Se llamaban Debanhi Escobar, Michelle Nicolich, Francesca Flores, Susana Cáceres, María Belén Bernal, Adriana Pinzón, Luz María López y Blanca Arellano. Son solo algunos de los decenas de miles de casos que han puesto rostro este año a la pandemia en la sombra de los feminicidios, uno de los males endémicos de América Latina, y por el que este viernes marcharán mujeres en toda la región.

El asesinato de mujeres por su género es la máxima expresión de la violencia machista por la que cada año se pierden decenas de miles de vidas en la región. Es imposible saber cuántas exactamente porque solo algunos casos son contabilizados como feminicidios. De todas las muertes violentas de mujeres, solo entre el 30% y el 35% son clasificadas como feminicidios por las autoridades, de acuerdo con el Observatorio Nacional del Feminicidio de México, una tendencia que se replica en otros países. Según un informe recién publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2021 al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 29 países de Latinoamérica. Un incremento del 9,36% respecto al año pasado.

Lo que sí que se sabe es que la violencia de género tiene sus propias reglas comunes en toda la región: sucede de forma sistemática y persistente desde la intimidad de los hogares hasta los espacios públicos; se apuntala en la desigualdad y se alimenta de los prejuicios machistas aceptados en las sociedades y la impunidad. Tampoco conoce de fronteras, edades, nacionalidades ni clases sociales.

La ausencia de las mujeres asesinadas deja un vacío en sus familias, amigos y comunidades difícil de reparar que cobra fuerza cada 25 de noviembre, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, una jornada de duelo e indignación que saca a la sociedad a las calles para exigir justicia y una vida libre de violencias. De México a Argentina, pasando por Guatemala, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile y Perú, estos son algunos de los casos de feminicidio que han conmocionado a América Latina y lo que revelan de la situación en cada nación.

El ‘caso Debanhi’ y las autoridades que responsabilizan a las mujeres de sus propias muertes

El 9 de abril de 2022 Debanhi Escobar desapareció en una carretera de Monterrey, frente al motel Nueva Castilla, en el Estado de Nuevo León. Tras dos semanas de intensa búsqueda, el cuerpo de la joven fue encontrado dentro de una de las cisternas del establecimiento. La Fiscalía del Estado sugirió en una primera versión de los hechos que la joven se había caído en el tanque de agua, lo que desató la indignación de la familia, la sociedad y los colectivos feministas.

Resultaba insultante que las autoridades hicieran responsable a la joven de su propia muerte, una estrategia popular a la que recurren muchas fiscalías para tratar de resolver las muertes violentas de mujeres. Siete meses después del feminicidio, todavía no hay una sola persona detenida. Los padres desesperados encargaron una segunda autopsia que reveló que la joven fue asesinada y abusada sexualmente. Después de la incompetencia que mostraron las autoridades locales y la revictimización de la joven y su familia, la muerte está siendo investigada por la Fiscalía General de la República sin ningún avance hasta la fecha. El silencio después de tantos meses provocó la caída del fiscal del Estado de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero.

El caso de Debanhi Escobar se ha convertido este año en un símbolo de la violencia machista en México, donde cada día son asesinadas 11 mujeres y el 95% de los delitos no se resuelve. De las casi 4.000 muertes violentas de mujeres que hubo en el país durante 2021, según datos oficiales, solo alrededor de 1.000 fueron investigadas como un delito de feminicidio. Menos del 2% de estos casos acabarán ante un juez, según las estadísticas.

Brasil y los crímenes mediáticos como el de Michelle Nicolich

Brasil tiene una famosa y ambiciosa ley para combatir la violencia contra las mujeres, la ley Maria da Penha, pero la inmensa mayoría de los feminicidios son todavía poco más que una pequeña noticia local. Raro es el caso que se convierte en asunto nacional. El debate gira más bien en torno a impersonales estadísticas y normas. Y, cuando tienen eco más allá de la nota policial, suele ser porque los protagonistas eran famosos o porque el crimen fue grabado por una cámara de seguridad. Es el caso de Michelle Nicolich, de 37 años, asesinada a tiros por su exmarido en São Paulo el pasado septiembre tras recoger a sus hijos de la guardería. El agresor y padre de los críos también mató al pequeño, de un año.

