López Obrador llama a la concordia en Chiapas: “Tengo fe de que muy pronto toda esta región se va a pacificar”

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha pasado de puntillas este viernes por Chiapas, sin querer hacer mucho ruido en la inauguración de un puente que atravesará la presa de La Angostura y unirá la región frailesca con la sierra Mariscal, una tierra montañosa convertida en el frente de la batalla entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Muchos eran los ojos que miraban este viernes al mandatario en funciones con la esperanza de que su viaje conllevara un reconocimiento del conflicto armado que devora el Estado: desde medio centenar de oenegés y organizaciones sociales que lanzaron un grito colectivo pidiendo la intervención del Gobierno este miércoles, hasta la Iglesia Católica, cansada de predicar en el desierto para que las autoridades se hagan cargo del grave problema de inseguridad, pasando por los miles de habitantes que han tenido que abandonar sus hogares en medio de la guerra de cárteles.

El presidente ha esquivado el tema y se ha zafado de los focos con un mensaje discreto y ambiguo: “Tengo fe de que muy pronto toda esta región se va a pacificar y va a volver la hermandad y la concordia”. En una intervención de 20 minutos, López Obrador ha defendido los logros de su Administración en Chiapas, el Estado más pobre de México, y ha alabado la construcción del puente como una manera de unir familias. “La familia mexicana es la principal institución de seguridad social, tenemos que mantener las familias bien integradas”, ha afirmado.

En los últimos minutos de su discurso, escuetamente y sin hacer referencias explícitas a la crisis de desplazados y la espiral de violencia, ha añadido entre aplausos: “Estoy pendiente siempre de La Concordia [el municipio más cercano al nuevo puente, afectado también por la inseguridad], no me ha gustado, se lo digo, lo que ha estado pasando últimamente. Ya estamos interviniendo. Hay que hacer valer el nombre del municipio, La Concordia, hay que ir al camino de la justicia por la paz, por la tranquilidad”.

Antes que López Obrador, han intervenido la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, heredera política del mandatario que tomará posesión del cargo el 1 de octubre, y Rutilio Escandón, gobernador del Estado y miembro del mismo partido que Sheinbaum y el actual dirigente, Morena. Ninguno de ellos ha hablado de lo que las asociaciones sobre el terreno definen como crisis humanitaria. Escandón se ha limitado a considerar el puente como “un logro extraordinario”. “Chiapas está cambiando el rostro”, ha asegurado. Sheinbaum ha prometido programas sociales, obras de infraestructura, “no traicionar” a los chiapanecos y ha hablado de la “transformación pacífica” de un país cuyas estadísticas de violencia, pese a los discursos oficiales, siguen por las nubes.

Seguridad compartida en la frontera

El mismo día, paralelamente, las autoridades de México y Guatemala han mantenido una reunión en la que “acordaron realizar acciones conjuntas de asistencia humanitaria y consular a personas mexicanas en Cuilco, Huehuetenango [Guatemala]”, según un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana. El último capítulo de la crisis de desplazados provocada por la guerra de cárteles ha sido la inédita imagen de cientos de mexicanos refugiándose de las balas en Guatemala. Lo habitual es lo contrario. Los dos países han discutido sobre una gestión coordinada de la migración y la seguridad en su frontera compartida.

“En materia de seguridad, los dos países acordaron realizar operaciones coincidentes, tanto terrestres como aéreas, en ambos lados de la frontera, mantener mecanismos de comunicación permanentes y convocar a finales de agosto a una reunión de alto nivel del Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Guatemala (Ganseg)”, señala el comunicado. En cuanto a la cuestión migratoria, el documento sostiene que continuará la coordinación “con el propósito de ofrecer protección para las personas que así lo necesiten y avanzar hacia una gestión migratoria más ordenada, segura, regular y humana”.

El Gobierno incrementará la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio, un elemento habitual en su estrategia: negar que existe un problema de inseguridad mientras, paralelamente, militariza la zona. La denuncia del medio centenar de organizaciones de este miércoles planteaba que, pese a que el despliegue de soldados ha ayudado a corto plazo en las anteriores ocasiones que la violencia se ha recrudecido en Chiapas, “al retirarse las fuerzas federales, los grupos volvieron a enfrentarse, escalando la violencia y dejando nuevamente a la población en riesgo”. El comunicado conjunto criticaba al Gobierno por “minimizar la situación humanitaria y descargar la responsabilidad de los hechos en la población” y pedía atender a los problemas de fondo que han conducido a la crisis.

Como respuesta, la secretarías de Gobernación y Bienestar en coordinación con el Gobierno de Chiapas han prometido también, en el comunicado conjunto con Guatemala, la creación de un “plan integral” en Amatenango de la Frontera, uno de los municipios que más ha sufrido la violencia, que consistirá en “programas sociales, atención a la salud y el despliegue de un tianguis del bienestar con apoyos sociales para las comunidades afectadas, que incrementará la presencia de las fuerzas del orden que continuará desplegando la Secretaría de la Defensa de México”. El documento no precisa en qué consistirán los programas sociales ni cuántos militares van a ser destinados a Chiapas.

Apúntese gratis a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país