La cárcel al alcance de cualquiera en Veracruz

El coche de Tito Delfín frenó la tarde del 27 de noviembre del año pasado en un retén en una carretera del norte de Veracruz. Acostumbrado a circular por el Estado, el hombre, un exdiputado local con más de 10 años en política, pensó que se trataba de un operativo rutinario. Se bajó del automóvil, se identificó y, sin mediar explicación, la policía se lo llevó preso. Su hija, Alicia Delfín, que viajaba con él ese día, asegura que nunca les dijeron de qué se trataba ni les mostraron una orden de aprehensión. “Ni un papel”. Desde entonces, quien era candidato a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional está en la cárcel.

El secretario técnico del Senado José Manuel del Río cuenta una historia similar, también de finales del año pasado. A él no le detuvieron en un retén, sino que viajaba con su esposa cuando le salió una camioneta de la nada y le cercó el coche. Eran tres hombres armados que iban sin identificación, cuenta. Pensó que se trataba de un secuestro, pero era la policía que ejecutaba una orden de arresto en su contra por estar vinculado supuestamente a un homicidio. Estuvo en la cárcel desde aquel 22 de diciembre hasta el pasado 17 de junio, cuando fue exonerado.

Al menos una decena de políticos de partidos opositores al Gobierno de Cuitláhuac García, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cayeron en prisión por aquellos días. Un puñado de casos que se suman a decenas de causas judiciales plagadas de irregularidades que ya había en el Estado, entre ellas, la detención de los tres funcionarios que estuvieron a cargo del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) hasta 2020. Una situación crítica en un Estado donde todavía hay personas detenidas por “ultraje a la autoridad”, un delito invalidado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De fraude, ultraje y otros delitos

La liberación de Del Río trajo esperanza a Tito Delfín, cuenta su hija. No lo sabían entonces, pero aquella noche que le detuvieron le achacaban delitos de incumplimiento del deber legal, abuso de autoridad y fraude. Le señalaban por haber hecho mal uso de los fondos públicos cuando era alcalde en 2011 de la ciudad de Tierra Blanca, de donde es originario. La raíz de la causa son unas plantas de tratamiento de agua que le acusan de no haber construido, explica Alicia Delfín. “Las plantas sí están, pero nunca recibieron mantenimiento”. La causa aún no se ha judicializado, asegura la mujer, porque “no tienen nada” contra él. “Además, los delitos ya prescribieron”.

Hacer campaña en uno de los países más homicidas para la política, que solo en los comicios del año pasado registró 782 agresiones contra candidatos y políticos, era un tema de debate para la familia de Delfín. “Platicamos antes de la campaña sobre lo que enfrentábamos, pero jamás nos imaginamos que esto podía pasar”, dice la hija, “ha sido muy difícil para toda la familia”. A Tito Delfín le dictaron prisión preventiva por un año y lo encerraron en el penal de Pacho Viejo. Su defensa espera ahora la respuesta a un amparo que presentaron.

Yolli García trabajó durante seis años como comisionada del pleno del IVAI. Antes de llegar al instituto, ocupó varios cargos como funcionaria pública en Veracruz y Ciudad de México, incluso fue magistrada federal por nueve años. Ahora lleva más de dos en la cárcel por los delitos de coalición, abuso de autoridad y ejercicio indebido del servicio público. Le acusan de faltas mínimas, que cada año se registran de a montón en cada dependencia pública. Le culpan de haber nombrado a dos personas en el órgano interno de control cuando no le correspondía y de faltas administrativas en el manejo del presupuesto.

Para su marido, Adán Armenta, es una “presa política”. “Nadie pensó que fueran a llegar hasta tanto estas personas. Ninguno de los delitos es grave, ¿cuál es el pretexto de tenerla privada de la libertad?”, reclama. El también abogado litigante asegura que lo que llevó a la cárcel a su esposa fue hacer bien su trabajo. Cuando García ocupaba el cargo, el IVAI hizo públicas dos informaciones que desataron el enojo del Gobierno estatal, asegura Armenta: el contrato público por una polémica compra de 160 patrullas y evidencia de un caso de nepotismo por parte de la Administración de Cuitláhuac García. “Cuando eso pasó, agentes del Gobierno le dijeron que dejara de hacer pendejadas, que se las iban a cobrar”, cuenta.

Durante su paso por la cárcel, la excomisionada del IVAI enfrentó graves problemas de salud que casi acaban con su vida, incluso fue intervenida quirúrgicamente del corazón. Ni eso le sirvió para obtener prisión domiciliaria. ”En este momento está estable, pero su vida está en peligro constante”, dice Armenta. Su familia ha llevado sin éxito el caso ante los organismos de derechos humanos nacionales y locales. Solo les queda esperar, como a Delfín, que haya algún movimiento en la causa judicial. “Estamos exigiendo que le dicten sentencia, pero no tiene elementos para fincarle responsabilidad penal”, agrega su marido, “la administración de justicia en Veracruz es una burla, debería darles vergüenza”.

La justicia se maneja a modo en esa entidad, aseguraba a este periódico el secretario técnico del Senado, que pudo salir de prisión solo cuando su caso llegó a un tribunal federal. “Si en Veracruz afectas al gobernador Cuitláhuac García, te mete a la cárcel”, dijo en entrevista Del Río. En prisión, asegura, conoció decenas de casos de personas encarceladas injustamente. Una de ellas era una mujer que insultó a unos policías que ensuciaron las sábanas que acababa de colgar en su patio y le acusaron del delito de ultraje a la autoridad. Ahora Del Río forma parte de un grupo de políticos que asesoran a la mujer para salir del penal de Pacho Viejo.

Veracruz es el único Estado que tiene vigente el delito de ultraje a la autoridad. Tras una larga polémica, la Suprema Corte lo invalidó en febrero de este año y pidió la liberación de todos los presos bajo ese delito, cuya cifra se desconoce. “Esta norma es inconstitucional por violación a la libertad de expresión”, dijo el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Corte. Cinco meses después, la medida todavía no se concreta en el Estado. La oposición, que armó el Movimiento por la justicia, cifra esos detenidos en más de 2.000. El Gobierno estatal prefiere no hablar del tema.

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