Que el crimen ocurriera en una reñida campaña electoral y que el agresor fuera coleccionista de armas —colectivo mimado por el Gobierno Bolsonaro— alimentó el debate público sobre el espectacular incremento de pistolas y fusiles en manos de civiles. Luego hubo un típico giro brasileño: el asesino tenía un Lula tatuado.

El año pasado, 1.341 brasileñas fueron asesinadas por ser mujeres en este país de 210 millones de habitantes. La cifra recopilada por el Anuario del Forum Brasileño de Seguridad Pública supone una caída mínima tras años de curva ascendente. El balance de esta ONG permite vislumbrar la disparidad regional con la que se aborda la violencia contra las mujeres. Un tercio de los asesinatos de brasileñas son tipificados como feminicidio a nivel nacional, pero oscila entre el 58% del Distrito Federal al 9% en el Estado de Ceará.

Franchesca Flores, asesinada a manos de su pareja en Chile

En Chile se registran 45 feminicidios este 2022 y cuatro suicidios feministas ―mujeres que tras denunciar múltiples violencias y no recibir apoyo de las autoridades, acaban por quitarse la vida― de acuerdo a la contabilización exhaustiva que lleva la Red chilena contra la violencia hacia las mujeres. Las víctimas tenían distintas edades, desde los 17 a los 63 años. Como en Chile se ha registrado en los últimos años un fuerte aumento de la migración, entre las asesinadas hay varias extranjeras, provenientes de Colombia, Bolivia o Venezuela. Los feminicidios se producen en todos los contextos: dentro del matrimonio y perpetrado por desconocidos. No distingue nivel socioeconómico y sucede en las grandes ciudades y en las pequeñas localidades. Como Frutono, un hermoso pueblo a un costado del lago Ranco, en el sur de Chile, donde el 1 de septiembre ocurrió un hecho monstruoso: Franchesca Flores Raillanca, de 40 años, que había dado a luz hacía menos de dos semanas a un niño, fue asesinada por su pareja de 23 años, policía. El hombre la mató frente a la criatura, de acuerdo a los relatos de los familiares y a los hechos expuestos por la Fiscalía. El cuerpo de Franchesca fue encontrado por su hijo mayor, un adolescente.

“Existe una mayor conciencia respecto de la violencia hacia las mujeres, el feminicidio se ha tipificado en la ley y hoy se habla de los asesinatos de mujeres por razones de género, pero las cifras se mantienen estables y esta situación nos alerta. Por lo tanto, no se puede seguir haciendo lo mismo”, explica Lorena Astudillo, feminista e integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, la organización independiente que instaló el concepto de feminicidio en el país hasta más de dos décadas. En Chile, el feminicidio es castigado hasta con cadena perpetua y ya no solo en contextos de matrimonio, como ocurría hasta hace algunos años. “Pero la institucionalidad sigue insistiendo en castigar, cuando se hace necesario apuntar a la promoción de una vida libre de violencia. La raíz del problema es el machismo y las prácticas culturales que lo sostiene”, dice Astudillo desde Chile, un país que en 2018 tuvo una gran ola feminista y cuyo Gobierno actual, el del izquierdista Gabriel Boric, se declara feminista.

Susana Cáceres, el último feminicidio que ha conmocionado a Argentina

Casi la mitad de las mujeres de Argentina ha sufrido una o más formas de violencia por parte de alguna de sus parejas: física, psicológica, sexual, y/o económica. Es el dato que arroja la primera Encuesta de prevalencia de violencia contra las mujeres publicada esta semana en el país sudamericano. Da cuenta de lo extendida que está y lo difícil que resulta erradicarla pese a los esfuerzos de los últimos años.

El feminicidio persiste sin grandes cambios desde la gran movilización social nacida en 2015 con el movimiento Ni Una Menos. En la última década, el total de mujeres asesinadas nunca ha descendido de 250. En 2021 hubo 251 feminicidios, uno cada 35 horas en promedio, según el registro de la Corte Suprema de Justicia. En el 88% de los casos, la víctima conocía al feminicida, y en el 39% convivía con él. Seis de cada diez eran su pareja o expareja.

“No cambió casi nada. Muchos hombres siguen sin entender que no es no”, asegura Adriana Herbas, prima de Susana Cáceres, quien apareció asesinada el pasado 18 de noviembre al borde de una carretera después de diez días de búsqueda. Cáceres, de 42 años y madre de cuatro hijos —la más pequeña una bebé de año y medio— sufrió una muerte muy violenta. Su cuerpo presentaba numerosos cortes, un traumatismo craneal, hematomas en el rostro y la zona cervical y signos de abuso sexual. “El acusado había sido denunciado por violencia de género y abuso sexual. Si la justicia hubiera actuado, esto no habría pasado”, lamenta Herbas al hablar sobre el último feminicidio que ha conmocionado a Argentina.

El año más sangriento de Ecuador y la muerte de María Belén Bernal

La última vez que se vio a María Belén Bernal, una abogada de 34 años, fue en la Escuela de Policía, ubicada al norte de Quito, la capital de Ecuador. Era pasada la medianoche del domingo 11 de septiembre, entró en su carro a ver a su esposo el teniente Germán Cáceres y no volvió a salir.

Fueron 10 días de búsqueda en los alrededores de la escuela de formación de policías, rodeada de quebradas, canteras y basurales donde caminó Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, para hallar el cuerpo de su hija. Una búsqueda tortuosa bajo una sombra de dudas que hasta la actualidad envuelve el caso de Bernal en el que se investiga a altos oficiales de la Policía Nacional de Ecuador por su actuación en la infracción de protocolos de ingreso de una civil al recinto policial, la búsqueda del cuerpo y permitir la huida de Cáceres, quien tuvo tiempo para dejar el cuerpo de María Belén entre matorrales, regresar a la escuela y jugar un partido de fútbol.

El caso de Bernal estremeció aún más la cifra de femicidios y muertes violentas por razón de género en Ecuador en su año más violento contra las mujeres: 345 entre enero y noviembre de 2022. En promedio, una mujer es asesinada cada día en el país sudamericano. Del total de ecuatorianas asesinadas, 70 han sido procesadas por la justicia como femicidios y 275 como otras muertes violentas; es decir, asesinatos, homicidios, sicariato y violación con muerte, según datos del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ).

Los femicidios y muertes violentas contra mujeres son los más altos desde que Ecuador empezó a registrarlos oficialmente en 2014, que desde entonces ya son 1.639, de los cuales solo el 42% de los casos ha recibido algún tipo de sentencia, los demás reposan en investigación o en juicios que no pueden continuar porque los femicidas han huido antes de ser procesados, como el caso de María Belén Bernal, que el teniente Germán Cáceres, aún no es hallado por la Policía.

La colombiana Adriana Pinzón: no fue homicidio fue feminicidio

Las mujeres en Colombia se toman las calles este 25N para recordar que ese espacio también es de ellas y para exigir justicia por los crímenes de los que son víctimas en la vía pública, pero también por los que ocurren de forma más silenciosa y solapada dentro de las casas.

La Fiscalía ha registrado 180 feminicidios durante este año, pero los colectivos feministas manejan cifras que doblan la oficial. Según el colectivo feminista Casa de la Mujer, han sido al menos 500 en este 2022. Colombia, a pesar de tener, desde 2015, una ley que contempla el femicinidio como delito autónomo, no ha logrado que en la práctica el género sea valorado como un factor clave en las investigaciones por asesinatos de mujeres. A muchos victimarios todavía los siguen acusando de homicidio simple y no por el delito de feminicidio, que tiene penas de entre 45 y 60 años sin posibilidad de rebaja. A Jonathan Torres, el asesino confeso de Adriana Pinzón, lo condenaron a 28 años de prisión por homicidio. La familia de la víctima, que también es su familia, reclama justicia y pide que la pena sea mayor.

Torres era cuñado de Adriana y según una de sus versiones, que fue tomada en cuenta por la Fiscalía, la mató porque quería robarla. Adriana, de 42 años, fue asesinada en su casa y su cuerpo fue arrojado a una vía, donde difícilmente la encontrarían. Gracias a una grabación de cámaras de seguridad, se supo que el pasado 7 de julio, el novio de su hermana había entrado a su vivienda. Después de cinco horas adentro, salió cargado de bolsas plásticas y un palo. Adriana fue reportada como desaparecida y casi un mes después fue encontrada descuartizada dentro de cuatro plásticos negros en una zanja de una vía de Zipaquirá, en el centro del país. Según la Fiscalía, la mujer fue apuñalada y murió asfixiada.

50 años para el asesino de Luz María López, la rara excepción de Guatemala

El feminicidio de Luz María López, una investigadora criminalística del Ministerio Público asesinada por su esposo, fue uno de los 652 crímenes violentos de mujeres registrados en Guatemala en 2021 y quizás el que más conmoción generó ese año en ese país centroamericano, la región con las tasas más altas de asesinatos de mujeres por motivos de género de América Latina. El cuerpo de la joven de 25 años, madre de una niña que en aquel momento tenía un año y nueve meses, fue hallado el 22 de enero del año pasado con signos de tortura en una alcantarilla cercana a su oficina dos días después de su desaparición.

Su caso se acaba de convertir también en una rara excepción y en un ejemplo de que, si hay voluntad, se puede combatir la impunidad que suele marcar los casos de feminicidio. El que fuera su esposo, Jorge Zea, fue condenado el mes pasado por un tribunal a 50 años de prisión por su asesinato, la pena máxima contemplada en ese país. Los jueces tuvieron en cuenta la saña con la que actuó el asesino, que estranguló y quemó a su pareja delante de su hija pequeña.

Pero la realidad para la mayoría de las víctimas de feminicidios es muy diferente en una región en la que, en muchos casos, ni siquiera se conocen los nombres de las mujeres asesinadas. Así lo denuncia Karla Campos, abogada de Pamela Molina, otra mujer “de escasos recursos” de 26 años asesinada solo un mes antes que López y que aún espera justicia. “Este 5 de diciembre se cumplen dos años de que ella desapareció y el Ministerio Público no tiene absolutamente nada. No ha investigado y la familia continúa buscando justicia (...) Ha sido un viacrucis”, relata. Según un informe del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), una fundación en la que trabaja Campos que hace un recuento mensual con datos oficiales, en 2022 ya son 568 las mujeres que han sido víctimas de asesinatos violentos, lo que supone un aumento respecto a los dos años anteriores. Además, 47.687 mujeres han denunciado algún tipo de violencia en su contraen razón a su género y 6.762 de violación en lo que va de año.

Blanca Arellano, una mexicana víctima de un feminicidio brutal en Perú

Blanca Arellano, una mujer mexicana de 51 años, fue asesinada en Lima por un hombre al que conoció a través de una plataforma de videojuegos. La mujer viajó hasta Perú hace unas semanas para conocer al gamer con el que había compartido conversaciones en línea mientras jugaban.

Pero Juan Pablo Villafuerte, un estudiante de Medicina catorce años menor que ella, no tenía las mismas intenciones. El hombre está ahora detenido acusado de feminicidio y de tráfico de órganos en un país donde cada día 380 mujeres denuncian ser víctimas de violencia familiar y sexual. El cuerpo desmembrado de Arellano fue localizado en una playa sin rostro, huellas dactilares ni órganos, flotando en el mar a principios de noviembre. La familia de Blanca Arellano pudo reconocer su cuerpo por lo único que no pudieron arrebatarle: un anillo atlante.

Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero de 2017 y octubre de 2022, 651 peruanas y 23 extranjeras murieron por el simple hecho de ser mujeres en Perú, a manos de sus parejas o exparejas. De acuerdo al Instituto Nacional Penitenciario, alrededor de 2.105 personas purgan condena en las cárceles peruanas por delitos vinculados a la violencia machista. Pero a menudo no se hace justicia: solo el 1% de las denuncias por feminicidio alcanza una sentencia en el mismo año de la denuncia y las organizaciones feministas exigen que instituciones como la Policía Nacional y la Fiscalía incorporen en sus investigaciones la perspectiva de género.

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