Cuitláhuac García defiende la polémica detención de la jueza Sánchez en Veracruz: “Se extralimitó e incurrió en delitos”

La polémica detención de la jueza Angélica Sánchez Hernández de Veracruz ha escalado progresivamente en los últimos días. Después de arrestarla de manera abrupta en un hotel en Ciudad de México, la justicia estatal le dio este fin de semana un año de prisión preventiva a la mujer, acusada de los delitos contra la fe pública y tráfico de influencia. La Fiscalía, apoyada por el Gobierno estatal, le ha puesto en la mira después de que ordenara la liberación de un hombre señalado de homicidio. El gobernador, Cuitláhuac García (Morena), ha defendido este lunes el proceso contra la jueza, a quien acusó de corrupción y de haber falsificado datos. “Se extralimitó e incurrió en delitos”, ha dicho en conferencia de prensa. El escándalo ha generado el rechazo de miembros de la sociedad civil y líderes políticos, que reclamaron “ataques a la independencia judicial” y violaciones a los derechos humanos.

El origen del caso escala hasta Palacio Nacional. Andrés Manuel López Obrador ha sido el primero en librar una guerra contra el Poder Judicial y acusarles de irregularidades. El presidente lleva meses arremetiendo contra los principales representantes de la justicia, con la presidenta de la Suprema Corte como principal blanco de las críticas. En mayo pasado, López Obrador acusó a Piña de dar “manga ancha” a los jueces para liberar a criminales. En ese contento, el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, hizo una exposición de los casos en que los magistrados “favorecen a delincuentes” durante una conferencia de prensa la semana pasada. Allí se expuso el nombre de Sánchez, que fue la jueza de uno de los procesos que enfrentó un hombre llamado Itiel Palacios, alias El Compa Playa.

El primer caso que se le imputaba a Palacios era el asesinato del diputado local priista Juan Carlos Molina, acribillado en su propio coche en noviembre de 2019 en la localidad de Santa Rosa del Alba, en Veracruz. Por ese homicidio pasó menos de un año en prisión, y luego fue liberado gracias a un amparo. El segundo caso es el de Eneas Pérez y Leonardo Hernández, baleados en abril de 2018 en un palenque en Playa Vicente, en el mismo Estado. Por la liberación en el primer caso es que está señalada Sánchez. El otro es el que mantiene a El Compa Playa en la cárcel.

El viernes pasado se detuvo a Sánchez por segunda vez en 10 días. En la primera ocasión, el 5 de junio, la jueza aseguró que la habían torturado psicológicamente. Que le habían encerrado en una habitación y le habían cubierto la cabeza durante cinco horas. La mujer fue liberada posteriormente porque no había pruebas para mantenerla de manera preventiva en prisión. La acusación de la Fiscalía es por delitos contra la fe pública, que significa la falsificación de documentos, y por tráfico de influencias, cuando un funcionario público se aprovecha de su cargo para realizar un acto en beneficio propio o de otra persona.

Las formas en las que se realizaron las dos detenciones han despertado las críticas a lo largo y a lo ancho de México. Una veintena de asociaciones civiles jurídicas, apoyados por jueces y abogados, entre los que estaba el exministro de la Suprema Corte José Ramón Cossío, emitieron un comunicado este fin de semana para reclamar contra la detención “arbitraria” y la violación de los derechos de Sánchez, actualmente encerrada en el penal de Pacho Viejo, en Veracruz. “Las instituciones firmantes exigimos que cese la violencia institucional en su contra”, dice el documento. Además, han alertado de ataques a la independencia judicial: “La violencia contra la jueza Sánchez es una amenaza en contra de todas las personas juzgadoras del país”.

El gobernador García ha asegurado que la detención en Ciudad de México se dio porque se le notificó tres veces a la jueza que se presentara ante la justicia estatal y no respondió. “Fue detenida porque tiene carpetas abiertas que están en investigación, no más que ella se había dado a la fuga, la localizaron en Ciudad de México y allá fue detenida con una orden de aprehensión”, aseguró el pasado viernes. Además, dejó caer que la detención era una especie de respuesta por ordenar la liberación de Palacios. “Liberó al narcotraficante que se llama Compa Playa, entonces eso no puede quedar así, yo he insistido en que se tiene que investigar y que se tiene que llamar a cuentas a la jueza”, agregó. Este lunes, consultado sobre si se trataba de una venganza contra los juzgadores que no estuviera de su lado, el gobernador advirtió: “Ante un hecho de presunta corrupción de algún juez, vamos a hacerlo público para que se aclare”.

García tiene un largo historial de detenciones arbitrarias desde que asumió el Gobierno en diciembre de 2018. Este periódico relató el año pasado cómo la Fiscalía y el Ejecutivo estatales gestionaron una decena de arrestos irregulares en contra de personajes políticos en los últimos años. Entre quienes corrieron con esa suerte está el secretario técnico del Senado, José Manuel del Río; o Yolli García, excomisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Uno de los mayores denunciantes de estas causas ha sido el senador en licencia, ahora corcholata presidencial, Ricardo Monreal. Cuando la juez Sánchez fue detenida la semana pasada en Ciudad de México, asistía a una reunión con miembros de la Cámara alta. “Mi solidaridad con la jueza de Veracruz Angélica Sánchez Hernández. No estará sola, recobrará su libertad y dignidad. Abrazo a su familia”, publicó Monreal en apoyo este fin de semana.

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