Las 47 desapariciones que sembraron el terror en el verano de Nayarit

Entre junio y septiembre de 2017, 39 hombres y 8 mujeres de Tepic (Nayarit) desaparecieron. Trabajaban como mecánicos, albañiles, también como carpinteros y soldadores. El más joven tenía 23 años, el mayor, 53. Durante esos meses de verano, hombres con uniformes y armas de la Fiscalía estatal irrumpieron en sus hogares y en sus lugares de trabajo, mientras paseaban por la calle, y se los llevaron en vehículos que correspondían al brazo de investigación del Gobierno, según revela un informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), presentado este martes. La organización ha documentado los 47 casos y acusa a la Fiscalía de Nayarit de crímenes de lesa humanidad. En los años siguientes, los cuerpos de 25 de los desaparecidos se encontraron en fosas comunes. Al resto, todavía los buscan sus familias.

“Durante cuatro meses se cometió un ataque sistemático y organizado contra una parte de la población civil. Los casos se llevaron a cabo de una forma muy similar: con secuestros, carros, trajes y armas de la fuerza pública”, explica por teléfono a EL PAÍS Jimena Reyes, directora de FIDH para América. La organización ha documentado más de 70 casos de desapariciones forzosas, y en estos 47 ha encontrado pruebas contundentes de la participación de la Fiscalía de Nayarit. Con estos datos ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que abra un examen preliminar en México e investigue los crímenes.

“A mí me desaparecieron a mi hermano en julio de 2017. Me mandaron a la Fiscalía: ‘Vaya, ahí lo van a tener’. Pero recibí un rotundo no, en la Fiscalía se rieron de mí, me victimizaron, le colocaron etiquetas a mi hermano... Para nosotros lo más importante era su vida”, ha contado este martes una mujer de Nayarit en una intervención por videoconferencia sin nombre ni imagen para proteger su seguridad. Las historias siguientes se igualan y complementan: los familiares de desaparecidos se unieron para tratar de presionar a la Fiscalía a investigar los crímenes, hicieron marchas y se reunieron con altos funcionarios. No consiguieron nada. “Se llevaron a nuestros hijos y en la Fiscalía del Estado nos han tratado como basura. Se han reído de nosotros. Pero no nos van a quitar la dignidad, nuestra prioridad es que se les haga justicia”, ha relatado otra mujer.

Enclavado en el Pacífico mexicano, Nayarit fue gobernado entre 2011 y 2017 por Roberto Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien el pasado 6 de junio fue arrestado por corrupción tras estar prófugo de la justicia. Bajo la Administración de Sandoval, el fiscal de este pequeño Estado de 1,2 millones de habitantes, fue Édgar Veytia, condenado en 2019 a 20 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico.

El informe elaborado por la FIDH establece que ambos funcionarios públicos crearon una estructura criminal en el seno del Gobierno. Extorsionaron, despojaron de sus propiedades, torturaron y desaparecieron a ciudadanos. Además, a cambio de sobornos, se pusieron a disposición de cárteles como los Zetas, entonces brazo armado del Cártel del Golfo, los Beltrán Leyva (y su célula nayarita, los Hs) o el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). En algunos momentos trabajaron con más de un grupo a la vez. “Transformaron a Nayarit en un centro de operación para la elaboración de drogas sintéticas y el tráfico de las mismas”, se lee en el documento de la FIDH.

En marzo de 2017 el fiscal Veytia, conocido como La Bestia, fue arrestado en San Diego (California). Unos meses más tarde, el 5 de junio, Sandoval perdió las elecciones estatales. En ese contexto de transición hacia un nuevo equipo de gestión de Nayarit se enmarcan las 47 desapariciones forzosas. “La principal hipótesis es que se pierden las elecciones y comienza un reacomodo de las fuerzas. Hay una voluntad de aterrorizar a la población, de mantener el control territorial sobre la criminalidad y el narcotráfico”, apunta la directora de FIDH.

El informe de la organización asegura que las desapariciones se llevan a cabo con elementos y recursos del Estado: “Si bien el exfiscal Edgar Veytia se encontraba detenido en Estados Unidos, la estructura criminal de la Fiscalía General de Nayarit, consolidada durante los seis años precedentes, continúa operando y llevando a cabo los crímenes, los cuales se intensifican durante los últimos meses del mandato de Sandoval”.

La FIDH identificaba 26 hechos entre el 12 de junio y el 23 de septiembre. La mayoría (22) ocurrieron en Tepic, la capital del Estado, pero otros fueron en pueblos colindantes como Francisco Madero, Santiago Ixcuintla y San Blas.

El 17 de junio de 2017, seis sujetos encapuchados, que venían en dos camionetas de la Fiscalía de Nayarit, una negra y otra blanca, se llevaron a punta de pistola a un hombre de Tepic. Su cuerpo fue encontrado en una fosa clandestina en Xalisco en enero de 2018, junto a otros 17 individuos. El 23 de septiembre, un hombre y dos mujeres fueron llevados a un centro de detención, cuya ubicación exacta se desconoce. Ellas fueron golpeadas y violadas. No se ha vuelto a tener noticias de ninguno de los tres.

En estos cuatro años, se han logrado algunos avances: la ONU ha urgido al Gobierno a investigar estas desapariciones y la Fiscalía General de la República (FGR) ha ido a Nayarit y ha llevado algunos de los casos a nivel federal. Sin embargo, un gran número de las familias sigue sin saber nada de sus desaparecidos. “Nos volvemos a sentir tan perdidos como el día que se los llevaron. La FGR nos trata con educación, pero eso ya no nos interesa”.

Además, Jimena Reyes explica que en este tiempo algunos defensores han sido hostigados e incluso uno de los miembros del comité de búsqueda, Santiago Pérez Becerra, cuyo hijo está desaparecido, ha sido encarcelado. El secretario de Seguridad Pública en 2018, Javier Herrera Valles, reconoció que todavía había personas de aquella época infiltradas en la Fiscalía. “Pensamos que la estructura criminal no está con la fuerza que tenía en 2017, pero hay hechos como el de Santiago y que siguen personas infiltradas. Instamos a que se haga una depuración”, apunta la directora de la FIDH.

Mientras, continúa la lucha incansable de las familias. “Soy madre de una persona desaparecida. Mi hijo tenía tan solo tres meses que había llegado Nayarit, con el sueño de estudiar gastronomía”, narra este martes una mujer, “me quedé en Tepic para buscar a mi hijo y perdí mi trabajo, pero sigo luchando por la justicia”.

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