La Fiscalía pierde un caso contra Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito en México

La Fiscalía mexicana ha sufrido un revés judicial en el caso contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública y quien este año fue declarado culpable en Estados Unidos de narcotráfico y delincuencia organizada. Un tribunal colegiado rechazó conceder una orden de aprehensión contra el exfuncionario en un caso por enriquecimiento ilícito. La Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de haber amasado una fortuna injustificable de 43 millones de pesos entre 2000 y 2012, durante los gobiernos de los presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, ambos del PAN. En esos sexenios, García Luna se desempeñó, primero, como titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), un área extinta dentro de la propia Fiscalía, y luego, en el calderonismo, como titular de la Secretaría de Seguridad Pública, teniendo a su cargo la estrategia de combate al crimen organizado. La Fiscalía ha anunciado este martes que emprenderá acciones legales contra tres magistrados y un juez por actuar contra la administración de la justicia, un delito federal previsto en el Código Penal.

Los magistrados acusados por la FGR de violar los principios de legalidad y el debido proceso son Alberto Torres Villanueva, Manuel Bárcena Villanueva y Gabriela Guadalupe Rodríguez Escobar, integrantes del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito. La FGR también anunció cargos contra el juez de distrito Gerardo Genaro Alarcón López, que negó la orden de aprehensión contra García Luna en una primera instancia, decisión que luego fue confirmada por el tribunal federal “aun cuando, con los datos de prueba proporcionados a la autoridad jurisdiccional, está demostrado que su patrimonio es desproporcionado e injustificado con relación a sus ingresos lícitos”, ha detallado la Fiscalía.

La estrategia de la FGR de emprender acciones contra los jueces que emiten resoluciones contrarias a sus alegatos o por conceder amparos a los acusados es casi rutinaria. Sin embargo, en el caso de los expedientes contra García Luna, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido especialmente suspicaz ante la actuación de los juzgadores. El presidente ha utilizado su conferencia mañanera para ventilar cómo un tribunal ordenó el desbloqueo de cuentas bancarias vinculadas al exjefe policiaco mientras en EE UU estaba siendo acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa. López Obrador también ha criticado a la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, por la contratación en el Poder Judicial de funcionarios que trabajaron para García Luna. Estos ejemplos han servido al mandatario de bandera política para dar empuje a su discurso de que el Poder Judicial requiere de una profunda reforma.

La negativa resolución del tribunal colegiado es un trago amargo para la FGR, pero aún están vigentes otras tres órdenes de captura contra García Luna en México por tráfico de armas, delincuencia organizada y desvío y blanqueo de recursos. Sin contar que, además, el Gobierno ha emprendido un juicio civil en Florida para intentar recuperar la fortuna corrupta del exfuncionario afincada en ese Estado, calculada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 750 millones de dólares. García Luna fue declarado culpable de narcotráfico y delincuencia organizada en una corte de Nueva York en febrero. Está pendiente que el juez le dicte la sentencia, que oscila entre los 20 años de prisión y la cadena perpetua.

En julio, la FGR detalló cuáles eran las órdenes de aprehensión contra García Luna que siguen en pie. En uno de los casos, García Luna fue acusado de tráfico de armas por el operativo Rápido y furioso, mediante el que fue introducido a México armamento ilegal proveniente de EE UU para entregarlo a los cárteles, con la finalidad de rastrearlo posteriormente y localizar a sus poseedores. La operación fue un desastre. Esas armas fueron utilizadas en masacres cometidas por los grupos criminales y el rastreo de los portadores fracasó. El Gobierno mexicano, a través de la Cancillería, ha emprendido también una demanda en EE UU contra los fabricantes de armas traficadas a México. En este expediente también fueron vinculados Luis Cárdenas Palomino y Facundo Rosas, colaboradores cercanos de García Luna.

Otra orden de captura está relacionada con un daño patrimonial de 65.000 millones de pesos por la adjudicación de contratos —con sobreprecio en perjuicio del Estado— para la construcción y administración de ocho cárceles en el último tramo de la gestión de García Luna al frente de la SSP. Esas prisiones, además de costosas, fueron cedidas finalmente a los constructores, lo que, en los hechos, constituyó una privatización.

La última orden de aprehensión, la más reciente, lo señala de haber causado un daño al erario de 5.112 millones de pesos por el otorgamiento de “contratos ilegales y abusivos” para el equipamiento de prisiones públicas. En este caso, el juez libró órdenes de captura contra otras 60 personas implicadas en la red de corrupción de García Luna, entre los que estaban sus socios y testaferros de confianza, Jonathan Alexis Weinberg y Mauricio Samuel Weinberg, dueños de las empresas Nunvav Inc. y Nunvav Technologies, ambas con sede en Panamá. Las órdenes de aprehensión contra García Luna que aún están en pie sustentan la petición del Gobierno mexicano al de EE UU de extraditar al exfuncionario para ser juzgado por su país de origen por los delitos que cometió.

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