Grupo Bimbo, el presidente López Obrador y la polémica sobre las bajas tarifas eléctricas

Un gigante como Grupo Bimbo paga menos en electricidad que la tienda de abarrotes de la esquina, dice el Gobierno mexicano. Es el punto de partida de la polémica avivada por el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el autoabastecimiento, un mecanismo que permite a la industria comprar energía a precios más baratos que los ofrecidos por la paraestatal Comisión Federal de Electricidad (CFE). El mandatario ha pedido revisar este esquema como parte de un vuelco nacionalista al modelo energético. La alarma en la industria es alta. Eliminar el autoabasto, advierte el sector empresarial, provocaría una subida de las tarifas eléctricas y dañaría la competitividad.

El precio de la luz cae cuanto más grande es el cliente. Eso es lo que se extrae de los datos presentados por el Gobierno esta semana: Bimbo paga 1,7 pesos por kilowatt hora (Kwh) y un Oxxo, 1,8. Un hogar de clase media con luz subsidiada, en cambio, abona 2,3 pesos y una tienda de abarrotes, 3,1 pesos. Cuatro días después, CFE ha corregido a la baja los datos que dio el mandatario: Bimbo paga 1 peso y Oxxo, 1,2 pesos. Más allá de las dudas que crea este baile de cifras, el Gobierno atribuye la diferencia entre hogares y estas empresas a un supuesto subsidio. “No podemos estarles dando subsidios a las grandes corporaciones, porque lo consideramos injusto”, declaró López Obrador el lunes. “¿Cómo le hicieron?”.

Lanzado el señuelo, las compañías aludidas han respondido que ellas se apegan a la ley vigente. “Grupo Bimbo paga en su totalidad sus tarifas eléctricas conforme a la legislación aplicable”, dijo la multinacional del pan en un comunicado. El modelo de autoabastecimiento, que critica el Gobierno pese a ser legal, es utilizado por Bimbo y cientos de empresas más como BMW y Liverpool para conseguir electricidad a menor precio y de fuentes renovables. En total, este esquema representa en torno al 9% de la generación eléctrica del país y sustenta actividades económicas que pesan un 14% del PIB, afirma la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).

El origen del autoabasto se remonta a 1992, a las reformas liberalizadoras del presidente Carlos Salinas. Ante una aparente incapacidad de la CFE para responder a la demanda de energía barata del sector privado, se permitió que centrales particulares suministraran directamente a las empresas mediante la formación de sociedades. En 2009 se incorporaron a este modelo las energías renovables, con una diferencia. Para fomentar la inversión en la economía verde, se decidió que el pago a la CFE por usar las líneas de transmisión sería menor. En lugar de calcularlo según la distancia entre la central y el punto de consumo, se establecería una tarifa fija.

El nuevo cálculo, conocido como porteo estampilla, supuso “una reducción importante” en el monto a pagar a la CFE pero fue esencial para el desarrollo de las renovables en el país, según la experta Casiopea Ramírez. “Cobrar por distancia no hacía sentido. Los parques eólicos están en su gran mayoría en el Estado de Oaxaca. Imagínate el costo de llevar la electricidad de esas plantas al resto del país. Ese porteo incentivado ayudó a que se aprovechara el boom”. El incentivo no se dio a cambio de nada. Las empresas tuvieron que invertir en líneas de transmisión, responsabilidad de la CFE. 120.000 dólares por cada megawatt instalado, de acuerdo al consultor Víctor Ramírez.

Los Oxxo y BMW son dos ejemplos de este boom. La cadena de supermercados, parte del Grupo Femsa y una de las empresas aludidas por el mandatario, abastece un 70% de sus tiendas mediante contratos con cuatro parques eólicos. Aun así, las tiendas que reciben energía eólica privada pagan cada una un promedio de 14.052 pesos al mes a la CFE por, entre otras cosas, usar las líneas de transmisión sobre las que la paraestatal tiene un monopolio. La fábrica de BMW en San Luis Potosí, una de las más punteras de la marca, cubre el 13% de su energía con paneles solares propios y el resto a través de un parque fotovoltaico privado, informa a este periódico. No comprar a la CFE le reporta ahorros del 13%.

