La justicia mexicana ordena reducir las penas de los 22 funcionarios condenados por el incendio en la guardería ABC

Una nueva sentencia emitida este miércoles por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha ratificado de manera definitiva la culpabilidad de 22 funcionarios estatales y federales por el incendio ocurrido en 2009 en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, en el que fallecieron 49 niños. La Corte, sin embargo, ordena que se fijen nuevas penas contra los condenados, al considerar que las responsabilidades en el incendio fueron involuntarias, por lo que se deben reducir las establecidas hace cuatro años, que iban de 14 a 29 años de prisión.

El próximo 7 de junio se cumplen 12 años de la tragedia que conmocionó a México y cuyo camino para obtener justicia no ha estado exento de polémicas. En mayo de 2016, un un juez de Sonora condenó a 19 personas por homicidio culposo y lesiones por el incendio, con sentencias que iban de 20 a 29 años de prisión, pero un año más tarde otro tribunal redujo a 14 años las penas para diez de los acusados. Este miércoles la SCJN ha ordenado nuevamente que se ajusten estas condenas, al considerar que en el proceso se violentaron los derechos de los imputados, aunque se mantienen las responsabilidades por negligencia, ya que los implicados desatendieron los reglamentos de construcción y de protección civil.

La Suprema decidió analizar tres proyectos presentados por el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que incluían amparos solicitados por Martín Lugo Portillo, exdirector de Bomberos de Hermosillo, y Antonio Salido Suárez, secretario del Consejo de Administración de la guardería. Ambos habían sido condenados a más de 28 años de prisión y pedían que se revocaran las sentencias en su contra. Los ministros han ordenado en su resolución de este miércoles a un tribunal de Sonora imponer nuevas sentencias, que deberán ser menores a las impuestas en 2017. La misma decisión afecta al resto de imputados.

La tarde del viernes 5 de junio de 2009, los mexicanos asistieron horrorizados a las primeras noticias que informaban de un incendio en una guardería de Hermosillo, la capital del Estado de Sonora. El fuego se inició a unos metros del galerón donde a esa hora hacían la siesta decenas de niños, atrapados en una trampa mortal. Se trataba de una nave industrial, rehabilitada como centro infantil, pero sin las condiciones de seguridad establecidas por las autoridades locales: no había salidas de emergencia ni extintores de incendios. Los techos, además, estaban construidos con material flamable. La trampa de humo y fuego hizo imposible el acceso de bomberos y personal de la guardería, que ardió con decenas de niños dentro, de edades que iban entre seis meses y cinco años de edad. El caso, como informó EL PAÍS en su momento, desveló una trama de corrupción política y empresarial, ya que uno de los dueños del inmueble había sido funcionario de Gobierno, mientras que otra de las implicadas, Marcia Matilde Gómez del Campo, era prima de la entonces primera dama Margarita Zavala de Calderón y también pariente del entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo.

En su lucha para evitar que la muerte de sus hijos quede en la impunidad, los padres de las víctimas llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que el año pasado emitió una resolución en la que afirma que “el Estado mexicano no ha esclarecido si el incendio fue causado de forma dolosa o producto de una falla técnica, ni ha establecido la responsabilidad de todos los implicados, entre ellos altos funcionarios públicos de diferentes entidades estatales”. El fallo de este miércoles es un avance en el largo camino de los familiares por obtener justicia por la mayor tragedia infantil sufrida en México.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país