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Condenadas 19 personas por la muerte de 49 niños en la guardería ABC de México

Las penas van de los 20 a los 29 años de prisión por la muerte de 49 niños en un incendio en una guardería en el Estado de Sonora

Manifestación de los padres de los niños fallecidos, en 2013.
Manifestación de los padres de los niños fallecidos, en 2013.

A unos días de cumplirse siete años del incendio que provocó la muerte de 49 niños en una guardería del Estado de Sonora, la justicia mexicana impuso castigos por esta tragedia. Este sábado, un juez de esa entidad ha confirmado la sentencia por homicidio culposo y lesiones contra 19 personas y absolvió a otras tres relacionadas con el caso.

Entre los condenados se encuentran altos funcionarios de las instituciones de Salud, como la jefa del Departamento de Guarderías dependientes del Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS) y el delegado de esa dependencia en Sonora.

El 5 de junio de 2009 se registró un incendio en la guardería ABC, ubicada en la capital del norteño Estado mexicano de Sonora. El fuego se originó en una tienda de neumáticos contigua al plantel, junto al cual también había una gasolinera. Sin salidas de emergencia y con espacios insuficientes para albergar a casi 150 niños, el lugar se convirtió en una trampa de la que sólo fue posible rescatar a los niños abriendo un boquete en un muro, ya que el fuego bloqueaba la entrada. Cuando el personal de la guardería y de protección civil pudieron entrar, ya había más de 30 pequeños muertos y decenas de heridos. El saldo final fueron 49 muertos de entre seis meses y cinco años de edad.

A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal informó de las sentencias impuestas a cada funcionario:

- A la Jefa del Departamento de Guarderías dependientes del IMSS, se le impuso una pena de 29 años de prisión y se le condenó al pago de la multa y la reparación del daño.

- Al Delegado Estatal en Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social, a la representante legal y al secretario del consejo de administración de la Guardería ABC, Sociedad Civil, se le condenó a 28 años de prisión y al pago de la multa y la reparación del daño.

- Al Director de Protección Civil de Hermosillo, capital de Sonora, así como al Director de Bomberos, al Jefe de Departamento adscrito a la Dirección de Bomberos y al Director de Inspección y Vigilancia, todos de dicha ciudad, la pena de 28 años de prisión y se les condenó al pago de la multa y la reparación del daño.

- Al Titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, la pena de 28 años de prisión y se le condenó al pago de la multa y la reparación del daño.

- A los empleados del área de Control Vehicular y de la Agencia Fiscal, al Director General de Recaudación y al Subdirector de Control Vehicular todos dependientes de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, la pena de 20 años de prisión y se les condenó al pago de la multa y la reparación del daño.

Las personas absueltas son las coordinadoras zonales de guarderías y la jefa del departamento de guarderías del IMSS, por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, en virtud de que no se acreditó el dolo.

La figura más conocida del caso ABC es el exdirector del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, quien ya había dejado el cargo cuando ocurrió el incendio, pero fue señalado como responsable de otorgar los permisos de operación a la guardería, trámite que sí ocurrió durante su gestión. La tragedia del 5 de junio de 2009 dejó al descubierto las irregularidades en el plantel, que no fueron advertidas por la autoridad correspondiente. Horcasitas era la primera persona para la que los padres de las víctimas pedían cárcel, pero falleció en mayo de 2015 a causa de la esclerosis lateral amiotrófica que padecía.

Apenas el 4 de mayo pasado, el IMSS anunció que ampliaría la cobertura a los niños sobrevivientes del incendio que sólo resultaron "expuestos", para que reciban atención de 11 especialidades en total. Según el diario El Universal, los padres de dichos menores no están satisfechos con este beneficio, pues consideran que deben ser reconocidos como legítimamente afectados y no sólo "expuestos", con lo que obtendrían una pensión como compensación por lo ocurrido.

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