La justicia mexicana frente a la pandemia

La pandemia provocada por la covid-19 es la crisis global más importante de nuestra historia reciente. En todo el mundo, las sociedades, gobiernos e instituciones han enfrentado retos inéditos: hemos visto economías debilitadas, sistemas de salud pública rebasados, sistemas educativos paralizados, todo ello acompañado por una enorme carga de sufrimiento humano. Los poderes judiciales, que no podían ser la excepción, han debido enfrentarse a un doble desafío: por un lado, garantizar el acceso a los servicios de justicia sin poner en riesgo la salud del personal y del público usuario, y por otro, proteger los derechos y las libertades de la ciudadanía en la emergencia sanitaria. El caso mexicano es notable en ambos rubros.

Para hacer frente a la emergencia sin detener un solo día los servicios de justicia, el Poder Judicial Federal mexicano migró desde el inicio de la pandemia a un sistema de justicia digital, con el que todos los asuntos que resuelven los tribunales federales pueden promoverse en línea. Mediante el uso de una firma electrónica, obtenida a través de una aplicación móvil, las personas pueden presentar demandas, interponer recursos, consultar expedientes e incluso comparecer a audiencias desde cualquier computadora o dispositivo móvil. Esta transformación exigió de un esfuerzo institucional y humano sin precedentes —no menor para una judicatura que procesa más de un millón de asuntos al año. El resultado es un modelo de justicia mucho más ágil, eficiente, amigable con el entorno y versátil ante los desafíos del futuro.

Otro de los impactos de la pandemia ha sido en la naturaleza de los litigios suscitados con motivo de ella. En la mayoría de los tribunales del mundo, los casos planteados han tenido que ver con el respeto de las libertades frente a las medidas adoptadas por los gobiernos: estados de emergencia o excepción, restricciones en espacios públicos y privados, limitaciones a la movilidad doméstica e internacional, confinamiento obligatorio, entre otras. Su función, en la mayoría de los casos, ha sido determinar si estas limitaciones a la libertad son proporcionales a la emergencia, y si respetan los límites constitucionales exigibles en cada país.

El caso mexicano es diferente. Aunque dependiendo de la gravedad del momento se han cerrado escuelas y establecimientos como restaurantes, oficinas, cines, teatros, gimnasios, etcétera, la indicación de quedarse en casa ha sido una exhortación, frente a lo cual la sociedad mexicana mayoritariamente ha actuado con madurez cívica, cumpliendo con las determinaciones sanitarias y entendiendo que su finalidad ha sido proteger la salud y la vida de todos. No existió confinamiento obligatorio, no hubo toques de queda, ni se decretó un estado de excepción.

Por ello, a diferencia de lo que ocurrió en otros países, en México los litigios no se centraron en defender las libertades frente a las medidas sanitarias, sino en garantizar que las personas contaran con las condiciones materiales básicas para enfrentar la pandemia sin poner en riesgo su seguridad. No se trató de frenar restricciones gubernamentales, sino de velar porque personal médico, adultos mayores, madres de familia, comunidades indígenas, niñas y niños, entre otros sectores, pudieran transitar la pandemia con lo mínimo indispensable en términos de salud y bienestar. Más que analizarse los límites al Estado, jueces y juezas se han pronunciado sobre las obligaciones que le son exigibles a la luz de los derechos sociales que nuestra Constitución consagra.

Sin duda, en América Latina la pandemia ha sido un acelerador de la desigualdad. La pobreza, la pérdida de empleos, la falta de acceso a servicios públicos de calidad, y el riesgo latente de contraer el coronavirus todavía laceran la región. Por ello, la protección de los derechos sociales y económicos a través de tribunales que garanticen la satisfacción de las necesidades materiales básicas de la persona es más importante que nunca.

En México, los jueces federales se han mantenido a la altura de las circunstancias, a pesar de un marcado ambiente de polarización política, en el que los distintos sectores de la opinión pública buscan capturar a los juzgadores tachándolos de sumisión y de falta de independencia cuando no resuelven conforme a sus intereses. La labor de los juzgadores federales durante la pandemia ha sido muestra de que Poder Judicial mexicano está viviendo una de las etapas de mayor fuerza e independencia de su historia. Más allá de los señalamientos que ponen en entredicho esa su autonomía, contamos con una justicia federal comprometida con los derechos y con dar efectividad a nuestra constitución, a golpe de sentencias.

Arturo Zaldívar es presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal