Morena impulsa en el Congreso un recorte millonario a los fideicomisos del Poder Judicial

El tan anunciado recorte al presupuesto del Poder Judicial ha tomado forma en el Congreso. La fracción parlamentaria del partido oficialista, Morena, en la Cámara de Diputados ha presentado un proyecto en el que plantea una reforma para eliminar 13 de los 14 fideicomisos que en conjunto poseen los órganos que integran el Poder Judicial: la Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Electoral federal. La bancada de Morena señala que en total esos instrumentos financieros cuentan con 21.554 millones de pesos, según cifras al segundo trimestre de este año. Solo uno de los fideicomisos, el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, tiene sustento en las leyes, y es el que quedaría intacto, según la iniciativa. El resto de los instrumentos, que suman disponibilidades por 15.450 millones de pesos, serán extinguidos, y sus recursos se integrarán a la Tesorería de la Federación, bajo control del Ejecutivo, para que puedan ser asignados a los programas sociales y a las obras de infraestructura.

La eliminación de los fideicomisos judiciales requiere de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación de 2021, para cuya aprobación se requiere de una mayoría simple en la Cámara de Diputados, que Morena reúne sin mayores problemas con los votos de sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo. Esta propuesta de reforma es paralela a la discusión del presupuesto federal para 2024, el llamado Proyecto de Egresos de la Federación (PEF). Es decir, por ahora, los movimientos y reasignaciones al gasto del Poder Judicial no se están dando en el marco del PEF, sino en una discusión aparte en la que Morena tiene el control. Esto por lo pronto. Nada impide al partido oficialista intentar también aplicar recortes adicionales al Poder Judicial en el proyecto presupuestal.

La ministra Norma Piña, presidenta del Supremo y cabeza del Poder Judicial, solicitó para el próximo año un presupuesto de casi 85.000 millones de pesos. De inmediato, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó la solicitud de recursos, al considerarla excesiva, y dirigió la discusión a los fideicomisos, en los que, según dijo, se guarda dinero para pagar los “privilegios” de la cúpula judicial. El proyecto de reforma de la bancada de Morena no es más que una formalización de los deseos de López Obrador. Suele ser así: que el Congreso sea una caja de resonancia de las declaraciones del Ejecutivo (el partido oficialista tiene mayoría en ambas Cámaras).

La iniciativa indica que algunos de los fideicomisos fueron creados para pagar prestaciones médicas y pensiones de jueces, y señala que no son administrados con transparencia hacia el público. “La acumulación de recursos en estos fideicomisos ha generado críticas tanto por su elevado monto como por el hecho de que se relacionan mayormente con prestaciones especiales, y más aún, que son utilizados como bolsas de ahorro, financiadas, de origen, con recursos públicos”, dice el proyecto, que ha sido suscrito por el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier.

El documento agrega que, encima de todo, tales beneficios no se reparten entre todos los funcionarios del Poder Judicial, sino solo entre los mandos superiores. “Es absolutamente intolerable que existan prestaciones económicas de privilegio que distingan tan negativamente a un grupo muy reducido de funcionarios respecto del resto de personas que laboran en el propio Poder Judicial, no digamos respecto del resto de la población”, señala.

La propuesta de reforma precisa que, dado que algunos fideicomisos resguardan fondos para el pago de pensiones y otras prestaciones laborales, en la extinción de esos instrumentos se respetarán los compromisos contractuales y los derechos que se hayan generado, “de forma que los recursos privados aportados a los mismos regresen a sus aportantes conforme establezcan los contratos respectivos, pero que, de igual forma, los recursos que hayan tenido su origen en aportaciones provenientes de recursos presupuestales federales, con sus aprovechamientos, se reintegren a la Tesorería de la Federación”.

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