Un juez ordena la detención de 61 personas por su relación con la red de corrupción de García Luna en el sistema de cárceles federales

La Fiscalía General de la República ha obtenido órdenes de aprehensión contra 61 personas presuntamente involucradas en la red de corrupción creada por Genaro García Luna cuando estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, durante el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). La dependencia asegura que estas personas se coludieron para saquear parte de los recursos públicos que iban destinados a las cárceles federales, y les acusa de los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El presunto cabecilla de esta trama, García Luna, está bajo la custodia de autoridades estadounidenses desde que el 21 de febrero de este año, un jurado de Nueva York le declarase culpable de narcotráfico y delincuencia organizada.

La red de corrupción, según la Fiscalía, estaba liderada por García Luna y sus socios y testaferros Jonathan Alexis Weinberg y Mauricio Samuel Weinberg, tres de las personas sobre las que ahora pesa una orden de detención. Estos últimos eran los encargados de canalizar esos recursos a empresas controladas por el antiguo secretario de Seguridad. Lo hicieron a través de 10 contratos que alcanzaron la suma de 5.112 millones de pesos y que fueron desviados gracias a “diversas triangulaciones criminales a nivel internacional”, expone la dependencia. La Fiscalía ya ha emitido las fichas rojas de búsqueda para aquellos que se encuentran fuera del país, y que incluyen tanto particulares como funcionarios públicos.

Este proceso es independiente a la denuncia que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) respecto a un despojo multimillonario, y que también incluye a García Luna, la policía federal y sus socios y empresas. El pasado 9 de marzo, la UIF reveló la existencia de una red empresarial que funcionaba a través de la empresa Nunvav Inc., que obtuvo contratos en 2012 de parte del órgano que administra las prisiones federales (OADPRS) por un monto de 233 millones de dólares. La empresa, con sede en Panamá, estaba a nombre de los empresarios Weinberg, que ejercían de intermediarios entre el dinero y García Luna. Los contratos que firmaban los funcionarios con esta empresa eran, supuestamente, para la instalación de sistemas integrales de micrófonos, cámaras y equipamiento tecnológico especializado de control y supervisión en penales federales.

A Genaro García Luna se le acumulan los procesos a un lado y otro de la frontera. El pasado 22 de febrero, uno de los funcionarios más importantes durante el gobierno de Felipe Calderón, fue declarado culpable de los cinco delitos que pesaban en su contra en ese fallo histórico: conspiración para la distribución, posesión e importación internacional de cocaína, y dar declaraciones falsas a las autoridades estadounidesnes. El que fue líder de la guerra contra el narco se ha convertido con el tiempo en uno de los funcionarios de mayor cargo que ha quedado demostrado que mantuvo relaciones estrechas con el narcotráfico, en medio de una política que pretendía erradicarlos de México.

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