Reformas en electricidad, minería y ‘fracking’: López Obrador no se rinde ante el sector energético

Dentro de las 20 reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Congreso el lunes hay tres que buscan limitar la actividad en el sector energético, foco de su administración. El presidente propone eliminar la posibilidad de que la empresa eléctrica del Estado pueda suscribir contratos con empresas privadas, así como regresar el manejo de su presupuesto al Gobierno federal. En una iniciativa aparte, el Ejecutivo busca prohibir la fracturación hidráulica para extraer gas natural y no otorgar nuevas concesiones de minería a cielo abierto.

La primera iniciativa propone cambiar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución en materia de industrias estratégicas del Estado, de manera que se elimine la referencia que obliga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la operación “con base a las mejores prácticas”. También se elimina la posibilidad de que “el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes”. A través de cambios en el artículo 28, se busca que el servicio de internet que provea el Estado sea protegido como estratégico, como lo son los correos, telégrafos, radiotelegrafía, minerales radiactivos y generación de energía nuclear, de manera que no se constituyan monopolios.

Esta propuesta llega días después de que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica aprobada por el Congreso en 2021. La reforma enviada el lunes también propone definir a la CFE como empresa pública, y no como empresa productiva del Estado, una clasificación otorgada durante la reforma de 2013 que le permite a la Comisión administrar su presupuesto de manera independiente a la Federación. Al artículo 28, el Ejecutivo propone agregar que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional tendrá como objetivos “preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la empresa pública del Estado que se establezca”.

En una segunda iniciativa, en materia de Derecho a la Alimentación, Medio Ambiente Sano y Derecho al Agua, López Obrador propone reformar los artículos 4 y 27 de manera que se impidan “prácticas que dañan el medio ambiente y la salud de la población mediante la prohibición de las actividades de minería a cielo abierto y del fracturamiento hidráulico (fracking) con agua como fluido base, para la extracción de hidrocarburos”.

Esta iniciativa también limita las concesiones de explotación de agua en zonas con bajas disponibilidad para “garantizar el consumo personal y uso doméstico”. Por último, en la misma iniciativa, el Ejecutivo busca declarar a México “libre de maíz genéticamente modificado, como el transgénico, para siembra y consumo humano, así como el reconocimiento del maíz como alimento básico y elemento de identidad nacional”.

La visión proteccionista del presidente en el sector energético así como en la producción de maíz ha generado tensiones con Estados Unidos, su principal socio comercial. La Casa Blanca ha abierto dos disputas en el marco del tratado de libre comercio, el TMEC, argumentando que las políticas de López Obrador son violatorias el acuerdo.

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