López Obrador lanza un nuevo pulso a los ministros de la Corte por sentencias del pasado: “No han hecho nada en beneficio del pueblo”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha exigido explicaciones a los ministros de la Suprema Corte de Justicia por diversas sentencias adoptadas en el pasado por el máximo tribunal y que, a decir del mandatario, no han beneficiado al pueblo sino a grupos de intereses, desde el crimen organizado hasta la delincuencia de cuello blanco. El nuevo reclamo de López Obrador se da en medio de la pugna por los recursos depositados en diversos fideicomisos del Poder Judicial, de los que el Gobierno quiere echar mano y que los jueces han defendido con firmeza.

El presidente ha formulado este martes, al calor de su conferencia mañanera, un decálogo de preguntas para los ministros del Supremo, en un tono de exigencia de rendición de cuentas. Algunos cuestionamientos se refieren a resoluciones adoptadas por la Corte en temas como la consulta popular sobre la reforma energética, el intento de desafuero en contra suya cuando fue mandatario de Ciudad de México (2005) o el incendio de la guardería ABC. Se trata de sentencias de hace años, y en varias de las cuales no tuvieron participación los ministros que hoy integran la Suprema Corte. Cinco jueces ingresaron entre 2009 y 2012; los restantes seis lo hicieron a partir de 2015. En realidad, el decálogo de preguntas sintetiza las deudas del Poder Judicial anotadas en la libreta de López Obrador.

La ministra Norma Piña, presidenta de la Corte, declinó el lunes una invitación al Congreso para abordar, en una reunión de trabajo, el tema de los fideicomisos judiciales. Morena, el partido oficialista, ha elaborado una iniciativa para eliminar 13 instrumentos y hacerse con 15.000 millones de pesos depositados en ellos, con el argumento de que son ahorros para pagar privilegios a una casta. El Poder Judicial ha defendido que la eliminación de fideicomisos puede afectar los derechos laborales de jueces y trabajadores. López Obrador ha aplaudido este martes que la ministra Piña no acuda al Congreso, porque, ha dicho, eso “es más espectáculo”, “dimes y diretes”. El presidente ha afirmado que, en lugar de intercambiar puntos de vista sobre los fideicomisos, los ministros deberían responder otras preguntas, que ha cavilado al vuelo.

Su primera pregunta fue: “¿Por qué ganan 700.000 pesos mensuales?”, y ha agregado: “Que expliquen por qué ganan eso, ¿por qué, además del sueldo, tantas prestaciones?, ¿cuál es el trabajo tan excepcional, tan extraordinario que realizan?”. Segunda: “¿Por qué nunca se castiga a jueces, magistrados y ministros por corrupción?”. El “nunca” fue una hipérbole o una imprecisión. El portal del Consejo de la Judicatura da cuenta de decenas de sanciones impuestas a funcionarios judiciales, desde la suspensión a la inhabilitación, tanto a trabajadores administrativos como a jueces y magistrados.

Tercera pregunta de López Obrador: “¿Por qué se contrató para el manejo de la oficina de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia a un hombre de absoluta confianza de García Luna?”. Fue una alusión a Ricardo Márquez Blas, a quien la ministra Piña designó coordinador de Fortalecimiento Institucional del Supremo. Márquez fue titular del Centro Nacional de Información de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando esta dependencia era encabezada por Genaro García Luna, el zar de la lucha contra el narco en el sexenio de Felipe Calderón. García Luna fue declarado culpable este año en Estados Unidos de colaborar con el Cártel de Sinaloa. Cuarta pregunta: “¿Por qué dejan en libertad a delincuentes con argucias legaloides?”. Quinta: “¿Qué han hecho, qué han resuelto en favor de la mayoría del pueblo de México?”. Y ha pedido: “Enlisten 10 acciones que hayan hecho en beneficio del pueblo en los últimos 36 años”.

