Editorial
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Urnas pendientes

El regreso a la normalidad pasa por elecciones en Galicia y el País Vasco

El lehendakari Iñigo Urkullu.
El lehendakari Iñigo Urkullu.Asier Bastida / Europa Press

El real decreto que establece la cuarta prórroga del estado de alarma, publicado tras la autorización del Congreso de los Diputados concedida el miércoles, prevé que los Gobiernos vasco y gallego puedan convocar las elecciones autonómicas inicialmente previstas para el pasado 5 de abril, y que debieron ser suspendidas a causa de la pandemia del coronavirus. Esta disposición permite entrever la salida a uno de los problemas institucionales más graves generados por la crisis sanitaria, puesto que afectaba al voto de los ciudadanos como fuente de legitimación última del sistema democrático. Tanto el lehendakari Urkullu como el presidente Feijóo actuaron con irreprochable responsabilidad al suspender las elecciones. Como también lo hacen ahora al abordar el retorno a la normalidad con tiempo suficiente y con una decidida voluntad de consenso entre la totalidad de las fuerzas políticas.

Los planteamientos jurídicos desde los que ambas comunidades abordaron la suspensión de las elecciones fueron inicialmente distintos, por más que condujesen al mismo resultado. Y visto en retrospectiva, no resultó ocioso que, acuciados por la gravedad de los acontecimientos, cada Gobierno intentara un camino jurídico diferente para dar respuesta a una situación inédita: es el sistema democrático en su totalidad el que se beneficiará de la experiencia acumulada, así como de los argumentos aceptados y descartados para gestionar la situación de excepcionalidad, hasta regresar a los cauces reglados. Tanto en el País Vasco como en Galicia, el proceso electoral comenzará desde el principio y no desde el punto en que quedó interrumpido al decretarse el primer estado de alarma, y la razón fundamental es que en estas largas semanas de confinamiento nuevas cohortes de ciudadanos han llegado a la edad de votar. De igual manera, merecería una especial atención por parte del Congreso la distinta regulación sobre los mecanismos de la nueva convocatoria en el País Vasco y Galicia, con vistas a servirse de la experiencia y, en su caso, elaborar normas que colmen las lagunas que se hayan podido advertir.

El lehendakari Urkullu ha expresado su deseo de que las elecciones se celebren en julio, a fin de que, a la vuelta de verano, el País Vasco disponga de un Gobierno efectivo desde el que afrontar la crisis económica y social que previsiblemente seguirá al súbito colapso de la actividad provocado por el confinamiento. Más allá de las cautelas relacionadas con el control de la pandemia y la apertura de los colegios con plenas garantías sanitarias, regresar a la normalidad institucional cuanto antes debería ser un objetivo compartido por todas las fuerzas políticas, sin que medien consideraciones de ninguna otra naturaleza. Los cálculos electorales acerca de quién puede salir beneficiado o perjudicado por la gestión de los momentos más dramáticos de la alarma degradan la moral pública, pero, referidos a la concreción de la fecha para abrir las urnas, pueden resultar dañinos para el sistema democrático.

Los condicionantes legales para proceder a la nueva convocatoria en Galicia eran mayores que en el caso del País Vasco, aunque han quedado resueltos en el real decreto. También en aquella comunidad, la combinación de elementos sanitarios, políticos e institucionales debería ajustarse a los mismos principios que en el País Vasco, y por idénticas razones: regresar a la normalidad cuanto antes y con el máximo consenso.

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