Los normalistas lanzan cohetes contra el Palacio Nacional para exigir una reunión con López Obrador

El caso Ayotzinapa amenaza con reventar en la cara del presidente. Casi literalmente. Un grupo de normalistas, los estudiantes compañeros de los 43 jóvenes secuestrados por la policía y el grupo criminal Guerreros Unidos en septiembre de 2014, han arrojado cohetes y otros artefactos explosivos caseros contra la fachada del Palacio Nacional de Ciudad de México en la tarde de este lunes. Los alumnos de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos han regresado a la sede simbólica del Poder Ejecutivo, blanco habitual de su ira, después de derribar una de sus puertas durante una protesta en marzo. Entonces y ahora, la escalada perseguía la misma estrategia, de momento, sin resultados: presionar para que Andrés Manuel López Obrador se reúna con ellos y así destrabar el bloqueo que se ha instalado en la investigación por la desaparición de los 43, agitada la semana pasada por la decisión de una jueza de conceder la libertad provisional a ocho militares investigados por su implicación en el crimen.

De acuerdo con Milenio, ocho policías han sido heridos debido a los explosivos. Los normalistas han llegado sobre las 10.00 al Centro Histórico y se han manifestado hasta llegar al Palacio Nacional, donde han lanzado una decena de cohetes. Los agentes de seguridad que custodian la residencia del presidente han tratado de repeler a los estudiantes con escudos y extintores. Los jóvenes han abandonado el Zócalo rápidamente a bordo de varios autobuses.

El caso Ayotzinapa ha alcanzado uno de sus puntos de mayor tensión de los últimos años. Las relaciones entre López Obrador y los familiares de los 43 están prácticamente rotas, con los parientes y los normalistas acusando al presidente de dejar morir la investigación para cuidar las espaldas del Ejército. Aunque el dirigente aseguró a mediados de abril que se reunirá con ellos el 3 de junio, el día después de las elecciones presidenciales, la promesa no parece haber calmado los ánimos.

El conflicto lleva desbordándose desde principios de año. El problema de raíz que denuncian los normalistas y los familiares de los 43 es la imposibilidad de acceder a cientos de documentos de inteligencia militar que, según ellos, contienen información básica para avanzar en una investigación sin progresos significativos desde hace años ni esperanza de tenerlos. La Secretaría de la Defensa Nacional niega la existencia de los informes y López Obrador cierra filas con ellos, pero hay evidencias que apuntan a que los archivos sí se encuentran en poder del Ejército: voces como la del grupo independiente de expertos (GIEI) que investigó por años el crimen (y abandonó México en julio, frustrado ante la negativa de las autoridades a colaborar) o el exsubsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, entre otras figuras de peso.

Los ánimos volvieron a inflamarse a finales de la semana pasada, con la noticia de que la jueza Raquel Duarte Cedillo concedió la libertad provisional a ocho militares implicados en el secuestro, sobrevolados por los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada por una presunta colaboración con Guerreros Unidos. A pesar de un elevado riesgo de fuga, según Reforma, la magistrada les concedió seguir su proceso en libertad, a cambio de una fianza, presentarse en el juzgado dos veces al mes y otras medidas cautelares.

Era la segunda vez que los soldados lograban la libertad provisional. La primera causó un conflicto entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, enfrentados durante todo el sexenio. La Secretaría de Gobernación publicó entonces un incendiario comunicado en el que acusaba a los jueces de “valerse de pretextos procedimentales” para dejar de lado “los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la no repetición” y “obstaculizar y entorpecer el desarrollo del proceso”. Un juzgado federal volvió a ordenar el arresto de los ocho militares una semana después de su liberación.

El 6 de marzo, los normalistas ya acudieron al Palacio Nacional mientras el presidente celebraba La mañanera y echaron una puerta abajo con las mismas reivindicaciones que ahora. Tras la protesta se desataron semanas de enfrentamientos sin cuartel entre los estudiantes y las fuerzas armadas. La policía asesinó a un normalista, Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años, y el presunto homicida, después de haber sido arrestado, logró huir con el apoyo de las autoridades. Fue finalmente detenido un mes después.

El asesinato del joven incendió las protestas, con disturbios que se sucedieron contra la sede del Poder Ejecutivo de Guerrero, la Fiscalía estatal y cualquier símbolo de poder que los normalistas encontraran a su paso. Hubo renuncias de funcionarios de alto nivel, responsabilidades políticas, la destitución de la fiscal en contra de su voluntad: días de convulsión y lucha con la sensación de que Guerrero iba la deriva. El anuncio de López Obrador de reunirse con los familiares de los 43 pasadas las elecciones pareció aplacar la furia. Hasta ahora.

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