El sector energético teme un descalabro por la contrarreforma: “Da bastante pánico”

La propuesta de reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador ha abierto el mayor cisma con el sector privado en lo que va de sexenio. Cancelación de contratos vigentes, eliminación de los reguladores autónomos e incertidumbre sobre las condiciones de operación de las centrales eléctricas privadas: no hay párrafo del texto que no preocupe. Con esta iniciativa constitucional, un golpe a la liberalización del sector, el Gobierno ha cruzado la “línea roja”, dicen patronales y empresarios consultados. Ahora se preparan para un intenso cabildeo en el Congreso, mientras exploran opciones ante los tribunales de arbitraje internacional para reclamar compensaciones multimillonarias en caso de aprobarse.

De las 39 páginas enviadas al Congreso la semana pasada, el artículo segundo transitorio es el que más alarma provoca: “Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado se cancelan”. Pese al principio de no retroactividad en la Constitución y a la antigua promesa de López Obrador de respetar lo ya firmado, el Gobierno ahora quiere hacer borrón y cuenta nueva: cancelar contratos vigentes y limitar la energía producida por particulares a un 46% del total. “Se fueron al extremo de nuestros temores”, dice Julio Valle, portavoz de las asociaciones eólica y solar.

En juego está el futuro de un sector que ha atraído unos 44.000 millones de dólares en inversión privada, 19.000 en renovables, desde que se empezó a abrir en los años noventa. La reforma de 2013, que impulsó Enrique Peña Nieto y que López Obrador quiere desmantelar, creó un mercado energético y estableció subastas para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comprara energía barata a privados —en 2017 la italiana Enel ofreció los menores precios de generación del mundo en ese entonces—. México se convirtió así en la niña mimada de grandes multinacionales. Las centrales privadas ahora generan, según el Gobierno, el 62% de la energía que se consume, un crecimiento al que la reforma quiere poner un tope.

Al empresario Luis Flotte la propuesta le está costando caro aún sin estar aprobada. Creó su empresa de instalación de paneles solares al calor de la reforma de 2013 y ya ha levantado siete plantas fotovoltaicas. De repente, el panorama se ha ennegrecido. En las últimas horas, ha perdido dos contratos de unos tres millones de pesos, unos 140.000 dólares. Los clientes le han llamado para posponer la instalación de paneles “porque se está generando mucha incertidumbre”. La secretaria de Energía, Rocío Nahle, aseguró que la contrarreforma no elimina la generación distribuida, la producción eléctrica a pequeña escala, pero Flotte no se fía. “Es importante que se aclare el alcance de la redacción. Al ser tan abierta, abarca todo”, dice.

No es el único confundido. Ejecutivos de dos grandes empresas del sector se preguntan qué pasará el día después de la aprobación de la reforma. El texto propone cancelar todos los contratos de las centrales privadas -sean con la CFE o con una empresa- sin detallar lo que viene. Se limita a decir que la paraestatal comprará energía a los privados en función de los costos de producción y que “establecerá las modalidades de contratos”, previsiblemente en leyes secundarias que vendrán después de la reforma. Al eliminar la Comisión Reguladora de Energía e integrar el Centro Nacional de Control de Energía en la CFE, la decisión sobre las tarifas de compra deja de estar en manos de un regulador autónomo.

“Hay una bola de interrogantes. ¿Al día siguiente de la aprobación quedan cancelados los permisos? ¿No vamos a poder generar?”, dice la directora de asuntos regulatorios de una gran empresa. Otro alto ejecutivo afirma que el Gobierno “no se ha parado a pensar cómo aplicarlo”. “Da bastante pánico. Como sería el único comprador, CFE podría querer que nosotros le vendiésemos a pérdidas. Y si no le quisiéramos vender energía, la planta no operaría. Tendríamos que hibernarla y esperar a un nuevo Gobierno o venderla”, explica a este diario en condición de anonimato.

La amenaza de la quiebra

Con la cancelación de contratos y las futuras condiciones de operación en el aire, la nueva regulación amenaza con dejar a las plantas privadas al borde de la quiebra. Alrededor del 90% de los ingresos que genera una central renovable particular va al pago de la deuda, según Julio Valle. “Si dejas de pagar financiamiento un mes, le entregas las llaves de la planta al banco. Todos los proyectos renovables entrarían en un riesgo alto de default”, afirma.

Y, como un sistema nervioso, el miedo a la reforma en el sector energético se ha trasladado al resto de la economía. Entre los contratos que la propuesta plantea cancelar están las sociedades de autoabastecimiento entre plantas privadas y empresas que representan alrededor del 14% del PIB, según cálculos de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin). Grupo Bimbo, Femsa, BMW, Liverpool, entre otros, compran su electricidad a centrales particulares, que ofrecen precios más baratos que los de la CFE. La iniciativa obligaría a las compañías a suministrarse de la paraestatal.

El empresario Régulo Salinas, representante de Concamin, augura una pérdida de competitividad. “Las tarifas de la CFE siempre han sido muy caras. Si las industrias querían competir en el mercado requerían precios de energía más baratos. Con la reforma, tendrían que comprar a CFE bajo sus condiciones”. El costo promedio de generación de la paraestatal en 2020 fue de 1.413 pesos por megawatt/hora, frente a algo menos de 700 pesos del sector privado y los 401 de las plantas renovables particulares, según datos de la CRE citados por Concamin.

El sector privado no se va a quedar quieto. “No nos dejan salida. Ahora es todo o nada”, dice uno de los ejecutivos consultados. Al tratarse de una reforma constitucional, hay dudas sobre la utilidad de los recursos legales domésticos. De aprobarse, los paneles de arbitraje internacional emergen como la única vía para obtener una compensación por los contratos cancelados que puede alcanzar los 60.000 millones de dólares, según Concamin. México tiene alrededor de 40 tratados de protección de inversiones, señala el abogado experto en arbitraje Adrián Magallanes. “El espectro de inversionistas extranjeros que pueden estar protegidos es bastante amplio”, dice. “Pero la actitud por ahora ha sido de informarse y esperar. Hasta que se sufra un daño dudo que se inicien los procedimientos”.

En el inmediato, hay una batalla en el Congreso. Morena, el partido del presidente, busca votar la reforma en la Cámara de Diputados antes del 15 de diciembre. Las patronales ya han empezado a pedir reuniones con legisladores aliados de Morena y de oposición. Los ojos están puestos, principalmente, en los dos partidos cuyos votos definirán el éxito o fracaso de la iniciativa. “En el caso del PRI y del Verde, la idea es entrar más en detalle con los diputados para mostrarles todas las implicaciones”, dice Régulo Salinas, aunque prefiere no revelar el nombre de los políticos. La discreción se impone ahora que el presidente López Obrador ha pedido a los legisladores que decidan “si están a favor del pueblo o de las empresas”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país