Acusado un universitario de alterar con inteligencia artificial miles de imágenes de alumnas para venderlas como pornografía

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) ha dado a conocer que se encuentra investigando la acusación contra Diego “N”, estudiante de la Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA), quien presuntamente habría tomado fotos de las redes sociales personales de sus compañeras y otras alumnas y las habría alterado con inteligencia artificial para venderlas como contenido explícito a través de Internet.

Según la información de otros colectivos que se encuentran apoyando con la denuncia a las estudiantes y que fue dada a conocer por canales oficiales, en la tableta del acusado fueron encontradas más de 20.000 fotos alteradas sin el consentimiento de las víctimas, las cuales eran difundidas y vendidas a través de grupos privados en Telegram donde se ofertaba el contenido a otros estudiantes. La Fiscalía acordó que se lleven a cabo todas las entrevistas de las víctimas, en compañía de la asesoría jurídica y psicológica, además de que la Policía Cibernética de la unidad de investigación lleve a cabo una exhaustiva revisión de imágenes que se encuentren en dispositivos móviles del investigado.

De acuerdo con la denuncia, publicada en Instagram por la Asamblea Digital de Justicia del Instituto Politécnico Nacional (IPN), casa de estudios de la cual la ESCA forma parte, ocho afectadas por este hecho presentaron su denuncia el 6 y 7 de octubre ante la Fiscalía. Es el mismo viernes 6, tras la notificación al centro de estudios, que se pone al acusado a disposición del Ministerio Público. El fin de semana permanece detenido y el lunes la Fiscalía decide no procesarlo preso y le dan la libertad, según dio a conocer una autoridad de la IPN. Las afectadas denunciaron sentirse revictimizadas por parte de las autoridades, ya que a pesar de los testimonios de las víctimas y que existía la evidencia en el dispositivo, el acusado fue puesto en libertad.

Sobre esto, se instruyó a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales otorgar de inmediato medidas de protección a las jóvenes, así como dar vista a la Unidad de Asuntos Internos, “a efecto de que se determine si existió alguna irregularidad en la atención psicológica inicial de las víctimas”, informa a través de un comunicado la FGJCDMX.

“Reclamamos la responsabilidad de las autoridades académicas de nuestro IPN y la reparación de daños con todos los recursos políticos, sociales, legales, económicos, materiales y académicos, así como en materia de salud física y mental hacia las afectadas, dada la negligencia con la que se trató a las víctimas, misma que provocó que se alterara la cadena de custodia de pruebas favoreciendo al posible agresor dentro de la investigación y afectando el debido proceso”, reza parte del comunicado publicado por Asamblea Digital de Justicia del IPN.

Por su parte, el IPN afirma que desde el momento que se hace la denuncia, se ha brindado apoyo psicológico y se ha blindado física y jurídicamente a las víctimas. La misma autoridad también dijo que se instaló una mesa de trabajo en la ESCA por si alguna otra estudiante quiere sentar una denuncia y que el Politécnico ha solicitado al director de la Escuela de Comercio que llame a un proceso interno, para determinar las responsabilidades del acusado y sus sanciones, que pueden ir desde un apercibimiento hasta la expulsión.

“De entrada el muchacho ya no es alumno del Politécnico. Perdió sus derechos mientras está sometido a esta comisión de honor. Como en todo juicio, él podrá llevar los recursos que considere a su favor, defenderse y a partir de ahí se toma una decisión”, precisa la autoridad.

Según las autoridades a cargo del caso, se acordó llevar a cabo una reunión de seguimiento a la investigación, que se realizará en las instalaciones de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y Atención a Víctimas. El mismo comunicado emitido por la Fiscalía señala que los abogados del IPN indicaron que se otorgan las medidas de protección que le corresponden al instituto.

“Demandamos el compromiso de no repetición de las acciones de negligencia por parte de todas las autoridades del IPN. Cuando se viola la intimidad sexual, no solo se afecta la privacidad y los derechos humanos de las mujeres dentro del espacio digital, sino que esta violencia sexual genera afectaciones psicológicas y físicas que impiden en muchas ocasiones el desarrollo académico, la movilidad, el libre desarrollo de la personalidad, la seguridad dentro y fuera de las aulas escolares y lo que podría atentar hasta con la vida propia”, continúa el pronunciamiento de las estudiantes que buscan se haga justicia.

Desde enero de 2020, se reformó el Código Penal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la ciudad, en lo que se ha conocido como la Ley Olimpia, para admitir como delito la difusión de imágenes de contenido sexual sin el consentimiento de la implicada. La Ley Olimpia contempla sanciones de tres a seis años de prisión para quienes realicen estas acciones.

El primer resultado de esta reforma se produjo en 2021 en Ciudad de México, con el arresto, por primera vez, de un hombre por la difusión de fotos íntimas de mujeres. La legislación se conoce popularmente por Olimpia Coral Melo, una mujer de Puebla que impulsó las reformas después de ser víctima de violencia digital. Cuando tenía 18 años, su entonces novio compartió en redes un video en el que aparecían manteniendo relaciones sexuales.

Las protestas de las estudiantes del IPN se han mantenido desde hace varios días a las afueras de las instalaciones del canal Once, medio de comunicación perteneciente al mismo instituto, donde han demandado a Arturo Reyes Sandoval, director del Instituto Politécnico Nacional, una disculpa pública para todas las mujeres, empleadas, estudiantes y todas las mujeres que hacen uso de las instalaciones del IPN.

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