignorada durante el más de medio siglo de violencias y crueldades. El artículo cuarto del precepto dice que, en ningún caso, la información deberá ser obtenida o procesada por razón de género, religión u opinión política o filosófica; ni tampoco para beneficiar o perjudicar a partidos y organizaciones ciudadanas. Así debiera ocurrir, pero América Latina ha demostrado su propensión a la verbosidad, a la aprobación de reglamentos que incumple. Las reiteradas omisiones obstaculizan el progreso de los derechos, y la recuperación de un país convaleciente de heridas de guerra que solo el tiempo, la política y la vigilancia del Estado podrán cauterizar.