Vivir sin agua, una distopía que en Tijuana lleva décadas siendo real

EL PAÍS ofrece en abierto la sección América Futura por su aporte informativo diario y global sobre desarrollo sostenible. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete aquí.

La casa de María Elena Martínez está arriba de un cerro. Se sube por una escalera de neumáticos viejos, incrustados en la tierra entre matorrales y árboles silvestres. Desde ahí, las vistas son impactantes. Se ven miles de viviendas, algunas rodeadas de caminos de tierra que serpentean entre las flores amarillas que brotan en esta época del año. Son más de 13.500 los hogares que se alzan en esta zona: la subcuenca Los Laureles. Esta porción de Tijuana, según un informe del Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental (PFEA) elaborado junto con otras fundaciones, tiene un grado de marginación entre medio y muy alto. El informe dice también que un 12% de esa población, más de 1.300 viviendas, no cuenta con servicios de agua entubada.

Según la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), el organismo encargado de proveer esos servicios, casi toda la población censada en la ciudad está cubierta. Sin embargo, desde el PFEA, Delia Castellanos apunta que probablemente hay un sesgo, porque los datos de los asentamientos irregulares son imprecisos. El informe de su organización así lo demuestra.

Aún teniendo en cuenta solo las estadísticas de la Cespt, hay cerca de 10.500 personas que no tienen agua corriente en esta ciudad al noroeste de México. “La necesidad se genera en la periferia, en la zona noreste, este y Playas de Rosarito, ya que el crecimiento va hacia esas zonas”, reconoce el propio organismo.

María Elena Martínez lleva 28 años sin agua, desde que se mudó aquí cuando les traspasaron el terreno a ella y a su marido. Él, cuando aún vivía, construyó la casa de madera que tiene un par de habitaciones, una cocina, y un baño aparte, en un pequeño cubículo, cruzando el patio con ropa tendida, desde donde se contempla la ciudad. El día está despejado y hace sol. A lo lejos se alcanza a ver el océano Pacífico y algunos trozos del muro que separa a México de Estados Unidos. Y aunque así es bonito, Martínez dice que de noche lo es más. Cuando en las faldas de este cerro se encienden las luces que iluminan el cañón Los Laureles, el cañón Rosales y el Rancho Las Flores.

Pero lo más impactante es que, a la izquierda de esta casa, a tan solo unos cuantos pasos, está uno de los tanques de agua potable de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, que abastece a 7200 personas, entre las que no se encuentran ni Martínez ni sus dos hijos y dos nietos con los que vive.

Requisitos que vulneran los derechos humanos

A Jacqueline Uribe tampoco le llega el agua de ese tanque, pese a que desde hace más de 30 años vive justo debajo. Ni a otro vecino que prefiere no dar su nombre y que se ha construido su casa a unos centenares de metros de él. Jacqueline dice que hace varias décadas a ella le dijeron que conectarse a ese servicio le iba a costar 35.000 pesos (unos 2.000 dólares al cambio de hoy). Quedaba fuera de sus posibilidades.

Pero no tenerlo también sale muy caro porque le toca comprar agua por otras vías. El Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA) calcula que, en Tijuana, “quienes la reciben por tubería, pagan 20 pesos el metro cúbico (algo más de un dólar), las que no hasta 250″. Eso son casi 15 dólares, mucho más que los que tienen agua corriente. Y los que no la tienen suelen ser los de menor capacidad económica.

Aunque más allá del dinero, una de las claves en estas situaciones es que estas personas no tienen la titularidad de los terrenos que habitan, y ese es uno de los requisitos principales de la Cespt para prestar el servicio de agua potable. Ese requisito es controvertido, porque vulnera el derecho al agua potable, reconocido por la Constitución mexicana y por la Asamblea General de las Naciones Unidas. “La Cespt debería de proveer el servicio o por lo menos organizarse con las comunidades para ir a llevar pipas [camiones de agua] a esos espacios”, dice Meritxell Calderon, abogada y experta en derechos humanos. Y si no, ofrecer “facilidades e incentivos para que las personas con tubos cercanos se puedan conectar”, añade Delia Castellanos, del PFEA.

La vida sin agua

Según revela el informe del PFEA, en el Estado de Baja California, donde se encuentra Tijuana, cada habitante debería tener 220 litros al día, pero ya en 2017 estudios demostraban que la dotación era de 178,90 litros por habitante por día.

María Elena trabaja de lunes a sábado desde la mañana hasta la noche, así que no suele gastar mucha agua, aunque sí su hija, su hijo y sus dos nietos, pero “nomás lo indispensable”, aclara. Ella para bañarse calienta el agua en un bote, se mete en una pequeña tina que tiene en el baño, y “a jicarazos”, dice. Cuando termina, utiliza el agua de la tina para regar el patio o las plantas.

Después de bañarse, Mario también utiliza el agua que ha quedado en su tina para regar el patio o las plantas. Y para los trastes, usa dos cubetas medio llenas y un pequeño bote donde mezcla el agua con jabón. Es decir, unos 20 litros en total. En una cubeta enjuaga y en la otra deja los trastes remojando, ya limpios. Luego el agua que queda también la reutiliza.