Las bajas tarifas eléctricas que pagan las grandes empresas no se deben solo a los incentivos gubernamentales en transmisión. Hay otras explicaciones más sencillas: las economías de escala de un consumidor que compra al por mayor y la generación más económica de las plantas privadas respecto a las de la CFE, de mayor antigüedad. Las renovables no necesitan gas natural o derivados del petróleo para funcionar y eso reduce el costo. El Consejo Coordinador Empresarial, la patronal mexicana, estima que las centrales privadas producen energía un 26% más barata que la de la paraestatal.

El ataque del Gobierno al autoabasto

La actual Administración insiste en que el autoabasto supone una carga financiera para la CFE: 49.606 millones de pesos en los últimos tres años, unos 2.400 millones de dólares, que dejó de ingresar por, entre otras cosas, las tarifas preferenciales en transmisión. La ley no ponía límites a la incorporación de nuevos socios a los esquemas y se ha creado “un mercado paralelo” de 72.656 unidades que se benefician de estos “subsidios” y que le priva de clientes potenciales, dice la paraestatal. Una visión de la que difiere Rosanety Barrios, funcionaria del sector energético en los tres Gobiernos anteriores. “La tarifa preferencial es un incentivo. No es un subsidio en la medida en que no afecta el margen operativo de la CFE. Si hubiese un subsidio oculto, sería delito federal”, señala.

Aun así, en junio pasado las autoridades incrementaron entre cuatro y ocho veces los pagos por la transmisión. La reforma eléctrica, que el Congreso mexicano aprobó este mes y que busca reforzar a la CFE, sujeta la concesión y modificación de permisos a “los criterios de planeación” de la Secretaría de Energía y abre la puerta a que sean revocados si incurrieron en “fraude a la ley”, un término vago que suscita temores. “Se puede usar de forma muy arbitraria”, asegura el consultor Víctor Ramírez. Por ahora, la modificación a la Ley de la Industria Eléctrica ha sido paralizada en los tribunales, pero el presidente ha advertido que buscará modificar la Constitución si su reforma encalla.

La hostilidad del Gobierno hacia el autoabasto ha provocado nerviosismo en el sector empresarial. Cancelar los contratos vigentes, además de sendas peticiones de indemnización, puede conllevar una pérdida de competitividad. Entre el 5% y el 10% de los costos de la industria exportadora es energía, afirma Luis Manuel Hernández, presidente de la asociación maquiladora Index. “Competimos con Vietnam para hacer camas a ocho dólares. Es importante que el costo sea menor para ser competitivo y cualquier punto porcentual cuenta”, afirma. Víctor Ramírez cree que el Gobierno busca obligar a las empresas a comprar a la CFE: “Significaría un incremento de costos que terminarían trasladando a clientes con un efecto inflacionario”.

No hay una salida fácil a la polémica. Las empresas tienen la ley de su lado y se sienten fuertes. Una importante energética que participa en el negocio del autoabasto ha enviado una carta a sus clientes asegurándoles que va a hacer uso de todos los recursos legales para frenar la reforma del Gobierno, que considera inconstitucional, según han contado a este periódico fuentes de la misma. Mientras, López Obrador quiere que se sienten a negociar sin aclarar qué está sobre la mesa. “No hay ningún problema con Oxxo, Bimbo, Walmart, nada más que entiendan que hay buscar el diálogo para arreglar este asunto, porque es injusto”, dijo el lunes. Rosanety Barrios apunta a la opción de subir el pago por la transmisión. “Abrir una discusión transparente sobre dónde están las distorsiones”, señala, “en un contexto de certeza económica sin la amenaza de desaparecer el autoabasto”.

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