Sheinbaum propone al exgobernador de Chiapas Rutilio Escandón como cónsul en Miami

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha propuesto al exgobernador del Estado de Chiapas Rutilio Escandón como cónsul en Miami, Florida, Estados Unidos. La mandataria ha hecho la petición al Senado de la República, instancia encargada de los nombramientos diplomáticos, según ha confirmado un legislador a EL PAÍS. Escandón, de Morena, el partido oficialista, concluyó su mandato como gobernador el pasado 7 de diciembre. Lo ha relevado el exsenador Eduardo Ramírez. La gestión de Escandón en Chiapas ha estado marcada por la irrupción del crimen organizado en el Estado del sureste mexicano, que hace frontera con Guatemala y Belice y que es ruta de paso obligada de los flujos migratorios provenientes del Caribe y Latinoamérica. La pugna entre los cárteles de Jalisco (CJNG) y Sinaloa ha dejado decenas de muertos entre las poblaciones indígenas y ha provocado el desplazamiento forzado de comunidades enteras.

El nombramiento de Escandón es prácticamente un hecho. El bloque gobernante formado por Morena, el PT y PVEM tiene en el Senado la mayoría calificada, más que suficiente para ratificar designaciones diplomáticas y para reformar la Constitución. Escandón coincidirá en el Estado de Florida con otro exgobernador chiapaneco, Juan Sabines, que es cónsul en Orlando. Escandón, que ha sido senador y diputado, sufrió hace unos meses la muerte de su esposa, Rosalinda López Hernández, hermana de Adán Augusto López Hernández, el coordinador de los senadores de Morena y secretario de Gobernación de Andrés Manuel López Obrador. Rosalinda López fue, en los primeros años del sexenio de López Obrador, administradora del SAT, la autoridad fiscal. Dejó el puesto para convertirse en senadora por Tabasco, cargo que tenía al fallecer. Los vínculos entre Escandón y los López Hernández confirmaban su influencia en el entorno del Gobierno obradorista.

Escandón deja tras de sí un capítulo oscuro en la historia de Chiapas. El Estado más pobre de México, de por sí históricamente castigado por la desigualdad hacia una población mayoritariamente indígena, entró de lleno en la lista de regiones asediadas por la violencia, el gran problema sin resolver también del resto del país. Una guerra abierta entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación sumió a la población civil en un fuego cruzado del que aún no ha salido. Los desplazamientos forzados se cuentan por decenas de miles, especialmente en la sierra Mariscal, los Altos, la selva Lacandona y la frontera con Guatemala. Las masacres, las desapariciones o los secuestros se han instalado como parte del paisaje cotidiano en la entidad, antaño pacífica. Sus habitantes viven una vida rehén de la voluntad de los grupos criminales.

Durante los últimos años, era habitual ver en el mismo día noticias de matanzas o pueblos tomados por los cárteles y a Escandón en la inauguración de un colegio o un centro de salud retransmitida en las principales televisiones. Su discurso, el relato oficial marcado desde el partido y el Gobierno federal, ha sido y sigue siendo minimizar la violencia en la entidad, que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional califica como “al filo de una guerra civil”. Chiapas está en paz, ha dicho en innumerables ocasiones, ajeno a los hechos. La Iglesia católica, muy presente en la región, ha protagonizado una campaña en los últimos meses en la que ha exigido a las autoridades, entre ellas a Escandón, reconocer el problema para poder abordarlo. Escandón y los suyos han escogido el silencio.

El exgobernador solo se ha pronunciado públicamente cuando el ruido mediático ha sido demasiado grande como para ignorarlo, como con el asesinato este octubre del padre Marcelo Pérez Pérez, un reconocido religioso y activista por los derechos humanos. La violencia ha sido tal que las elecciones que hicieron presidenta a Sheinbaum, el pasado 2 de junio, no pudieron celebrarse en tres municipios de Chiapas porque las autoridades no podían garantizar la seguridad de la población: Pantelhó, Chicomuselo y Capitán Luis Ángel Vidal. Escandón se marcha, pero su gestión deja un Estado desgajado por lo que las organizaciones de derechos humanos en la zona califican como un “conflicto armado no reconocido” que estalló en 2021.

El morenista ha gobernado en estos últimos seis años un Estado que funciona como puerta de entrada de la migración procedente de Centro y Sudámerica. Ha sido, por ello, la primera línea de contención migratoria en la estrategia impuesta por los gobiernos estadounidenses y ejecutada por México. Tapachula, la principal ciudad fronteriza, ha ejercido como puerto para miles de personas, que acuden allí a tramitar sus papeles. Las organizaciones de derechos humanos a menudo se han referido a ella como una cárcel al aire libre de la que los migrantes no podían salir por la fuerte presión de las fuerzas de seguridad.