Jacqueline solía hacer todo eso y se bañaba a cubetas, pero hace unos cuatro años se compró un tanque de 1100 litros y puso instalación en la casa. Ella ya puede abrir el grifo y sale agua, pero no viene del servicio público, sino que tiene que comprarla cada vez que se le termina el tanque. Suele durarle una semana y le abastece a ella, a su marido y a su hijo. Eso son unos 52 litros por día y por persona. Es decir, un cuarto de lo que se estima que debería de tener un habitante de Baja California.

Lo que está por llegar

Tijuana se alza en una región semidesértica donde no llueve muy a menudo. Por eso, para conseguir agua, recurre principalmente al río Colorado, por años sobreexplotado, que abastece a varios estados en el sur de EE UU y el norte de México. En Baja California, el líquido se transporta a lo largo de 125 kilómetros, desde el Valle de Mexicali, subiendo luego los más de 1000 metros de altitud de La Rumorosa y volviendo a bajar hasta llegar a millones de hogares en la costa del Pacífico: a Tijuana, Tecate y Rosarito. Como cuenta Vicente Sánchez, profesor del Colegio de la Frontera Norte (Colef) y experto en gestión de recursos hídricos, el costo de hacer todo ese recorrido es altísimo. Además, “en los últimos años de la última administración panista [del Partido Acción Nacional], no se invirtió en las bombas del acueducto para subir el agua. Algunas de esas bombas ya están obsoletas y no se repusieron”.

En muchas colonias de Tijuana son habituales las políticas de “tandeo”, que consisten en cortes de agua cada ciertos días durante 24 horas en promedio, aunque a veces pueden alargarse hasta una semana o más. Sucede en áreas de todos los niveles económicos, la diferencia es que quien tiene dinero se compra tinacos donde almacena agua y ni siquiera lo nota cuando la cortan. Vicente Sánchez explica que algunos de los motivos de esos tandeos tienen que ver con problemas en la presa El Carrizo, que bebe del río Colorado y surte a la ciudad, pero también con “rupturas de los grandes tubos que van a los tanques de agua que están por regiones en la ciudad. Hay mucha obsolescencia en esa infraestructura”.

A eso se le suma que Tijuana es el municipio más poblado del país y que está creciendo a un ritmo descontrolado por su condición fronteriza y por la falta de planeación urbanística. Aunque no son los hogares los que hacen un uso más intensivo del agua, sino principalmente, el sector agrícola. Por su parte, quien más aguas residuales vierte es el sector industrial.

Por si todo eso no fuera poco, el cambio climático va secando cada vez más el río Colorado. Según investigaciones oficiales, “los niveles del río caerán entre 19% y 31% para 2065, por lo que se anticipa un futuro con alto riesgo de escasez de agua”. Otros datos oficiales demuestran, además, que la península de Baja California es la que tiene el grado más elevado de presión sobre este recurso en todo el país, solo por detrás del Valle de México. Toda esa mezcla de factores deviene un cóctel explosivo para el estrés hídrico.

Como escudo ante ese apocalipsis, está el Plan Binacional de Contingencia ante la Escasez de Agua en la Cuenca del Río Colorado, un acuerdo entre México y los EE UU firmado en 2017 y actualizado en marzo de 2024. Esa actualización le otorga a México 65 millones de dólares del Gobierno estadounidense “para proyectos y acciones a fin de generar agua para el sistema del Río Colorado”. La condición es que para 2026 tienen que haber contribuido a acumular más de 493 millones de metros cúbicos de agua, casi un 9% de lo que va a recibir México en estos tres años siempre que no haya restricciones por sequía.

Mientras tanto, se plantean varias opciones adicionales para enfrentar la escasez. Una e tratar el agua residual y reutilizarla, algo que, según cuenta Sánchez, el profesor del Colef, ya están empezando a implementar ciudades como San Diego o Las Vegas, que también se abastecen del río Colorado. En Tijuana, las aguas negras se tratan, pero de forma altamente ineficiente y con una planta estropeada, que cada segundo lanza miles de litros de esos desechos al Pacífico, creando un grave problema binacional de contaminación. Según datos de la Cespt, actualmente solo un 1,19% del agua residual tratada se reutiliza para el riego de áreas verdes.

La otra opción sobre la mesa es construir una planta desaladora para potabilizar el agua del océano. Supondría explotar todavía más ese recurso natural, en vez de reutilizarlo. Pero como dice el experto en gestión de recursos hídricos, estaría bien considerarlo no como fuente principal, sino porque “ante situaciones críticas, tienes que ampliar la variedad de fuentes de agua”.

Una tercera vía es la que proponen desde organizaciones como el PFEA. Alternativas tecnológicas para captar agua o reutilizarla, en “procesos más chiquitos autogestionados por la comunidad”, dice Castellanos.

Mientras llegan esas soluciones, María Elena Martínez, de espaldas a sus tres tambos de agua, sigue esperando que la comisión estatal de servicios públicos le de una solución. Pero ella, que trabaja todo el día y solo libra los domingos y vive lejos de sus oficinas, ni siquiera tiene tiempo para ir a preguntar. “A veces, con la economía no da”, asegura.