Ante el colapso

El Consejo de Ministros aprobó el martes un paquete de medidas urgentes para resolver el atasco judicial provocado por la paralización de la actividad de los tribunales. Las medidas fueron debatidas y acordadas por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, con las comunidades autónomas que disponen de esta competencia, entre las que se encuentran Andalucía, Madrid y Galicia, gobernadas por el Partido Popular. Ello no ha impedido que la dirección nacional de la principal fuerza de la oposición no solo haya rechazado apoyar al Gobierno, sino que lo haya hecho en los términos crispados habituales en su actuación durante la pandemia.

Resulta inexplicable que, tras haber participado en las reuniones con el Gobierno en el ámbito autonómico, la dirección nacional de los populares arremeta contra el trabajo realizado en el momento de su aprobación por el Consejo de Ministros. Pero más inexplicable resulta todavía que la obsesión por desarrollar una confrontación total con el Gobierno, bajo la hipótesis de que la crisis provocará un final precipitado de la legislatura, no contribuya a solucionar problemas que, como este, es ahora extraordinariamente grave, pero que puede resultar inmanejable si una estrategia de filibusterismo prolonga la parálisis. En la medida en que la dirección nacional del Partido Popular no ofrece alternativas a las propuestas del Ejecutivo, la promesa de que resolverá mañana lo que hoy está contribuyendo a destruir exige un inconmensurable acto de fe.

Por lo demás, críticas que exigirían aclaraciones por parte del Gobierno, como la de que el decreto regula materias que corresponden a normas de rango superior, quedan sepultadas bajo un discurso que no parece tratar el atasco judicial como un problema, sino como simple munición política, de la que disponer a voluntad. Nunca es momento propicio para convertir las instituciones del Estado en rehenes de la lucha entre partidos. Pero este momento menos que ninguno, porque al retraso ordinario acumulado por los tribunales se sumará en breve el extraordinario provocado por la parálisis judicial, y, además, por los expedientes sancionadores relacionados con el confinamiento que podrían acabar en los juzgados. Y todo ello con el mandato del Consejo General del Poder Judicial prorrogado por falta de consenso político para su renovación.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha vuelto a justificar su posición en la falta de confianza que le suscita Pedro Sánchez. Una vez más, Casado vuelve a confundir los planos, porque el país no puede estar a merced de sus apreciaciones psicológicas acerca de un rival. Este Gobierno es el Ejecutivo legítimo que hay, con sus errores, sus improvisaciones y su exasperante estrategia de comunicación más propia de la publicidad comercial que de la sobriedad institucional que exige el Estado. Y puesto que este es el Gobierno legítimo que hay, esta es también la oposición legítima con la que se cuenta. Bien está que su única aspiración sea el poder, pero no que lo persiga a cualquier precio y para ahora mismo. La justicia se asoma al colapso, y las alternativas son limitadas. O la oposición dice cómo evitarlo, justificando su rechazo al Gobierno en esas propuestas, o se suma a las propuestas del Gobierno, con las críticas que proceda.