Su sexta pregunta: “¿Por qué no permitieron que se consultara al pueblo cuando se privatizó el petróleo?”. Es uno de los temas sensibles de López Obrador y lo ha sacado a relucir en diversas ocasiones. Fue en 2014 cuando el Supremo rechazó una solicitud de consulta popular sobre la reforma energética del Gobierno de Enrique Peña Nieto. López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas encabezaron movimientos populares en contra de esa reforma, que permitió las inversiones extranjeras en la explotación de los bienes nacionales. El partido fundado por López Obrador, Morena, promovió la consulta popular, pero esta fue denegada por la Corte. Solo cinco de los 11 ministros actuales formaban parte del Supremo y tuvieron lugar en la votación. De hecho, el único ministro que votó a favor de la consulta fue José Ramón Cossío, ahora en retiro y que ha sido objeto de múltiples críticas de parte del oficialismo. Arturo Zaldívar, hoy aliado de López Obrador, votó en contra, lo mismo que Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro y hoy senadora de Morena. El pleno de la Corte razonó entonces que la reforma energética era un asunto vinculado a la recaudación de impuestos y que esos temas no pueden ser objeto de consulta popular.

Séptima pregunta del presidente al Supremo: “¿Por qué no concedieron amparos cuando se privatizaron las pensiones de los trabajadores?”. El mandatario se refirió a una reforma aprobada en el Gobierno de Felipe Calderón al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE). La reforma, avalada por el Congreso en 2007, permitió, entre otras cosas, la transferencia de fondos públicos de salud al sector privado, y creó un régimen de aportaciones con base en la capitalización individual del trabajador. En la fecha de esa reforma ninguno de los actuales ministros formaba parte de la Corte.

Octava: “¿Por qué no aceptaron castigar a los responsables del incendio de la guardería ABC?”, dictó López Obrador en referencia a la tragedia en la que murieron 49 niños y niñas de una guardería de Sonora, el 5 de junio de 2009. La desgracia puso al centro del debate el sistema de subrogación de guarderías del IMSS, esto es, la posibilidad de que sujetos particulares administren el servicio de guarderías con la supervisión del Gobierno. En aquel tiempo se documentó que la guardería incendiada era administrada por una prima de la entonces primera dama, Margarita Zavala. El asunto escaló en 2010 a la Suprema Corte, a la que se le solicitó ejercer su facultad de investigación. El proyecto original, a cargo del ministro Zaldívar, fue rechazado, con lo que el alto tribunal dejó libres de responsabilidades a los más altos funcionarios implicados en el desastre por omisiones. En 2022, Zaldívar reveló que fue objeto de presiones del calderonismo y que hubo una “operación de Estado” para proteger a la familia presidencial. En el momento de la votación de su proyecto, solo dos de los 11 ministros actuales estaban en la Corte.

López Obrador agregó a su listado como novena pregunta: “¿Por qué aceptaron, promovieron y apoyaron el desafuero del actual presidente de la República cuando era jefe de Gobierno?”. Es otro caso sensible para el mandatario. El episodio ya forma parte de los libros de historia política moderna y recibe el nombre de El desafuero. López Obrador era mandatario de Ciudad de México cuando la Cámara de Diputados aprobó removerlo del cargo para que fuera investigado por el caso de un predio en disputa entre el Gobierno capitalino y una empresa privada. El desafuero fue una maniobra política —que finalmente no prosperó— de Vicente Fox por descarrilar las aspiraciones presidenciales de López Obrador y por ayudar a su delfín, Felipe Calderón. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (el Congreso local, dominado por el movimiento obradorista) acudió a la Corte para pedir que revisara la legalidad de la determinación de la Cámara de Diputados, pero el recurso fue desechado, con el argumento de que la ALDF no tenía interés legítimo en el asunto. Hasta antes de 2016, la capital era considerada un departamento federal y varias de sus autoridades dependían del Ejecutivo. En ese momento, ninguno de los actuales ministros formaba parte del Supremo.

La última pregunta del presidente fue: “¿Por qué, en vez de castigar a los delincuentes de cuello blanco, los dejan en libertad y les devuelven los bienes robados, como fue el caso de Raúl Salinas y otros?”. Raúl Salinas es el hermano del expresidente Carlos Salinas de Gortari, este último el mayor némesis político de López Obrador, “el padre de la desigualdad moderna”, “el jefe de la mafia del poder”. Raúl fue bautizado en los noventa como “El hermano incómodo”, por los grandes negocios que hizo al amparo presidencial. La Fiscalía acusó a Raúl Salinas de enriquecimiento ilícito y lo investigó desde 1996. Sin embargo, en 2014, un tribunal federal —que no la Corte— dio un revés a la Fiscalía y confirmó en definitiva que no había elementos para sostener que la riqueza denunciada derivó de actos de corrupción. Los bienes que le fueron confiscados y las cuentas bloqueadas tuvieron que ser devueltos a su dueño, el hermano de Salinas.

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