Más de 100.000 fotos alteradas con IA para fines sexuales: ocho alumnas del IPN se enfrentan a la normalización de la violencia digital en México

Ocho estudiantes vestidas de negro, protegiendo su rostro con pañoletas color violeta —en las que se podía leer la leyenda “#LeyOlimpia”—, con gafas de sol oscuras, con el apoyo y protección de al menos un centenar de otras compañeras, protestaban el pasado lunes fuera de la entrada principal del Instituto Politécnico Nacional de Ciudad de México. Con altavoz en mano proclamaban lo siguiente: “A todos los agresores sexuales de las universidades, a todos los que están en esos grupos donde se intercambian contenidos sexuales: Ya no les tenemos miedo vamos a luchar por nuestra justicia. Ni porno, ni venganza. Queremos estar seguras también en internet”.

Los reclamos de las ocho alumnas se remontan al 6 y 7 de octubre, cuando presentaron una denuncia contra el estudiante de la Escuela Superior de Comercio y Administración Diego “N”, quien presuntamente habría tomado fotos de las redes sociales personales de sus compañeras y otras alumnas y las habría alterado con inteligencia artificial con fines sexuales para venderlas a través de Internet. Envalentonadas y con el espíritu en alto, este grupo de mujeres daba a conocer que el vía crucis que inició hace casi dos semanas iba a seguir su curso, porque era importante sentar un precedente.

“Seguimos con fuerza, porque el IPN [Instituto Politécnico Nacional] nos hizo compañeras de escuela, pero la vida nos hizo hermanas de łucha. Nos intentaron hacer creer que esta violencia no era real, pero decidimos hablar con fuerza porque eł amor entre mujeres salva. No se confundan. Esta violencia sí está penada en la Ley Olimpia. No es un juego y el miedo cambiará de bando”, afirmaba una de las denunciantes.

Las jóvenes, según dieron a conocer, al momento de denunciar al acusado carecieron de una atención con perspectiva de género. Además, afirman que hubo omisiones e irregularidades en la atención psicológica inicial, aparte de las faltas a raíz de una “interpretación legal” que dejaron en libertad a Diego “N”, a pesar de que se encontró al estudiante en ese momento con un dispositivo que contenía aproximadamente 20.000 imágenes alteradas.

A raíz de los reclamos de la comunidad femenina universitaria del IPN y de las mismas afectadas, la Fiscalía General de Ciudad de México tuvo que resarcir sus equivocaciones y volvió a citar a las jóvenes dentro de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas junto con el área jurídica general del Politécnico.

Se Ilevó a cabo una reunión el 12 de octubre en las instalaciones de la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. Fruto de este encuentro, esta dependencia instruyó otorgar las medidas de protección para cada una de ellas. También se hizo la solicitud a la Policía de Investigación, en el área científica, de realizar una exhaustiva revisión de imágenes que se encuentren en los dispositivos móviles del investigado, ya que la tableta digital quedó en custodia de prueba.

Entonces la realidad se tornó más oscura. A partir de esta nueva investigación, las fotografías que se encontraron en el dispositivo que presuntamente pertenecía a Diego “N”, no eran 20.000, sino 166.000 en total. También se hallaron 20.000 videos y compilaciones de fotografías reales y alteradas de las que al menos 40% son de alumnas del IPN, las cuales oscilan entre las edades de 17 a 25 años.

“Estamos rotas por este recorrido agotador de iniciar un proceso de justicia, cuando eres mujer en un país feminicida y machista. Tuvimos que ver nuestras fotos, las de nuestras amigas, más de 20.000 videos de compañeras que ni siquiera saben que estaban en esa tableta digital. Fue horrible ver cómo la łlegada de la tecnología en manos de los hombres y de la industria de la explotación sexual destruye la vida de las mujeres”, expresó una de las jóvenes.

Leslie Jiménez, coordinadora de proyectos en Impunidad Cero, advierte que los problemas en este tipo de casos de violencia digital surgen desde la denuncia, ya que no hay una articulación entre la policía cibernética y las fiscalías. Las denuncias no son recibidas en cualquier agencia, tiene que ser en una especializada, que en este caso es la de delitos sexuales. Una de las más recientes, creada en mayo, fue la de Investigación de Delitos Sexuales Cometidos en Agravio de Estudiantes de Educación Media Superior y Superior.

“Todavía tienen como un tema de organización interna para la ubicación de estas unidades. Eso también implica otro traslado, otro aspecto de revictimización. Puedes denunciar en línea, sin embargo, la denuncia no te implica que haya un seguimiento en línea total. O sea, tú denuncias en línea y tienes que ir después dentro de unos diez días a una de estas agencias”, explica Jiménez.

La Fiscalía vinculó a proceso a 2.458 personas por delitos relacionados con violencia de género desde el 1 de enero hasta el 15 de diciembre de de 2022. Del total de las detenciones, 40 personas fueron aprehendidas por el delito contra la intimidad sexual.

Otro obstáculo que detecta la especialista en este tipo de casos, es que el Ministerio Público de Ciudad de México no sabe cómo requerir algo a Facebook o, en todo caso, a Meta. “Otro tema de comunicación que también se presenta es que los operadores, llámese policías de investigación, no saben, a veces, cómo son las plataformas. Qué es Instagram, no saben qué es una mensajería de Telegram o un Dropbox, o sea, eso también es una dificultad, comprender la naturaleza de dónde está contenido el material”, agrega Jiménez.

Las jóvenes, que forman parte de la Asamblea Digital de Justicia del IPN, informaron también que se han documentado los testimonios de otras compañeras ,que han decidido mantener sus perfiles anónimos por miedo a represalias, que han indicado que fueron convocadas para “entrar al negocio”, el mismo que implicaba producir fotografías íntimas y convertirlas en prostitución digital o conseguir fotos de otras alumnas pera editarlas. Las funciones de este trabajo incluía la organización de carpetas por carreras y generaciones desde el año 2016. Las estudiantes afectadas afirman que se tienen registros de que esta organización de venta y reproducción de contenidos íntimos no consensuados, que operaba a través del servicio de mensajería instantánea Telegram, existe dentro del IPN desde hace al menos seis años.

“Existen pruebas de conversaciones entre alumnos que compraban y ofertaban estos contenidos, por lo que señalamos que Diego “N” no actuaba solo. Hay dentro de nuestros salones, pasillos, baños, y en la comunidad estudiantil, la organización patriarcal de alumnos hombres que se intercambian y comercializan estas fotografías, le ponen precios a nuestros cuerpos y nos ven como objetos sexuales”, precisa una de las víctimas.

Según el Informe Violencia Digital. Un estudio de los perfiles de agresores y sobrevivientes de violencia sexual digital, 72,3% de las víctimas de agresores sexuales tienen escolaridad universitaria, de las cuales 48,7% son estudiantes. Desde enero de 2020, se reformó el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Ciudad de México, en lo que se ha conocido como la Ley Olimpia, para admitir como delito la difusión de imágenes de contenido sexual sin el consentimiento de la implicada. Olimpia Coral Melo, creadora e impulsora de la ley, afirma que se trata del caso más icónico documentado sobre violencia digital con inteligencia artificial hacia mujeres universitarias, que tiene que ver con mercados de explotación sexual y sobre difusión y producción de contenidos.

“Viendo el informe [Violencia Digital] nos damos cuenta de que efectivamente las mayores víctimas de violencia sexual digital en México son mujeres universitarias, perpetuadas por sus mismos compañeros universitarios. La profesionalización y automatización que facilita hoy la inteligencia artificial nos muestra que para los nuevos tipos de violación contra las mujeres no es necesario ya tener el cuerpo físico o una fotografía real a través de la vivencia de la sexualidad digital para explotarte y mercantilizar nuestros cuerpos digitalmente”, explica Melo.

Melo, quien es también fundadora del Frente Nacional para la Sororidad y Defensoras Digitales, explica que la Ley Olimpia sí aplica para este caso, porque se contempla contenidos reales o manipulados, como con inteligencia artificial, que además incluye la producción y no se limita solo a la difusión, al menos en el caso de Ciudad de México. La única excepción a este apartado se da en Puebla, que en su Código Penal solo contempla la difusión y no así la creación. Actualmente son 29 las entidades federativas que han realizado reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. Los tres Estados que no lo contemplan en sus Códigos Penales son Morelos, Nayarit y Tabasco.

“De nada nos serviría capacitar con perspectiva de género a los funcionarios encargados de aprobación de administración de Justicia si el reto principal es la inacción de las plataformas digitales. Porque la programación con la que se está haciendo las inteligencias artificiales es una extensión de la programación sistémica de una violencia cultural, política, machista, sexual, de una hipersexualización de nuestros cuerpos con una romantización de la industria de explotación sexual, hoy agravada y perpetuada a través de las tecnologías en la que, por desgracia, no se ha tenido los avances principalmente debido a un algoritmo patriarcal. A lo mejor carecemos de formación técnica digital, pero no deberíamos de carecer de humanidad para no caer en la revictimización a las mujeres”, complementa Melo.

La protesta y lo mediático del caso ha sido fundamental, según las especialistas y las mismas afectadas, para sentar un precedente, considerando que lo sucedido en el IPN es otra vulneración más de las que se han registrado recientemente relacionadas con violencia digital. Hace menos de una semana, en la Preparatoria de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), campus Santiago, al menos cuatro estudiantes fueron acusados de ejercer acoso y violencia digital en contra de diversas alumnas de esta institución. Dos de ellos fueron expulsados tras la manifestación realizada por un poco más de 50 alumnas.

El pasado año sucedió también en Yucatán, donde alumnos de la Universidad Anáhuac Mayab, en Mérida, difundían contenido íntimo de sus compañeras sin consentimiento. De igual modo utilizaban Telegram, donde un grupo nombrado “Zorritas de la UAM” estaba conformado por más de 1.000 hombres y fue denunciado a través de distintas plataformas. En el caso del IPN, tras varios días de presión de las estudiantes, esta institución dictaminó, “por unanimidad”, la baja definitiva de Diego “N”, acusado por violencia digital contra sus compañeras, mientras que el proceso legal permanece en la Fiscalía.

“Queremos vivir nuestra etapa de universitarias contando anécdotas del Poli. Queríamos vivir nuestros 18, 19, 20 y 21 años pensando solo en aprobar nuestras materias y vivir nuestra juventud, pero tuvimos que pasar dos madrugadas enteras haciendo denuncias, siete días con ansiedad, miedo por las represalias y decenas de horas siendo señaladas, además de todo lo que en este proceso falta. Pero seguimos a pesar de las horas, los ojos cansados y el corażón roto. Hoy fueron nuestras fotos editadas con inteIigencia artificial. Hoy fueron nuestros cuerpos digitalizados, manipulados, pero Ilamamos a la reflexión por las mujeres que sí han sido difundidas desde sus propias identidades y cuerpos, porque esto es violencia digital y es real”, finaliza una de las víctimas.

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